La batalla contra el 'd¨¦ficit cero'

Este jueves debe votarse en el Congreso la contravertida ley de estabilidad presupuestaria, m¨¢s conocida como ley de d¨¦ficit cero, despu¨¦s de que el Partido Popular (PP) aceptara aplazar una semana su aprobaci¨®n por la negativa de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) a dar su apoyo a una norma que considera regresiva para la autonom¨ªa catalana.

Los nacionalistas de Jordi Pujol han rechazado el ofrecimiento de los tres partidos de izquierda catalanes -Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa-Verds- de constituir un frente com¨²n en Madrid en contra de la ley. CiU prefiere negociar en solitario las 25 enmiendas que ha presentado al texto para no irritar as¨ª a un PP del que depende para mantenerse en el poder en Catalu?a.

CiU, PSC, ERC e IC-Verds consideran que la ley de d¨¦ficit cero vulnera claramente la autonom¨ªa pol¨ªtica y financiera de la Generalitat y atenta contra diversos art¨ªculos del Estatut, pues otorga al Gobierno central la facultad de supervisar, e incluso reglamentar, las cuentas p¨²blicas catalanas. En cambio, para el PP tan s¨®lo se trata de poner orden y rigor en las finanzas de las administraciones espa?olas y cumplir las condiciones que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Uni¨®n Europea.

Ning¨²n partido pretende desobedecer las directrices de los Quince, aseguran sus portavoces. Pero creen que el Partido Popular no s¨®lo se extralimita en sus competencias, sino que adem¨¢s adopta una actitud mucho m¨¢s inflexible que la comunitaria.

El pacto de estabilidad de la UE permite, por ejemplo, un d¨¦ficit de hasta un 3% en los presupuestos p¨²blicos, un margen pensado para coyunturas econ¨®micas desfavorables. En cambio, la ley de estabilidad presupuestaria rechaza esta posibilidad e incluso faculta al Gobierno central a fijar el super¨¢vit. 'Si el Gobierno', apunta Joan Saura, portavoz de Iniciativa per Catalunya en el Congreso, 'estipula que un a?o todas las comunidades aut¨®nomas deben tener un super¨¢vit del 1%, lo puede hacer y ¨¦stas est¨¢n obligadas a cumplirlo'.

La ley de d¨¦ficit cero fija una serie de severos mecanismos de control de las finanzas auton¨®micas y de los entes locales (ayuntamientos y consejos comarcales) y la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento. El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (comisi¨®n mixta entre los gobiernos central y auton¨®micos) ser¨¢ el organismo encargado de velar por la correcta aplicaci¨®n de la ley.

A juicio de Ignasi Carnicer, portavoz del Partit dels Socialistes en temas econ¨®micos, la ley es lesiva porque supone 'una limitaci¨®n importante ya que no deja escoger a las autonom¨ªas sus propias fuentes de financiaci¨®n'.

No obstante, la m¨¢xima preocupaci¨®n del Ejecutivo catal¨¢n y de los partidos pol¨ªticos de izquierda es la potestad del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera para aprobar o rechazar la emisi¨®n de deuda p¨²blica de las autonom¨ªas o de los entes locales, a la que recurren las administraciones para enjuagar su d¨¦ficit o para financiar las inversiones en grandes infraestructuras.

'Existen', explica Carnicer, 'muchos mecanismos para financiar las infraestructuras, por ejemplo el endeudamiento bancario o con las propias empresas ejecutoras o tambi¨¦n mediante la emisi¨®n de deuda p¨²blica. Todo esto, ahora, estar¨¢ supeditado a lo que marque el Gobierno central. La Generalitat pierde toda su autonom¨ªa en esta materia'. Adem¨¢s, como la ley afecta a todos los organismos p¨²blicos (empresas privadas u ¨®rganos aut¨®nomos), el Gobierno catal¨¢n deber¨¢ estudiar nuevos mecanismos para sufragar los crecientes d¨¦ficit de la Corporaci¨®n Catalana de Radio y Televisi¨®n -superior a los 105.000 millones-, de la Agencia Catalana del Agua o de Gisa, la empresa que gestiona las infraestructuras de la Generalitat.

Para Converg¨¨ncia i Uni¨®, los perjuicios de esta ley se demostrar¨¢n sobre todo en ¨¦pocas de desaceleraci¨®n econ¨®mica, cuando es m¨¢s necesario el acicate de la inversi¨®n p¨²blica, que se ver¨¢ frenada por la imposibilidad de endeudamiento. Carnicer apunta otro inconveniente: 'La administraci¨®n adem¨¢s tendr¨¢ menos ingresos y, por lo tanto, menos dinero para invertir'. De acuerdo con Saura 'la realidad econ¨®mica har¨¢ saltar por los aires esta ley'.

El portavoz econ¨®mico socialista a?ade que la administraci¨®n municipal podr¨ªa ser finalmente una de las grandes perjudicadas en caso de aprobarse la ley porque un tercio de la inversi¨®n p¨²blica en Catalu?a corresponde a los ayuntamientos.

Es en el campo municipal en el que el Gobierno de CiU considera que esta ley vulnera claramente el Estatut. El art¨ªculo 48 reconoce en exclusiva a la Generalitat 'la tutela financiera sobre los entes locales respetando la autonom¨ªa' que les reconoce la Constituci¨®n y el propio Estatut.