La tinta del calamar

El alboroto provocado durante las semanas centrales del verano por las primeras informaciones sobre el caso Gescartera asegura a esa audaz operaci¨®n de vaciado empresarial, realizada con ayuda de la negligencia o de la tolerancia (t¨¢chese lo que no convenga) de los ¨®rganos estatales encargados de su vigilancia, un espacio central en el curso parlamentario reci¨¦n inagurado. Tr¨¢gico por sus consecuencias y c¨®mico por sus formas, este dram¨®n ofrece los rasgos paradigm¨¢ticos de los esc¨¢ndalos pol¨ªtico-financieros llamados a la celebridad y algunos estigmas propios de la Espa?a negra: los altos cargos nombrados por el Gobierno de Aznar para administrar o controlar ¨¢reas de la pol¨ªtica econ¨®mica tan vitales como la Agencia Tributaria o la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permitieron durante a?os que el lucrativo tinglado montado por unos avispados brokers con la codiciosa colaboraci¨®n de mandos de la Guardia Civil y de la Polic¨ªa, dignatarios de la Iglesia Cat¨®lica y directivos de la Organizaci¨®n Nacional de Ciegos (ONCE) funcionase a sus anchas. Las investigaciones en curso buscan las pistas del afloramiento de dinero negro, la informaci¨®n privilegiada y el tr¨¢fico de influencias; parte de las revelaciones difundidas hasta ahora en algunos medios de comunicaci¨®n bien pudieran ser datos sesgados que han sido filtrados a cambio de protecci¨®n period¨ªstica por alguna garganta profunda del PP.

A la espera de que las pesquisas de la juez de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional vayan desenredando los nudos de la trama en lo que respecta a las responsabilidades penales de los inculpados, el Congreso aprobar¨¢ ma?ana la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n encargada de dilucidar las eventuales responsabilidades pol¨ªticas relacionadas con el caso Gescartera. Tras un remoloneo inicial, disimulado bajo la propuesta alternativa de crear una simple subcomisi¨®n, el Gobierno hizo suya la iniciativa: s¨®lo hubiese faltado que el PP, entusiasta partidario de las comisiones de encuesta mientras estaba en la oposici¨®n, aprovechara ahora ventajistamente su mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara para torpedear las peticiones de las minor¨ªas. El art¨ªculo 76 de la Constituci¨®n deslinda claramente los ¨¢mbitos de las dos estrategias, complementarias y no excluyentes: las conclusiones de las comisiones parlamentarias no vinculan a los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que sus resultados sean comunicados al Ministerio Fiscal cuando sea pertinente.

Pese a la n¨ªtida diferenciaci¨®n constitucional entre ambas ¨¢reas de competencias, el portavoz del Gobierno sent¨® c¨¢tedra -de derecho criminal- en la rueda de prensa posterior al ¨²ltimo consejo de ministros para dictar primero una rotunda sentencia condenatoria -sin tener la cortes¨ªa de esperar el pronunciamiento de los tribunales- por un delito de estafa y para concluir despu¨¦s que esa tipificada responsabilidad penal atribuida por el Ejecutivo a los directivos de Gescartera excluye cualquier responsabilidad pol¨ªtica concurrente o paralela. Con id¨¦ntico desparpajo absolutorio, el secretario general del PP y los medios de comunicaci¨®n a su servicio tratan de evitar las sucias salpicaduras del esc¨¢ndalo sobre el bru?ido prototipo del modelo de centro reformista fabricado por sus ide¨®logos mediante el incongruente m¨¦todo de remontarse hasta 1992, recordar los esc¨¢ndalos de la etapa socialista y exigir comisiones de investigaci¨®n en el Parlamento andaluz.

Abraham Lincoln compar¨® en su d¨ªa a los partidos pol¨ªticos que mudan radicalmente de opini¨®n seg¨²n est¨¦n en el poder o la oposici¨®n con el borracho belicoso que se pone equivocadamente el abrigo del rival al concluir la pelea. Pero la estrategia del calamar utilizada por el Gobierno para ocultar sus responsabilidades pol¨ªticas con la tinta de los esc¨¢ndalos socialistas del pasado est¨¢ llevando esa inversi¨®n de papeles hasta extremos no ya inveros¨ªmiles sino rid¨ªculos. ?Han perdido vigencia los latinajos utilizados anta?o por Cascos para justificar las exigencias de dimisi¨®n de los miembros del Gobierno socialista a cuenta de las responsabilidades pol¨ªticas in eligendo o in vigilando a sus subordinados? ?Y qu¨¦ no habr¨ªa dicho y hecho Ramallo cuando era diputado de la oposici¨®n si un vicepresidente de la CNMV de la ¨¦poca del PSOE hubiese recibido en circunstancias cuando menos confusas un reloj de dos millones del responsable de un chiringuito financiero?.