EE UU tiene base legal para actuar

As¨ª como el ataque contra los serbios por la OTAN durante la guerra de Kosovo se prest¨® a grandes dudas sobre su legalidad, en esta ocasi¨®n el derecho a la leg¨ªtima defensa est¨¢ de parte de EE UU, tras los actos terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, siempre que quede identificado el agresor. La Carta de las Naciones Unidas y la Resoluci¨®n 1.368 (2001) del Consejo de Seguridad votada por unanimidad (lo que implica la aprobaci¨®n de Rusia y China), tras menos de media hora de debate al d¨ªa siguiente de la tragedia pas¨® desapercibida. Pero supone un respaldo a la posici¨®n de EE UU. Tras su aprobaci¨®n, sin embargo, surgieron algunas preguntas.

La Carta de las Naciones Unidas, en su conocido art¨ªculo 51, asegura 'el derecho de leg¨ªtima defensa, individual o colectiva', en caso de un 'ataque armado' contra un Estado miembro, 'hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales'. Obliga a dicho Estado a comunicar 'inmediatamente' sus acciones al Consejo de Seguridad, que conserva su autoridad y responsabilidad 'para ejercer en cualquier momento la acci¨®n que estime necesaria' para esos fines. La Resoluci¨®n 1.368 (2001), expresa que el Consejo de Seguridad 'est¨¢ dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 y para combatir el terrorismo en todas sus formas' y 'decide seguir ocup¨¢ndose de la cuesti¨®n'. Naturalmente, al tener EE UU derecho de veto, el Consejo de Seguridad no tendr¨ªa ya posibilidad de aprobar resoluci¨®n alguna que fuera contra el deseo de Washington.

Bush ha sido autorizado por el Congreso 'para el uso de toda la fuerza necesaria' contra aquellos 'que ¨¦l considere' que montaron el ataque del 11 de septiembre

La Carta de la ONU, en su art¨ªculo 51, asegura 'el derecho de leg¨ªtima defensa, individual o colectiva', en caso de un 'ataque armado' contra un Estado miembro

En diciembre de 2000, el Consejo de Seguridad ya orden¨® 'congelar sin demora los fondos y otros activos financieros' de Bin Laden. Nadie lo hizo

Como casi todo en derecho internacional, la Carta y la resoluci¨®n se prestan a interpretaciones diversas. Algunos expertos cuestionan que estemos ante un 'ataque armado', o, como lo calific¨® Bush minutos despu¨¦s de que una cadena de televisi¨®n lanzara la expresi¨®n, un 'acto de guerra'. Pero la mayor¨ªa de los expertos s¨ª aceptan que es un 'ataque', aunque las disposiciones del art¨ªculo 51 estuvieran pensadas para una respuesta inmediata. La leg¨ªtima defensa se producir¨¢ contra el atacante, y en ning¨²n lugar se afirma que deba ser un Estado, aunque la Carta estaba pensada para gestionar las relaciones entre Estados, no para actos terroristas como ¨¦ste. De hecho, el texto fundacional de la ONU no cita en ning¨²n momento el vocablo 'terrorismo'. Finalmente, la leg¨ªtima defensa debe ser contra un agresor identificado, o al menos identificable, y exterior. El ordenamiento, como el de la OTAN, no est¨¢ pensado para ataques internos, aunque en los a?os sesenta se le diera tal interpretaci¨®n en el Tratado de R¨ªo ante el auge de las guerrillas y agresiones de la entonces Uni¨®n Sovi¨¦tica por agresor interpuesto.

En la ocasi¨®n presente no estamos al menos a¨²n ni formalmente, en tiempo de guerra. La llamada 'autorizaci¨®n para el uso de la fuerza militar' que el Congreso de EE UU aprob¨® el 14 de septiembre para dar poderes especiales al presidente no s¨®lo no cita a un Estado, persona u organizaci¨®n agresora, sino que lo deja todo en manos de Bush al autorizarle 'para el uso de toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones y personas que ¨¦l considere que de forma determinante planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron' en el ataque del 11 de septiembre. Si se suman los 10.000 millones de d¨®lares de presupuesto extraordinario de los que la Administraci¨®n puede hacer uso sin tener que justificarlos, estamos pr¨¢cticamente ante una carta blanca.

Resoluci¨®n de 2000

Bush tiene las espaldas internacionales bastante bien cubiertas. Adem¨¢s, cuenta con otra Resoluci¨®n del Consejo de Seguridad sobre Afganist¨¢n (la 1.333, del 19 de diciembre de 2000 -a la que se ha dado poco relieve y que sigue a otra de 1999-, sumamente cr¨ªtica con el r¨¦gimen de los talib¨¢n y en la que deplora, 'el hecho de que los talibanes sigan proporcionando un refugio seguro a Usama bin Laden y permitiendo que ¨¦l y sus asociados dirijan una red de campamentos de entrenamiento en el territorio controlado por los talibanes y que utilicen al Afganist¨¢n como base para patrocinar operaciones terroristas internacionales', para exigir que 'dejen de dar refugio tal como ya se pidi¨® en 1999 y de entrenar a terroristas internacionales' y que 'entreguen a Usama bin Laden a las autoridades competentes de un pa¨ªs donde haya sido objeto de acusaci¨®n' o de un pa¨ªs 'desde el cual haya de ser devuelto al primero' o 'de donde haya de ser detenido y debidamente enjuiciado'. Adem¨¢s, manda tomar toda una serie de medidas para aislar al r¨¦gimen afgano y -era diciembre pasado, record¨¦moslo, pues s¨®lo el pasado lunes, EE UU tom¨® esas medidas- 'congelar sin demora los fondos y otros activos financieros' de Bin Laden y de 'las personas y entidades con ¨¦l asociadas (...) incluidos los de la organizaci¨®n Al Qaida (...)'. Ni siquiera EE UU acat¨® la orden entonces

Todo esto da un respaldo a EE UU. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, en su discurso ante la Asamblea General, ha pedido que la coalici¨®n internacional se cree en el marco de la ONU y que se lleve a los terroristas ante la justicia.Pero son a¨²n necesarias pruebas ante una respuesta. Y, ante el mundo musulm¨¢n, EE UU e cargar¨ªa de razones si su acci¨®n se viera respaldada por una nueva resoluci¨®n del Consejo de Seguridad, como, entre otros Estados, ha pedido Pakist¨¢n. Tras los esfuerzos para forjar su coalici¨®n internacional, EE UU podr¨ªa aceptar tal resoluci¨®n, pero probablemente a posteriori.