En Madrid, tambi¨¦n

En recientes declaraciones, el se?or Ruiz-Gallard¨®n expresa su esperanza de que en la Comunidad de Madrid no se produzcan casos entre los profesores de religi¨®n como los que en los ¨²ltimos d¨ªas han aparecido en los medios de comunicaci¨®n, y espero sacarlo de su error. Hace ahora tres a?os sufr¨ª no s¨®lo la decisi¨®n arbitraria de la Delegaci¨®n Diocesana de Ense?anza de la que depend¨ªa, sino tambi¨¦n la indiferencia e inhibici¨®n de las autoridades competentes del Ministerio de Educaci¨®n y Cultura, as¨ª como la insensibilidad del juzgado de lo social de Madrid, que sentenci¨® mi demanda contra este ministerio y la Conferencia Episcopal Espa?ola.

La sentencia estableci¨® que no hubo despido alguno, sino 'un ejercicio de ius variandi empresarial, que la actora no impugn¨® en la debida forma, dejando de acudir a centro de trabajo alguno, lo que ha supuesto un abandono de su trabajo, y no un despido (...)'. No era cierta en absoluto esa afirmaci¨®n, pero yo no tuve oportunidad de demostrarlo en el juicio.

El magistrado que me correspondi¨® acept¨® como buenas las peculiares afirmaciones de los abogados de las administraciones civil y eclesi¨¢stica. Entre otras, a la pregunta de mi abogada acerca de cu¨¢les eran las razones por las que me remov¨ªan (¨¦ste es el t¨¦rmino adecuado) en mi puesto de profesora, el abogado de la parte eclesi¨¢stica contest¨® que 'eso s¨®lo estaba en la mente del obispo'; desde luego, el ordinario del lugar no hab¨ªa hecho acto de presencia en la sala y no se le pudo preguntar.

Nunca supe la raz¨®n de mi cambio de estado laboral, ni por qu¨¦ de un d¨ªa para otro, sin explicaciones, despu¨¦s de casi 20 a?os, dej¨¦ de trabajar en un IES del sur de Madrid y me vi en la calle y sin derecho a la prestaci¨®n por desempleo, ya que al parecer qued¨® probado mi supuesto abandono del puesto de trabajo. En realidad, el fondo de la cuesti¨®n no es con qui¨¦n se casan o en qu¨¦ emplean su tiempo libre los profesores de religi¨®n, eso es puro tel¨®n; la cuesti¨®n de fondo reside en la incoherencia y ambig¨¹edad de un Estado que permite a la Iglesia proponer y remover a los profesores de religi¨®n sin exigirles a su vez el debido cumplimiento de las leyes civiles y laborales, a las que todo ciudadano e instituci¨®n han de estar sujetos.