El pacto deja un solo constitucionalista en el Constitucional

La anunciada incorporaci¨®n al Tribunal Constitucional de Roberto Garc¨ªa-Calvo, Javier Delgado, Eugenio Gay y Elisa P¨¦rez Vera, como consecuencia del pacto sobre cargos institucionales entre el PP y el PSOE, en caso de que finalmente se mantenga, completar¨¢ la composici¨®n del ¨®rgano m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n, que se encuentra en sus horas m¨¢s bajas desde que se constituy¨® en 1980. Antiguos miembros del Tribunal Constitucional y otros juristas resaltan que, a la vista de los cuatro magistrados que van a ser relevados -Pedro Cruz Villal¨®n, presidente; Carles Viver Pi-Sunyer, vicepresidente; Julio Diego Gonz¨¢lez Campos, y Rafael Mendiz¨¢bal Allende- los negociadores pol¨ªticos no se han cuidado de cubrir las vacantes que dejan los dos primeros, acreditados catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional, mediante juristas especializados en esa disciplina, clave para los cometidos del Tribunal. S¨®lo queda uno, el inicialmente catedr¨¢tico de Derecho Pol¨ªtico (disciplina que en la actualidad se denomina Derecho Constitucional).

Los votos minoritarios en defensa de un nacionalismo espa?ol podr¨ªan ser ahora mayor¨ªa

Los expertos acusan a los pol¨ªticos de no dar prioridad, en su negociaci¨®n, a la utilidad profesional de los nuevos magistrados para las altas funciones del Tribunal, entre las que se encuentran anular leyes, revocar sentencias de los jueces, arbitrar entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas y proteger al m¨¢s alto nivel los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por otra parte, desde sectores jur¨ªdicos y del propio Tribunal Constitucional, se ha criticado el sistema de negociaci¨®n seguido para la renovaci¨®n de cargos institucionales. En primer lugar, porque se ha mezclado en una misma mesa negociadora la cobertura de vacantes en ¨®rganos de muy distinta entidad, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas e incluso, al parecer, el cargo de consejero de la Comisi¨®n Nacional de Energ¨ªa, que estuvo a punto de dar al traste con el pacto.

Y en segundo lugar porque la mec¨¢nica negociadora ha permitido, por ejemplo, que un candidato del PP como Garc¨ªa-Calvo, objeto de aceradas cr¨ªticas por sus antecedentes franquistas y su alegada incompatibilidad ideol¨®gica con la Constituci¨®n, haya sido finalmente aceptado por los socialistas, en aras de la aceptaci¨®n por el PP en el Tribunal de Cuentas del ex ministro socialista Luis Mart¨ªnez Noval.

Aunque en todos los sectores consultados se considera l¨®gico que resulte visible en el Tribunal Constitucional la actual etapa de hegemon¨ªa pol¨ªtica del PP, desde algunos de ellos se avisa del riesgo de pasarse y se invoca, como ejemplo, que la etapa de mayor¨ªa socialista no ha impedido que el Constitucional elegido en aquellos a?os confirme las condenas contra dirigentes socialistas por la guerra sucia contra ETA (caso Marey) o la financiaci¨®n irregular del partido (caso Filesa).

Tendencia centralista

Otro de los riesgos de la nueva composici¨®n del Constitucional, fruto del pacto, es una tendencia del Tribunal exageradamente centralista, que se acentuar¨¢ dentro de tres a?os, cuando se incorporen dos magistrados propuestos por el Gobierno, previsiblemente del PP, y otros dos por el CGPJ. Estudiosos de la jurisprudencia constitucional se?alan que lo que en los ¨²ltimos a?os han sido votos particulares en defensa de un cierto nacionalismo espa?ol, pueden convertirse -tras la marcha de Cruz Villal¨®n, Viver y Gonz¨¢lez Campos y con el apoyo, ahora, de algunos de los magistrados pactados- en posiciones mayoritarias de un Tribunal que, entre sus principales logros, cuenta el haber interpretado el ambiguo T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n 'en t¨¦rminos perfectamente decentes', en palabras de Cruz Villal¨®n. La falta de magistrados pactados con CiU o PNV o, simplemente, de sensibilidad autonomista, acent¨²a esos riesgos.

Los expertos se refieren tambi¨¦n al excesivo peso de los jueces de carrera en el Tribunal Constitucional, que pasa de cuatro a cinco, mientras los catedr¨¢ticos, tradicionalmente mayoritarios en este Tribunal, pasan de ocho, en la actual composici¨®n del Constitucional, a seis en la pr¨®xima, como consecuencia del pacto. La mayor presencia judicial suele llevar consigo, seg¨²n estos expertos, un plus conservador y una repetici¨®n del esquema institucional del Tribunal Supremo.

Al cupo de profesores universitarios pertenece adem¨¢s de Manuel Jim¨¦nez de Parga, el penalista Tom¨¢s S. Vives, el veterano administrativista Fernando Garrido Falla; el mercantilista Guillermo Jim¨¦nez; la catedr¨¢tica de Derecho del Trabajo Mar¨ªa Emilia Casas, y la de Derecho Internacional Elisa P¨¦rez Vera, que accede ahora.

