El Gobierno considera 'legal' el despido de la profesora Galera

'Me he puesto en contacto con la Conferencia Episcopal', reconoci¨® ayer Pilar del Castillo. Lo hace, a?adi¨®, con la intenci¨®n de 'intentar' que los obispos 'reconsideren' el caso. La ministra de Educaci¨®n adelant¨® estos mensajes a la jerarqu¨ªa cat¨®lica: una 'llamada a la reflexi¨®n' y su deseo de que 'las cosas se resuelvan razonablemente'. Preguntada por las peticiones para que se modifique el convenio entre el Estado vaticano y Espa?a que permite a los obispos este tipo de actuaciones, la ministra dijo que 'no es una cuesti¨®n que se solvente en este momento', porque es 'complejo' y supondr¨ªa revisar todo el tratado.

Fue el 26 de febrero de 1999 cuando el Gobierno de Aznar introdujo 'dos cambios esenciales' -as¨ª los calific¨® entonces la Iglesia- en el estatuto jur¨ªdico de los docentes de religi¨®n cat¨®lica en los colegios p¨²blicos, al convertirse el Ministerio de Educaci¨®n en empleador y pagador de los 13.000 profesores que hasta entonces contrataba y pagaba el episcopado. Dicho convenio lo firmaron el ministro de Educaci¨®n -el ahora vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Mariano Rajoy-, la ministra de Justicia y el presidente de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE).

El PSOE presentar¨¢ el lunes en el Congreso una proposici¨®n no de ley urgiendo la reforma de este convenio de 1999 porque lo que le est¨¢ ocurriendo a la profesora Galera 'es legal porque el Gobierno de Aznar ha querido'. 'Una cosa es lo legal y otra muy distinta lo leg¨ªtimo. El Gobierno tiene que denunciar ese convenio porque los obispos lo est¨¢n utilizando de manera abusiva, atentando contra el derecho a la intimidad e, incluso, contra el derecho al matrimonio. Es inquietante la actitud del Gobierno, mirando hacia otra parte ante esta flagrante vulneraci¨®n de los principios constitucionales', declar¨® la diputada socialista Amparo Valcarce.

A las severas y numerosas cr¨ªticas que ha recibido este comportamiento del Gobierno y de los obispos se uni¨® ayer la de Converg¨¨ncia i Uni¨®, cuyo portavoz de Educaci¨®n en el Congreso, Ignassi Guardans, asegur¨® que el caso de Resurrecci¨®n Galera 'pone de manifiesto que el sistema de designaci¨®n y remuneraci¨®n no es v¨¢lido'. 'No es posible que quien cobra del dinero p¨²blico sea sancionado por casarse con un ciudadano divorciado. Apoyamos que se revise el sistema', concluy¨® el portavoz de CiU.