El fiscal solicita multas por la protesta de UGT en las Cortes

El ministerio fiscal solicita dos multas de seis a doce meses para los nueve sindicalistas de la FSP-UGT que fueron expulsados de las Cortes Valencianas el 21 de noviembre de 2000 tras colgar tres pancartas contra la tasa de incremento de retribuci¨®n de los funcionarios. La defensa, en cambio, seg¨²n inform¨® Efe, solicita la absoluci¨®n y pide que declaren en la vista oral que tendr¨¢ lugar en un juzgado de lo penal Marcela Mir¨®, presidenta de la C¨¢mara, y cuatro diputados del PSPV: Josefa Andr¨¦s, Cristina Moreno, Baltasar Vives y Antonio Moreno.

En el escrito de conclusiones provisionales, el ministerio fiscal entiende que los nueve sindicalistas son autores de un delito contra las instituciones del Estado y de una falta contra el orden p¨²blico. Por ello, solicita para cada uno de los imputados multas que alcanzan las 510.000 pesetas. Aunque el art¨ªculo 597 del C¨®digo Penal establece que el delito contra las instituciones del Estado por parte de quienes sin ser miembros de la C¨¢mara, Senado o Asamblea Legislativa perturben gravemente el orden de sus sesiones se castiga con penas de seis meses a un a?o de prisi¨®n, hace una diferenciaci¨®n sobre la gravedad de la acci¨®n y rebaja la pena cuando no se considera grave.

El ministerio fiscal solicita el v¨ªdeo que recoge la secuencia de los hechos en los que los nueve sindicalistas, justo cuando interven¨ªa en la C¨¢mara el consejero Vicente Rambla exhibieron camisetas con las siglas del sindicato y desplegaron tres pancartas, 'tratando de llamar la atenci¨®n de los diputados', como indica el fiscal. La defensa, en cambio, solicita el acta del pleno y estima que los hechos ocurridos no son constitutivos de un delito.