Espa?a debe contribuir

Desde que la Alianza Atl¨¢ntica consider¨® el ataque contra las Torres Gemelas y el Pent¨¢gono una agresi¨®n contra todos sus miembros, invocando el art¨ªculo 5 de su Tratado fundacional, la consideraci¨®n sobre la posible implicaci¨®n de un aliado, Estado miembro, en la lucha contra el terrorismo est¨¢ superada y pasa de las consideraciones te¨®ricas a cuestiones pr¨¢cticas y concretas: cu¨¢l puede ser su mejor contribuci¨®n al esfuerzo colectivo.

Espa?a cuenta con un marco bien definido para concretar su aportaci¨®n. Por una lado, en el seno de la propia OTAN, donde, una vez discutidas las posibles medidas a adoptar por la Organizaci¨®n, los ¨®rganos competentes, en permanente consulta con las naciones miembro, distribuir¨¢n tareas y responsabilidades de una forma equilibrada y buscando no s¨®lo un resultado arm¨®nico, sino eficaz.

En cualquier caso, la Alianza no ha tomado decisi¨®n alguna sobre su posible papel en una acci¨®n armada contra los culpables de las agresiones del d¨ªa 11, o contra los Estados que amparan a los terroristas. Y, en consecuencia, todas las opciones est¨¢n pendientes de concretarse.

Paralelamente, Espa?a tiene fijada una colaboraci¨®n bilateral con los Estados Unidos a trav¨¦s del convenio de colaboraci¨®n en materia defensiva, donde se regula detenidamente el acceso de las fuerzas norteamericanas a instalaciones y servicios prestados por bases espa?olas. Este convenio, que arranca de 1953 y que ha sido renegociado en sucesivas ocasiones -y en la actualidad se encuentra en plena revisi¨®n t¨¦cnica- ha marcado la pauta de actuaci¨®n ante situaciones b¨¦licas o de crisis, desde el Golfo en 1991 hasta Kosovo en 1999.

El convenio bilateral con los EE UU regula claramente tanto las instalaciones de apoyo concedidas a las fuerzas norteamericanas para atender sus operaciones rutinarias, como las posibles autorizaciones de uso de las bases de Rota y Mor¨®n y otras instalaciones bajo circunstancias especiales. En este sentido, las peticiones del Gobierno norteamericano para permitir la intensificaci¨®n del tr¨¢fico de sus aparatos se han cursado siguiendo los procedimientos al uso y se han autorizado mediante los mismos mecanismos, sin recurrir a nada excepcional, s¨®lo con el amparo de la normativa vigente.

El Gobierno, a diferencia de otras ocasiones anteriores, como durante la guerra del Golfo, cuando Espa?a se enter¨® por John Major, en una sesi¨®n de control parlamentario de los Comunes, que Mor¨®n estaba siendo utilizada como base por los bombarderos B-52, desde donde despegaban para cumplir con sus misiones de castigo, no ha ocultado en ning¨²n momento, todo lo contrario, su disposici¨®n a contribuir mediante su apoyo log¨ªstico a las posibles operaciones militares que pudieran realizar los Estados Unidos en represalia por los sucesos del martes 11 de septiembre. La resoluci¨®n 1368 de las Naciones Unidas les ampara para una acci¨®n de leg¨ªtima defensa.

Desde la guerra de Kosovo la oposici¨®n parlamentaria ha demandado la generaci¨®n de un mecanismo de control previo de aquellas decisiones gubernamentales que afecten a la participaci¨®n de unidades espa?olas en operaciones militares, mecanismos, por lo dem¨¢s inexistentes en nuestro entorno.

En realidad, nos encontramos ante escenarios estrat¨¦gicos altamente mudables, de dif¨ªcil previsi¨®n. Pensemos ¨²nicamente en el desarrollo de las misiones de paz de los 90, operaciones que nadie hab¨ªa previsto pocos a?os antes, como ninguno hab¨ªa anticipado el car¨¢cter y la naturaleza de la amenaza terrorista a la que ahora nos enfrentamos.

El Gobierno debe informar y mantener el cauce de contactos con el Parlamento y los grupos pol¨ªticos. Eso es evidente, y as¨ª se hizo en Kosovo y el presidente Aznar est¨¢ haciendo en este momento. Pero tal y como ha ocurrido con las declaraciones formales de guerra, que s¨®lo han servido para que las guerras se hagan sin declarar, establecer un r¨ªgido mecanismo parlamentario, previo a toda decisi¨®n, en un ambiente donde nos enfrentamos a la sorpresa y lo desconocido, es condenarnos a la par¨¢lisis o a buscar otras v¨ªas de decisi¨®n no contempladas pero m¨¢s eficaces en tiempo de crisis.

Tambi¨¦n hay quien opina que ceder el uso de las bases a las tropas americanas incrementa el riesgo de nuestro pa¨ªs, ya que podr¨ªa convertirse en un objetivo de los terroristas, pero, por desgracia, Espa?a ya es un objetivo con o sin utilizaci¨®n de nuestras bases, por el mero hecho de ser un pa¨ªs occidental, democr¨¢tico, liberal y avanzado. Vivimos en la era de la globalidad y, sin tener que recurrir a la teor¨ªa del caos -que explica un terremoto en San Francisco por el batir de las alas de una mariposa en China-, las crisis de esta envergadura nos golpea en muchos frentes, ocurra donde ocurra. Creo que no es necesario marcar la oscilaci¨®n burs¨¢til y las repercusiones econ¨®micas directas sobre Espa?a de los atentados del 11 de septiembre.

Nuestro pa¨ªs ha logrado superar d¨¦cadas de aislamiento y marginalidad en el mundo y ha pasado a ser en los ¨²ltimos a?os un actor respetado por la comunidad internacional. Su nuevo lugar en el mundo tiene indudables ventajas, pero tambi¨¦n conlleva nuevas responsabilidades. Una de ellas es contribuir directamente al mantenimiento del orden y la estabilidad internacional, no por puro altruismo, sino porque est¨¢ en la base de nuestra propia seguridad y bienestar. As¨ª lo ha hecho en los noventa con la presencia de tropas espa?olas en los Balcanes y otras zonas del mundo. Tambi¨¦n lo ha acometido con diversas propuestas en el ¨¢mbito europeo a favor de la paz.

Espa?a sabe, por desgracia, lo que es el terrorismo y lo que cuesta luchar contra el mismo. El d¨ªa 11 ha servido para que el mundo tome plena conciencia del azote que representa para todos. Ser¨ªa incomprensible que una naci¨®n como la nuestra, con toda nuestra experiencia, pretendiera quedar al margen de este nuevo frente internacional. El terrorismo internacional no sustituye a ning¨²n otro, sino que se a?ade a los peligros que ya conocemos.

Manuel Atencia Robledo es diputado por M¨¢laga y portavoz del PP en la Comisi¨®n de Defensa del Congreso.