'Interrupci¨®n libre', pero en guetos y bajo vigilancia

Del grito se ha pasado a la sordina. Lejos de ser una criba, los tres supuestos admitidos permiten a cualquier mujer poner fin a un embarazo no deseado. Siempre que pueda pagarlo, dada la insuficiencia de la red p¨²blica. El 97,22% de las interrupciones realizadas en 1999 se practicaron para salvaguardar la salud de la mujer, mientras que el riesgo fetal s¨®lo motiv¨® el 2,47% de las operaciones. Estos porcentajes indican que una porci¨®n de mujeres ha hecho suyo el cuarto supuesto -el social- sin nombrarlo. Y que para adolescentes y mayores de 40 a?os el aborto ha pasado a ser un m¨¦todo anticonceptivo m¨¢s, aunque extremo. Simplemente porque no usan ninguno: las primeras inician relaciones sin incorporar la contracepci¨®n a sus h¨¢bitos, las segundas conf¨ªan en su baja fertilidad.

Pese a esta imagen de normalizaci¨®n las intervenciones siguen circunscritas a guetos cl¨ªnicos privados. La desproporci¨®n entre los abortos realizados en 1999 en hospitales p¨²blicos (el 2,53%) y centros privados (el 97,46%) es elocuente. Un desajuste que naci¨® con la ley y que en vez de corregirse se acent¨²a, ya que en 1990 las cl¨ªnicas privadas efectuaron el 96,53% de los abortos, frente al 3,47 realizado en la red p¨²blica. Y, adem¨¢s, siguen lloviendo expedientes judiciales a m¨¦dicos y mujeres.

Denuncias de divorcio

En primer lugar, por denuncias de ex novios y ex maridos a mujeres que abortaron con su consentimiento y a las que, al producirse la ruptura, tratan, seg¨²n la diputada de IU Marisa Castro, de chantajear para lograr la custodia de los hijos. Y en segundo t¨¦rmino por m¨¦dicos ajenos a la intervenci¨®n que detectan indicios de mala praxis. La mayor¨ªa de las denuncias no prospera y s¨®lo una m¨ªnima parte acaba en juicio. Pero ante las diligencias, las mujeres son citadas a declarar y quedan se?aladas. Lo privado se hace p¨²blico de modo selectivo, como si fuera una rifa.

'Urge regular la objeci¨®n en la red p¨²blica, con un registro que impida al inscrito practicar abortos por lo privado', afirma Carlos Aymerich, diputado del BNG. 'Es escandaloso que en Galicia s¨®lo realice interrupciones un centro p¨²blico de Ourense', a?ade. En Navarra ning¨²n centro p¨²blico asume abortos, pero las autoridades sufragan el desplazamiento de las interesadas a otras comunidades.

'No puede haber normalizaci¨®n con juicios y denuncias', dice Empar Pineda, directora de la cl¨ªnica Isadora (Madrid). Pineda apuesta como IU, IC-Verds y el Bloque Galego por una ley de plazos. IU eleva a 16 semanas el tiempo establecido 'para dar cobertura sobre todo a las j¨®venes, que al no tener periodos regulares tardan en descubrir su embarazo'. Otros grupos defienden plazos menores. De hecho m¨¢s del 90% de las que abortan lo hace entre las 8 y las 12 semanas de gestaci¨®n.