Los afectados reclaman la lista de 'clientes especiales'

Abogados de los clientes estafados por Gescartera aseguraron ayer que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores a¨²n no ha remitido a la Audiencia Nacional la 'lista de los 40 clientes especiales' que tanto el principal imputado, Antonio Camacho, como dos de los empleados que han declarado como testigos mantienen que exist¨ªa en la agencia de valores intervenida. Seg¨²n estas fuentes, la juez Teresa Palacios reclam¨® a los interventores que entregaran puntualmente a la Audiencia cualquier informaci¨®n 'relevante' y, hasta ahora, s¨®lo se ha incorporado al sumario un listado de unos 2.000 clientes, entre los que no est¨¢n esos 'clientes especiales' de los que habla Camacho.

La CNMV responde que los interventores han ido entregando sucesivos listados de clientes cada vez que ten¨ªan acceso a ellos, pero declina detallar si entre ellos est¨¢n los 'clientes especiales' de Gescartera. Hacienda, entretanto, mantiene que la Agencia Tributaria est¨¢ analizando toda la documentaci¨®n, pero no puede detallar a qu¨¦ tipo de clientes corresponde.

Implicar al Estado

Por otra parte, las defensas y acusaciones del caso Gescartera se han marcado como estrategia judicial com¨²n intentar implicar al Estado en la sentencia que dicte la Audiencia Nacional por esta causa, como la forma m¨¢s pr¨¢ctica y segura de que los afectados recuperen sus inversiones. No obstante, fuentes consultadas por Efe explicaron que para lograr este objetivo es necesario, al menos, que aparezca como inculpado alg¨²n funcionario del Estado, entre los que no se incluye el personal o altos cargos de la CNMV por ser un organismo aut¨®nomo.

La negligencia de alg¨²n trabajador del Estado es imprescindible para que las arcas p¨²blicas sean consideradas responsables civiles subsidiarias, como ocurri¨® en el caso de la sentencia de la colza o la de la presa de Tous.

En ambas sentencias, el Estado fue considerado responsable civil subsidiario por la err¨®nea actuaci¨®n de alguno de sus funcionarios, lo que le oblig¨® a pagar las indemnizaciones a los afectados. Si en este caso el Estado fuera tambi¨¦n responsable, tendr¨ªa que hacer frente a la devoluci¨®n de las inversiones a los perjudicados solidariamente junto a los otros condenados.