El Gobierno renuncia a que las autonom¨ªas deban consultarle sus proyectos legislativos

El Gobierno est¨¢ dispuesto a 'aparcar' su pretensi¨®n de que las autonom¨ªas est¨¦n obligadas a consultar con el Ejecutivo sus proyectos legislativos si 'se considera que es un obst¨¢culo insalvable' para que acepten el borrador de la Ley de Cooperaci¨®n. As¨ª lo ha declarado el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jes¨²s Posada, quien envi¨® hace un mes a los presidentes auton¨®micos un cuestionario con las claves del proyecto, que provoc¨® un rechazo generalizado.

Jes¨²s Posada, no obstante, justifica as¨ª su intento frustrado en declaraciones a este peri¨®dico: 'Si alguna comunidad aut¨®noma quiere hacer una ley sin consultarla al Gobierno central, podr¨¢ hacerlo. Aunque, l¨®gicamente, si no le gusta al Gobierno central, ¨¦ste acudir¨¢ al Tribunal Constitucional. Precisamente, con la consulta trat¨¢bamos de evitar este tr¨¢mite y reducir la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica'.

El ministro anunci¨® tambi¨¦n que se ha fijado como plazo el pr¨®ximo mes de diciembre para presentar en el Senado un informe sobre la Ley de Cooperaci¨®n, que debatir¨¢ con los representantes auton¨®micos en la Comisi¨®n General de Comunidades Aut¨®nomas. Posada admite que tras la ronda que ha celebrado con partidos y presidentes auton¨®micos, CiU es reticente y los presidentes de las seis comunidades gobernadas por los socialistas le han anunciado una posici¨®n com¨²n. Niega, como han se?alado las comunidades gobernadas por nacionalistas, que sea 'una nueva LOAPA', porque 'la ley no modificar¨¢ las competencias de las autonom¨ªas'.

La consulta al Senado ser¨¢ clave para el futuro de la Ley de Cooperaci¨®n. 'En el debate percibiremos si hay representatividad suficiente para seguir adelante o no con esta ley. Est¨¢ claro que una Ley de Cooperaci¨®n tiene que consensuarse para que sea efectiva. Tiene que aceptarse voluntariamente. No se puede imponer. Pero tambi¨¦n tengo que decir que es una ley necesaria. Y si no sale al primer intento, saldr¨¢ al segundo o al tercero', dice el ministro.

La necesidad de la ley la encuadra Posada en 'el enorme desarrollo que ha alcanzado el Estado de las Autonom¨ªas, de tal manera que las comunidades gestionan ya m¨¢s gasto que la Administraci¨®n central'. El ministro argumenta su necesidad en que se ha abierto una nueva etapa en la que ya 'est¨¢n pr¨®ximos a concluir los grandes traspasos de funciones y servicios a las comunidades y se cuenta, adem¨¢s, con un sistema estable de financiaci¨®n auton¨®mica'.

La pretensi¨®n de la ley al fomentar la cooperaci¨®n entre las comunidades, se?ala Posada, es que ¨¦stas 'no establezcan compartimentos estancos, busquen la participaci¨®n de sus competencias en un mundo cada vez m¨¢s compartido y eviten solaparlas'.

La ley, se?ala Posada, regular¨¢ la participaci¨®n de las autonom¨ªas en las instituciones europeas, y a?ade que el Gobierno est¨¢ pendiente de la resoluci¨®n del grupo de trabajo que ha creado la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos para decidir si habr¨¢ alg¨²n tipo de presencia de las autonom¨ªas en los Consejos de Ministros europeos. Posada no tiene a¨²n una posici¨®n definida en esta cuesti¨®n, que reclaman las comunidades gobernadas por nacionalistas y socialistas. No obstante, el ministro recalca que 'se ha avanzado en el terreno de la participaci¨®n auton¨®mica en Europa con la presencia de las comunidades, que ha pasado de 50 a m¨¢s de 100 comit¨¦s de gesti¨®n en esta legislatura'.

La ley, recuerda Posada, regular¨¢ tambi¨¦n los convenios de colaboraci¨®n entre el Estado y las comunidades; abre la posibilidad de crear la Conferencia de presidentes auton¨®micos; la posibilidad de que los convenios y acuerdos tengan consecuencias jur¨ªdicas y pretende fomentar los acuerdos multilaterales en detrimento de los bilaterales. La otra pata que necesita un desarrollo para completar el Estado de las Autonom¨ªas es la configuraci¨®n del Senado como C¨¢mara territorial, indica el minsitro.

Posada cree que el Senado 'debe tener una mayor presencia como C¨¢mara territorial' y se ci?e a la reforma reglamentaria que ha propuesto el Grupo Popular en la C¨¢mara Alta, que regular¨¢ con un nuevo formato el debate anual sobre el Estado de las autonom¨ªas, que no se ha celebrado desde 1997, y la participaci¨®n de los presidentes auton¨®micos en el Senado, en lo que el Grupo del PP llama el banco verde.