Los empleados de Santana fuerzan al comit¨¦ a dejar la negociaci¨®n hasta que el IFA suspenda los despidos

Los trabajadores de Santana que tienen que pasar a las empresas privadas han forzado al comit¨¦ sindical a romper las negociaciones con el Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA), dependiente de la Junta, propietaria de la factor¨ªa automovil¨ªstica. Exigen que se retire el expediente de regulaci¨®n de 451 empleos. El comit¨¦ ultimaba un acuerdo, pero los trabajadores de ?tiles y Componentes (empresa segregada de Santana en diciembre) exigieron una asamblea y rechazaron que siga la negociaci¨®n. No todo fueron malas noticias: la UE autorizar¨¢ el martes el plan social, informa Efe.

Esta situaci¨®n ha dejado a los miembros del comit¨¦ 'en una encrucijada', en palabras del representante de UGT Enrique Mart¨ªnez. Trabajadores y sindicalistas no comparten la misma opini¨®n, 'pero la asamblea es soberana y tenemos que hacer lo que nos diga', resalt¨® Mart¨ªnez.

La pr¨®xima semana est¨¢ prevista una reuni¨®n de los miembros del comit¨¦ para analizar la nueva situaci¨®n que se origina y para ver la marcha econ¨®mica de la empresa, que seg¨²n UGT es 'muy delicada' despu¨¦s de los ¨²ltimos ejercicios cerrados con n¨²meros rojos. 'Parece que no se quiere entender que tambi¨¦n es necesario pensar en la situaci¨®n de la empresa. No s¨¦ c¨®mo podemos solucionar esto', reconoci¨® Mart¨ªnez.

Los trabajadores quieren que se quite el expediente de regulaci¨®n de empleo para que puedan decidir, voluntariamente, qui¨¦n pasa al sector privado y qui¨¦n se queda en Santana. Con un expediente por resolver no habr¨¢ voluntariedad y los empleados afectados tendr¨¢n que ir necesariamente a las nuevas empresas que han comprado las l¨ªneas m¨¢s rentables de la empresa automovil¨ªstica. 'Esa es la cuesti¨®n, que ellos quieren elegir', explic¨® el representante de UGT.

El Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa de la Junta no quiso ayer hacer ninguna declaraci¨®n sobre esta nueva situaci¨®n. Fuentes de este organismo indicaron que no tienen constancia oficial de ninguna petici¨®n acerca de la retirada del expediente.

Garant¨ªasLa Junta de Andaluc¨ªa ofrece garant¨ªas econ¨®micas para los trabajadores que salgan de Santana y pierdan recursos econ¨®micos con sus nuevos puestos. Tambi¨¦n garantiza que todos los que dejen la empresa matriz tendr¨¢n un puesto de trabajo fijo. Todo esto iba a quedar recogido en un acuerdo que ahora se ha paralizado. Las negociaciones, como resalt¨® Enrique Mart¨ªnez, han vuelto al punto cero. 'Ya creo que ser¨¢ dif¨ªcil conseguir m¨¢s ventajas, entre otros motivos por las fechas en que estamos, porque el plan se ten¨ªa que haber aplicado en octubre', coment¨®.

El comit¨¦ de empresa podr¨ªa volver a convocar movilizaciones, a pesar de que ellos mismos no est¨¢n convencidos de que nuevas protestas pudiesen servir para que la direcci¨®n acepte ahora que el paso a las empresas privadas se haga de forma voluntaria.

'La postura de los trabajadores que est¨¢n en ?tiles y Componentes, que son los afectados por la privatizaci¨®n, es que o se retira el expediente o no hay m¨¢s conversaciones. Nosotros tenemos que seguir su mandato', destac¨® el representante de UGT.

Santana, en este ambiente laboral, recibi¨® una buena noticia. La Comisi¨®n Europea autorizar¨¢ el pr¨®ximo martes el plan social e industrial que fue presentado por la Junta, dijeron ayer fuentes comunitarias.

El plan de las autoridades andaluzas pretende que la f¨¢brica de Santana contin¨²e produciendo bajo licencia modelos Suzuki, adem¨¢s de los nuevos modelos propios como el PS-10.

La Junta de Andaluc¨ªa present¨® a la Comisi¨®n Europea el plan y los acuerdos alcanzados con los sindicatos el pasado 19 de febrero para ponerlo en marcha, destinados a reajustar la plantilla y sanear las finanzas de la f¨¢brica.

Este acuerdo supone el mantenimiento del 38% del empleo de la f¨¢brica, por lo que s¨®lo 631 de los 1.652 trabajadores de la plantilla permanecer¨ªan en su empleo actual y 364 pasar¨ªan a empresas privadas.

El coste para la Junta de este plan se ha cifrado en 40.000 millones de pesetas, de los que ya se han desembolsado unos 9.000.