Otro Cesid

La reforma del Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (Cesid) est¨¢ pendiente desde que el PP la incluy¨® entre sus promesas electorales de 1996. Ni su ubicaci¨®n institucional, el Ministerio de Defensa, ni sus objetivos informativos, conocidos pero no aprobados por el Gobierno, ni el estatuto de sus integrantes han estado nunca suficientemente claros. Los esc¨¢ndalos de las escuchas y los documentos sustra¨ªdos por el coronel Perote pusieron de manifiesto sus deficiencias y da?aron gravemente su imagen.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre han evidenciado dram¨¢ticamente la importancia de contar con unos servicios de inteligencia eficaces. Esos atentados, preparados durante meses, no habr¨ªan tenido lugar sin un fallo clamoroso de las agencias de espionaje m¨¢s poderosas del mundo. Y los bombardeos contra Afganist¨¢n servir¨¢n de poco si los servicios secretos son incapaces de localizar el paradero de Bin Laden y de identificar sus tapaderas financieras a nivel mundial. Es l¨®gico, por tanto, que una de las primeras medidas anunciadas por Aznar en su comparecencia parlamentaria sobre la crisis fuese la urgente aprobaci¨®n de la ley de los servicios de inteligencia. Aunque momentos de alarma y zozobra como los actuales no sean los m¨¢s adecuados para abordar con el necesario sosiego una reforma legislativa tan delicada.

Aparte del cambio de nombre -Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, la reforma contempla medidas como el reforzamiento del control parlamentario o la definitiva desmilitarizaci¨®n del servicio, que cuentan con un amplio consenso parlamenterio. M¨¢s dudas plantea la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, los agentes puedan interceptar comunicaciones o entrar en domicilios sin contar previamente con la autorizaci¨®n del juez especial del Supremo que se propone designar para estos efectos. Se quiere atribuir al CNI facultades excepcionales que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma tasada y restrictiva, reconoce a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la persecuci¨®n del terrorismo. Pero, ?tiene alguna justificaci¨®n que un ¨®rgano de inteligencia suplante o doble a la polic¨ªa en esa tarea?

Las funciones y procedimientos de un servicio de inteligencia, cuya finalidad es prevenir los riesgos para la seguridad del Estado, no son equiparables a los de la polic¨ªa. Es dif¨ªcil que ning¨²n juez, incluso especializado, ampare, con la Constituci¨®n en la mano, escuchas preventivas gen¨¦ricas y registros domiciliarios diferentes a los autorizados en la investigaci¨®n de un delito concreto. Si la reforma no delimita claramente esas funciones, situ¨¢ndolas en unas coordenadas de legalidad bien definidas, el futuro CNI puede resultar tan pol¨¦mico como el Cesid. Y la experiencia demuestra que lo que los servicios de inteligencia precisan para funcionar eficazmente no son atribuciones que limiten los derechos constitucionales de los ciudadanos, sino medios materiales y humanos suficientes, respaldo inequ¨ªvoco por parte del Gobierno y compromiso de mantenerlos al margen de las pugnas partidistas. Algo de lo que no han estado sobrados en los ¨²ltimos a?os.