Jueces y fiscales denuncian que la tortura sigue siendo habitual en Argentina

La difusi¨®n del documento deteriora todav¨ªa m¨¢s la maltrecha imagen de la polic¨ªa, sobre la que abundan noticias negativas. La ¨²ltima es la dura sentencia dictada el jueves contra siete integrantes de la disuelta banda de los ex comisarios. Tres de ellos fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro en 1992 del actual presidente del club de f¨²tbol Boca Juniors, Mauricio Macri. Dict¨® la sentencia el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, uno de los firmantes de la declaraci¨®n contra la tortura.

Tambi¨¦n rubrica el documento Gabriel Cavallo, titular del Juzgado Federal n¨²mero 4, responsable de una de las decisiones m¨¢s trascendentales desde el fin de la dictadura: la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exoneraron a m¨¢s de 1.000 militares implicados en graves violaciones de derechos humanos.

La declaraci¨®n de los jueces se basa en gran medida en una investigaci¨®n de 11 meses del defensor de Casaci¨®n de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, que da cuenta de 602 casos rese?ados de torturas en comisar¨ªas y c¨¢rceles entre marzo de 2000 y junio pasado. En la mayor¨ªa de casos, los malos tratos consisten en pu?etazos y patadas en varias zonas del cuerpo; golpes con bastones; amenazas (en algunos casos, con arma de fuego). Tambi¨¦n se han registrado casos de aplicaci¨®n de picana (corriente el¨¦ctrica), que era una tortura habitual durante la dictadura, y submarino seco (asfixia con una bolsa de pl¨¢stico).

Coriolano recuerda que los represores que en 1976 (a?o del golpe militar que dio paso a la dictadura) ten¨ªan entre 20 y 30 a?os hoy superan los 40 y ocupan cargos intermedios en instituciones como la polic¨ªa o el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. En marzo de 2000 entr¨® en funcionamiento un banco de datos organizado por la Defensor¨ªa de Casaci¨®n provincial, con el fin de medir los casos de malos tratos y compararlos con a?os anteriores. El peronista Carlos Ruckauf, adalid de la mano dura para combatir el delito, lleg¨® a gobernador a finales de 1999. 'Pronto empezamos a ver que en las comisar¨ªas se pegaba m¨¢s, a pesar de que muchas denuncias de tortura no llegan al defensor provincial, bien porque se presentan en la fiscal¨ªa o simplemente no se ejecutan por miedo a represalias', explica Coriolano.

El informe denuncia el hacinamiento como fuente de conflictos: 'En la actualidad, las condiciones de detenci¨®n en comisar¨ªas se han visto agravadas de manera legalmente insostenible: a mediados del mes de noviembre de 1999, hab¨ªa 2.100 presos alojados en comisar¨ªas, mientras que en la actualidad -informaci¨®n obtenida del ministerio de Seguridad con fecha 16 de abril de 2001- las comisar¨ªas alojan a 5.797 personas. Tal superpoblaci¨®n es constitutiva de penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes'.

Casi todas las comisar¨ªas se encuentran alojando m¨¢s de tres veces su capacidad. V¨ªctor Abramovich, director ejecutivo de Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), se?ala que su organizaci¨®n viene denunciando en sus informes anuales la sobrepoblaci¨®n carcelaria, 'pero las autoridades han hecho o¨ªdos sordos'. 'Los agentes tienen que encargarse de vigilar a los detenidos en vez de salir a la calle para combatir la delincuencia', a?ade Abramovich, que concluye que la denuncia 'muestra el fracaso de la pol¨ªtica del Gobierno de la provincia'.

El varapalo de la declaraci¨®n de los jueces no se limita al poder Ejecutivo sino que tambi¨¦n alcanza al propio poder judicial que, 'con pocas excepciones, no aplica las normas penales destinadas a evitar y sancionar la tortura'. Los firmantes del documento proponen, entre otras alternativas, una polic¨ªa judicial con nuevos cuadros y un nuevo esp¨ªritu democr¨¢tico, que dependa s¨®lo del poder judicial y la depuraci¨®n administrativa de los cuadros policiales y penitenciarios.