Dependencia: responsabilidades p¨²blicas y privadas

En las reflexiones sobre el futuro de una sociedad con mayor proporci¨®n de ancianos son habituales las predicciones tremendistas que cultivan una incertidumbre creciente. Abundar m¨¢s en este ¨¦nfasis seguramente no nos conducir¨¢ a ninguna parte. Es precisamente el an¨¢lisis de cu¨¢les son o deber¨ªan ser las respuestas individuales y sociales ante el envejecimiento y la dependencia lo que debe preocupar.

Entendemos por dependencia la incapacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria de forma aut¨®noma (comer, vestirse, ducharse, etc¨¦tera). Las formas de solucionar esta p¨¦rdida de autonom¨ªa son m¨²ltiples. La preocupaci¨®n actual reside en que los cambios sociales acent¨²an precisamente la necesidad de organizar colectivamente lo que antes era reservado al ¨¢mbito familiar. No toda persona mayor ser¨¢ dependiente, pero cuando envejecemos aparece un riesgo de p¨¦rdida de autonom¨ªa que debemos contemplar y tratar de cubrir. Este riesgo ha existido siempre, pero su magnitud ha cambiado, fruto de la longevidad.

'No podemos dejar totalmente al mercado ni al Estado el problema de la dependencia'

- P¨²blico y privado. El sector p¨²blico ha desarrollado una red de residencias, ha establecido ayudas domiciliarias y asimismo contrata con el sector privado. La magnitud precisa del gasto p¨²blico en este ¨¢mbito resulta dif¨ªcil de conocer con precisi¨®n en la medida en que se halla repartido en distintos organismos. El sector privado, por su parte, ha desarrollado m¨²ltiples iniciativas empresariales para la atenci¨®n residencial y domiciliaria.

Cerca del 75% de las plazas residenciales son en la actualidad privadas y una quinta parte de las residencias privadas tiene alg¨²n tipo de concierto con la Administraci¨®n p¨²blica. Los expertos coinciden en se?alar que se trata de un sector atomizado, con una dimensi¨®n inadecuada para aprovechar las econom¨ªas de escala, y en el que se producir¨¢ una necesaria reconversi¨®n. Adem¨¢s, el problema no es tan s¨®lo de tama?o ¨®ptimo, sino tambi¨¦n de calidad, lo que resulta mucho m¨¢s complejo de resolver. Nos encontramos, de hecho, ante un sector que requiere una profunda regulaci¨®n de la calidad en la medida en que el consumidor no dispone de informaci¨®n y los mecanismos competitivos por s¨ª solos no consiguen el nivel adecuado de calidad.

Existen, pues, m¨²ltiples iniciativas p¨²blicas y privadas para atender a la dependencia. Pero conviene resaltar dos cuestiones: son, y ser¨¢n cada vez m¨¢s, insuficientes y requieren una reforma. Ante toda necesidad humana colectiva aparece efectivamente una demanda que la oferta intenta satisfacer. Sin embargo, la forma como se ha estructurado el dispositivo de atenci¨®n a la dependencia responde a una suma de iniciativas espont¨¢neas, sin, a nuestro entender, un marco regulatorio adecuado.

- Financiaci¨®n de la dependencia. En la medida en que tenemos un riesgo de ser dependientes en una edad avanzada, un ciudadano que atendiera a criterios de racionalidad econ¨®mica desear¨ªa tener una cobertura aseguradora. Por otra parte, no podemos confiar en nuestros ahorros para resolver la dependencia, porque el coste resultar¨ªa excesivo. As¨ª, por ejemplo, la estimaci¨®n realizada por el American Council of Life Insurers se?alaba que se necesita un ahorro anual de 3.557 d¨®lares (unas 670.000 pesetas) desde los 45 a?os para acumular una financiaci¨®n que cubriera los costes asociados con la dependencia, mientras que una prima de seguro para una prestaci¨®n equivalente anual implicar¨ªa tan s¨®lo 417 d¨®lares (80.000 pesetas).

