La batalla de Les Gavarres se encona

La batalla de Les Gavarres se encona y lleva camino de convertirse en un nuevo tropiezo del Gobierno catal¨¢n en medidas que afectan al territorio. La imposici¨®n de la l¨ªnea de Les Gavarres, ejecutada por decreto y con el apoyo de un espectacular despliegue policial, top¨® ayer con un importante escollo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Girona, al que el municipio de Llagostera hab¨ªa pedido amparo ante lo que considera un atropello del Gobierno catal¨¢n, reiter¨® ayer que la sentencia que autoriza al consistorio a derribar el tendido es v¨¢lida y firme. Con el amparo de esta resoluci¨®n judicial, el alcalde firm¨® un decreto de paralizaci¨®n de las obras que el Departamento de Interior decidi¨® deso¨ªr y mantener la protecci¨®n de los Mossos d'Esquadra para que la compa?¨ªa Fecsa pudiera seguir trabajando. Industria interpreta que el decreto de imposici¨®n de la l¨ªnea, posterior a la sentencia, prevalece.

La interlocutoria dictada por la juez Pilar Rovira reza: '(...) el Ayuntamiento de Llagostera puede ejecutar de forma propia y plenamente aut¨®noma la orden de derribo dictada, ya que la impugnaci¨®n que intent¨® hacer Fecsa-Enher fue declarada inadmisible por una cuesti¨®n puramente formal. S¨®lo en el caso de que el Ayuntamiento precisara entrar en un domicilio o propiedad privada para llevar a cabo la ejecuci¨®n, y el acceso le fuera denegado por el titular, ser¨ªa necesario pedir el auxilio jurisdiccional'.

El alcalde del municipio, Llu¨ªs Postigo, intent¨® sin ¨¦xito aplicar su decreto municipal de paralizaci¨®n de obras. Se trataba del mismo decreto que un d¨ªa antes no hab¨ªa podido evitar la reanudaci¨®n de las obras del tendido, pero que ayer, reforzado por la interlocutoria judicial, puso en un brete a los Mossos d'Esquadra. La polic¨ªa auton¨®mica, previa consulta, aleg¨® que deb¨ªa cumplir la orden superior de proteger los trabajos. El alcalde anunci¨® entonces que el municipio emprender¨¢ la v¨ªa penal contra quien corresponda por el incumplimiento de la sentencia judicial. Tambi¨¦n anunci¨® para hoy mismo la presentaci¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de un recurso contra el decreto del Consell Executiu que impone la l¨ªnea.

Norma preconstitucional

Se trata de un decreto sin precedentes. Jam¨¢s a lo largo de toda su historia, la Generalitat hab¨ªa dictado un decreto como el que ordena acabar la l¨ªnea de Les Gavarres por razones de 'excepcional inter¨¦s p¨²blico'. El texto se ampara en un art¨ªculo de la ley de suelo catalana, el 250, traducido literalmente de la ley espa?ola de 1976 y que no s¨®lo es preconstitucional, sino que podr¨ªa incluso impugnarse por su m¨¢s que presunta inconstitucionalidad. 'Se trata de un precedente absolutamente ins¨®lito que da idea de la debilidad de los argumentos de la Generalitat en este contencioso', asegura Gerard Nadal, asesor jur¨ªdico del Ayuntamiento de Llagostera. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que el equipo jur¨ªdico de la Generalitat ha tenido que meterse en terrenos muy pantanosos para abrirle el camino a Fecsa. Tres horas estuvieron ayer estudiando la interlocutoria judicial los servicios jur¨ªdicos de Interior antes de decidir amparar a Fecsa de nuevo frente a la orden de paralizaci¨®n de las obras dictada por el alcalde.

Por el momento, todas las resoluciones judiciales est¨¢n del lado del consistorio, pero la pugna entre las dos administraciones, la auton¨®mica y la municipal, se ha dirimido hasta ahora en el campo de la fuerza: 80 Mossos d'Esquadra contra 10 guardias municipales. El alcalde, Llu¨ªs Postigo, ha querido evitar a toda costa una confrontaci¨®n de fuerzas policiales, aunque los documentos judiciales de los que dispone le dan argumentos m¨¢s que sobrados para plantear esta batalla.

La juez Pilar Rovira reconoci¨® ayer mismo en su escrito que la sentencia que le faculta para derribar el tendido es firme. Pero sobrevalora el poder ejecutivo de que dispone un peque?o municipio. El alcalde se hab¨ªa dirigido a la justicia para pedirle que el juzgado parara las obras. Pero la juez, en lugar de hacerlo, responde al Ayuntamiento que tiene capacidad legal y administrativa suficiente para aplicar la sentencia que le permite actuar contra el tendido el¨¦ctrico, que sigue siendo v¨¢lida y firme. 'Si fu¨¦ramos el Ayuntamiento de Barcelona, es evidente que la sentencia podr¨ªa ejecutarse sin problemas', lamenta Nadal.