El Gobierno ultima un decreto para reforzar su publicidad y controlar la de los ayuntamientos
El proyecto establece que Mas nombre a 14 de los 21 miembros del ¨®rgano de vigilancia
El Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) ultima un decreto que pretende controlar la publicidad institucional de los ayuntamientos y favorecer la propia, especialmente la que tenga el visto bueno del conseller en cap y futuro candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas. El borrador del decreto, que el secretario general de Comunicaci¨®n, David Mad¨ª, ya ha remitido a los grupos parlamentarios, establece que 14 de los 21 miembros del ¨®rgano de control de la publicidad institucional est¨¦n nombrados directamente por el conseller en cap.
Las diversas administraciones gastan cada a?o centenares de millones de pesetas en publicidad institucional y normalmente son objeto de encendidas cr¨ªticas por parte de la oposici¨®n, que suele considerarla propaganda partidista del equipo de gobierno, sea del color que sea. Para tratar de controlar este tipo de publicidad, el Parlament aprob¨® en diciembre de 2000 una ley espec¨ªfica para regularla a partir de una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC).
El texto aprobado reservaba a la Comisi¨®n Asesora sobre la Publicidad Institucional (CAPI) un papel similar al que tiene el Consejo del Audiovisual de Catalu?a (CAC) en los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos. El Gobierno catal¨¢n se comprometi¨® a entregar a principios de septiembre a los grupos parlamentarios un borrador del decreto que debe desarrollar el funcionamiento de la CAPI, pero ha dejado pasar la moci¨®n de censura de Pasqual Maragall para abordar el debate. Ayer entreg¨® al fin el proyecto de decreto con la advertencia de que ser¨¢ aprobado pr¨®ximamente en el Consell Executiu, gesto que en medios de la oposici¨®n se interpreta como un intento de pisar el acelerador para blindar informativamente al candidato de CiU en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas.
Composici¨®nEl proyecto de decreto deja al conseller en cap un amplio margen de maniobra sobre el organismo encargado de velar para que la publicidad institucional de todas las administraciones, y no s¨®lo de la Generalitat, no tenga finalidades partidistas. De los 21 miembros de que constar¨¢, un total de 14 son nombrados directamente por el conseller en cap: tres en representaci¨®n del Departamento de Presidencia, del que es titular precisamente el conseller en cap, cuatro en representaci¨®n del Gobierno catal¨¢n y siete 'entre personas relacionadas con los temas respecto de los cuales la comisi¨®n debe asesorar, designados por los sectores implicados [que no detalla] y nombrados por el conseller en cap'.
Al mundo municipalista se le reservan ¨²nicamente tres de las 21 plazas en el consejo: una para las diputaciones -hay cuatro, de las cuales tres est¨¢n gobernadas por CiU-, una para la Asociaci¨®n Catalana de Municipios, pr¨®xima a CiU, y una m¨¢s para la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a, que agrupa mayoritariamente a ayuntamientos de izquierda.
De hecho, el Gobierno catal¨¢n tiene mayor¨ªa en el actual CAPI, creado en 1997, pero sus atribuciones se limitaban a la publicidad institucional de la Generalitat. A partir de ahora controlar¨¢ tambi¨¦n la publicidad de los ayuntamientos. El proyecto de decreto no deja margen para la duda: 'Los departamentos de la Generalitat, y tambi¨¦n las entidades locales, tendr¨¢n que remitir a la comisi¨®n todas sus iniciativas publicitarias institucionales con una antelaci¨®n de 15 d¨ªas laborables antes de que se hagan p¨²blicas'. Y se a?ade: 'Antes de que finalice este plazo, la comisi¨®n, si lo considera pertinente, tendr¨¢ que haber emitido un informe y hacerlo llegar a la administraci¨®n en cuesti¨®n'.
La ¨²ltima campa?a institucional importante emprendida por el Gobierno catal¨¢n fue la difusi¨®n de un folleto de ocho p¨¢ginas en el que se ensalzaba el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, con explicaciones del conseller en cap, Artur Mas, y del titular de Econom¨ªa, Francesc Homs. El Gobierno evit¨® informar sobre esta campa?a a la comisi¨®n aprovechando que la actual legislaci¨®n no le obliga a hacerlo.
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