Mientras que todos necesitaremos de una pensi¨®n para nuestra jubilaci¨®n, no todos incurriremos en gastos por atenci¨®n a la dependencia. Estamos, por tanto, ante un problema de seguro, y no de ahorro. No podemos, en consecuencia, considerar el problema de la financiaci¨®n de la dependencia como una extensi¨®n del problema de las pensiones, ya que se trata de dos hechos de naturaleza distinta. Si se trata de un problema de seguro, ?hay motivos para dejar que el mercado resuelva esta necesidad? ?O, por otra parte, es un seguro social la soluci¨®n?

Lo que sabemos es que, pese a que hay una experiencia dilatada en aseguramiento de la dependencia en algunos mercados, el volumen de contrataci¨®n resulta insignificante. Por ejemplo, menos del 6% de la poblaci¨®n estadounidense dispone de una p¨®liza de seguro de dependencia privada, la edad media de los asegurados es de 67 a?os y s¨®lo un tercio de los asegurados tiene menos de 65 a?os. ?Por qu¨¦? Algunos argumentos trazados por la literatura econ¨®mica son los siguientes: 1) los individuos conocen mejor sus caracter¨ªsticas que la aseguradora y aprovechan estas ventajas informativas a su favor en el momento de la contrataci¨®n; 2) deseo de dejar una herencia, porque motiva la atenci¨®n de familiares y evita su institucionalizaci¨®n, y 3) desplazamiento del seguro privado por la asistencia sanitaria p¨²blica. En cualquier caso, la percepci¨®n del riesgo como lejano es lo que disuade la contrataci¨®n.

Sabemos tambi¨¦n qu¨¦ sucede en determinados entornos cuando el Estado dise?a un mecanismo de seguro social para cubrir la dependencia. El caso alem¨¢n es paradigm¨¢tico. En el a?o 1995 empieza la cobertura efectiva mediante un seguro de dependencia de la Seguridad Social que supone una contribuci¨®n del 1,7% del salario. Cinco a?os despu¨¦s, el sistema se encuentra con d¨¦ficit, los gastos por atenci¨®n a la dependencia son superiores a los ingresos. Y lo que es m¨¢s preocupante, el debate se traslada a c¨®mo un aumento de las contribuciones para resolver este d¨¦ficit da?ar¨ªa seriamente la competitividad.

En resumen, no podemos dejar totalmente al mercado ni al Estado el problema de la dependencia. Conviene establecer mecanismos que impliquen responsabilidad individual y familiar, y al mismo tiempo intervenci¨®n del Gobierno.

Antes de establecer cualquier propuesta de futuro es conveniente fijar los criterios. Y fundamentalmente acaban siendo dos: eficiencia y equidad. Necesitamos que exista eficiencia en la cobertura del riesgo y en la prestaci¨®n del servicio, y deseamos que los ciudadanos tengan la misma oportunidad de acceso ante la misma necesidad.

En la medida en que todos los ciudadanos accedieran a una cobertura universal para todo tipo de dependencia, similar a la existente para la sanidad, reproducir¨ªamos los problemas del sistema sanitario que amenazan su sostenibilidad: burocratismo (falta de elecci¨®n) e ineficiencia por exceso de consumo.

En definitiva, necesitamos un sistema que facilite una amplia cobertura, pero que al tiempo incorpore la responsabilidad individual en la financiaci¨®n. En este terreno resulta posible establecer mecanismos como cheques o vales que supongan un incentivo a la contrataci¨®n privada de seguros de dependencia. Esto implica financiaci¨®n p¨²blica parcial, pero nuestra propuesta permitir¨ªa que se destinase de forma inversamente proporcional al nivel de renta, sin sustituir totalmente la financiaci¨®n privada.

Para que esto sea efectivo es fundamental una revisi¨®n de cu¨¢l es el papel del Estado. La funci¨®n reguladora es la clave. Es necesario regular la calidad, el acceso y el nivel de competencia necesario en el sector. Y al mismo tiempo es conveniente una profunda reforma de los dispositivos de provisi¨®n p¨²blicos para adecuarlos a una realidad con dos niveles diferentes: el de la cobertura del riesgo y el de la provisi¨®n.

La capacidad de la sociedad y de las instituciones para afrontar los grandes retos necesita demostrarse en estos momentos ante la realidad del envejecimiento y la dependencia. No dilatemos la soluci¨®n, pero tampoco nos precipitemos con una salida f¨¢cil que lleve a un callej¨®n.

Pere Ibern y G. L¨®pez-Casasnovas, de la Universitat Pompeu Fabra.