10 hombres y 2 mujeres

As¨ª pues, en el Tribunal Constitucional resultante de la renovaci¨®n parcial en marcha, cuyos 12 magistrados tendr¨¢n una edad media de 63 a?os, habr¨¢ 10 hombres y por primera vez dos mujeres al mismo tiempo.

Los cinco jueces de carrera ser¨¢n los tres especializados en la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa: Pablo Garc¨ªa Manzano, Vicente Conde y Javier Delgado; el procedente de la jurisdicci¨®n social, Pablo Cach¨®n, y el penalista Roberto Garc¨ªa-Calvo. Tambi¨¦n se incorpora el abogado Eugenio Gay.

He aqu¨ª los perfiles de los nuevos magistrados pactados para el Tribunal Constitucional:

- Roberto Garc¨ªa-Calvo y Montiel. Propuesto por el PP, Garc¨ªa-Calvo, nacido en La Ba?eza (Le¨®n) hace 59 a?os, ocup¨® cargos durante el franquismo en el sindicalismo vertical y en el Ministerio de Educaci¨®n, previos a su designaci¨®n, ya en abril de 1976, como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Almer¨ªa, hasta que fue destituido en 1977 por Adolfo Su¨¢rez. Garc¨ªa-Calvo es muy aficionado a la caza.

Profesionalmente ha ejercido como fiscal y como juez. Tras iniciarse como fiscal en 1968, a partir de 1977 fue magistrado de Trabajo y en 1986 ascendi¨® al Tribunal Central de Trabajo, de donde pas¨® a la fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, al que se incorpor¨® en 1995 como magistrado de su Sala Penal, en la que permanece. Fue ponente de la sentencia que conden¨® a la Mesa de HB y que en 1999 fue anulada por el Tribunal Constitucional. Su voto fue el ¨²nico, frente a los otros 10 de la Sala Penal del Supremo, que el 8 de marzo de 2001 apoy¨®, sin ¨¦xito, la petici¨®n del Gobierno para que el Supremo se inhibiera en la aplicaci¨®n del indulto al ex juez condenado por prevaricaci¨®n Javier G¨®mez de Lia?o.

De ideolog¨ªa ultraconservadora, el PSOE impidi¨® en 1988 su elecci¨®n como vocal del CGPJ, cargo al que accedi¨® en 1989, a propuesta del PP por un margen de dos votos. Tras su relevo, en 1990, pidi¨® amparo al Tribunal Constitucional para continuar en el cargo. El 29 de octubre de ese a?o una resoluci¨®n un¨¢nime del ¨®rgano al que ahora se incorporar¨¢, suscrita por Francisco Rubio Llorente, Eugenio D¨ªaz Eimil y Jos¨¦ Luis de los Mozos acord¨® no admitir a tr¨¢mite el recurso 'por dirigirse contra un acto parlamentario no susceptible de amparo constitucional'.

- Javier Delgado Barrio. Nacido en Barbastro (Huesca) hace 68 a?os, Delgado ingres¨® en 1962 en la carrera judicial, en 1974 se especializ¨® en la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa y en 1986 fue nombrado magistrado de esa sala del Tribunal Supremo.

Jurista conservador, concilia su dedicaci¨®n como juez con su vocaci¨®n institucional, que le llev¨® en 1995 al Tribunal Constitucional, de donde a?o y medio despu¨¦s pas¨® a presidir el Supremo y el CGPJ, ¨®rgano este ¨²ltimo al que ya perteneci¨® de 1980 a 1986 y desde el que regresa ahora, a propuesta del PP, al Tribunal Constitucional. El viaje de ida y vuelta de Delgado se ha criticado por poner en riesgo la independencia de quien ejerce un cargo a la espera de otro.

- Elisa P¨¦rez Vera. Propuesta por el PSOE, que desde 1995 promueve su candidatura, P¨¦rez Vera, nacida en Granada hace 61 a?os, es catedr¨¢tica de Derecho Internacional y en 1982 fue la primera mujer espa?ola rectora de una Universidad, la UNED, hasta que en 1987 fue designada secretaria general del Consejo de Universidades. Desde 1994 est¨¢ menos vinculada a la vida acad¨¦mica, dada su dedicaci¨®n como presidenta al Consejo Consultivo de la Junta de Andaluc¨ªa.

- Eugenio Gay Montalvo. Nacido hace 55 a?os en Barcelona, Gay es abogado mercantilista y desde 1993 ha sido presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, cargo que le convirti¨® en vocal nato del Consejo de Estado, instituci¨®n en la que apenas ha intervenido, seg¨²n miembros del alto ¨®rgano consultivo. Propuesto conjuntamente por el PP y el PSOE, ambos partidos alegaron la condici¨®n de catal¨¢n de Gay para considerar que la candidatura podr¨ªa complacer a CiU, desde donde recuerdan que en los ¨²ltimos a?os incluso su nombre, Eugeni, lo ha castellanizado.