Hacienda oculta al Congreso un acta levantada a un estafado de Gescartera por 156 millones

Hacienda levant¨® este a?o un acta a un contribuyente relacionado con el caso Gescartera por valor de 156 millones de pesetas, sin enviar el caso a la fiscal¨ªa, en contra de lo que resulta preceptivo por lo elevado del importe, y sin incluir el incidente en el informe remitido al Parlamento, seg¨²n denunci¨® ayer el PSOE en la comisi¨®n que investiga este esc¨¢ndalo. La diputada socialista Maite Costa esgrimi¨® los documentos en los que fund¨® esta acusaci¨®n ante el director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, y le acus¨® de 'presunto delito de prevaricaci¨®n' por estos hechos.

El contribuyente afectado se llama Carlos Ort¨ªn Barr¨®n, y la Agencia Tributaria le abri¨® una inspecci¨®n en mayo de 1999 porque, supuestamente, hab¨ªa gozado de un incremento patrimonial derivado de unas inversiones en Gescartera de las que no hab¨ªa dado cuenta al fisco. Ort¨ªn Barr¨®n es un empresario de Palma de Mallora citado por el due?o de Gescartera, Antonio Camacho, como uno de los comerciales que le aportaba 'clientes especiales', esto es, con dinero negro deseoso de ocultarse al fisco.

Hasta aqu¨ª, la inspecci¨®n, referida a la declaraci¨®n de la renta de Ort¨ªn de 1995, 1996 y 1997 resulta normal, dentro de los par¨¢metros del caso. Pero las supuestas irregularidades comienzan inmediatamente despu¨¦s, seg¨²n la diputada socialista.

Para empezar, el expediente se resuelve dos a?os despu¨¦s, ya que la liquidaci¨®n se realiza el 31 de julio de este a?o, 2001, tras haber estallado el caso Gescartera. Y segundo, la Agencia Tributaria no env¨ªa este expediente a la fiscal¨ªa, pese a que la deuda asciende a 156 millones de pesetas (119,7 millones de cuota m¨¢s 36,8 de intereses de demora), lo que resulta obligado para importes superiores a 15 millones de pesetas, seg¨²n explic¨® en la Comisi¨®n Gescartera la diputada socialista.

Maite Costa tambi¨¦n se quej¨® de que el informe sobre el caso Gescartera que ha elaborado la Agencia Tributaria, y remitido luego al Parlamento, no recoja este incidente entre las 536 actuaciones que Hacienda ha tenido con la agencia de valores, sus clientes o con personas relacionadas de alguna manera. Para demostrar esta grave acusaci¨®n, trat¨® de que Ruiz Gallud detallase en qu¨¦ provincias se hab¨ªan producido estas actuaciones, con la intenci¨®n de que quedase claro que Palma de Mallorca no estaba incluida. El director de la Agencia se neg¨® a contestar de forma reiterada, al menos en cuatro ocasiones, pese a la insistencia de la diputada y la intervenci¨®n del presidente de la comisi¨®n, Luis Mardones. 'No es una informaci¨®n relevante', dijo Ruiz Gallud.

El responsable de la Agencia Tributaria, por lo dem¨¢s, se atuvo al informe enviado a la comisi¨®n (cuestonado por incompleto por el PSOE) para demostrar que no se ha cometido irregularidad alguna en relaci¨®n con la agencia de valores de Antonio Camacho. Todas las actuaciones se realizaron correctamente, incluso cuando se archivaron o no llegaron a despegar, sostuvo. Es m¨¢s, Ruiz Gallud afirm¨® ayer que la Agencia Tributaria gan¨® dinero cuando tom¨® la decisi¨®n de no investigar a fondo el entramado de Gescartera, visto el bajo nivel de riesgo fiscal que presentaba la agencia, en su opini¨®n, y consideradas otras circunstancias atenuantes. 'Fue positivo para la Hacienda p¨²blica el dedicar recursos a otros temas', adujo. El diputado del PNV Pedro Azpiazu protest¨® vehementemente esta afirmaci¨®n.

Discriminaci¨®nPor otra parte, David Vives, el director de Supervisi¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que descubri¨® el fraude de Gescartera en 1999, present¨® ayer una carta en el Congreso en la que acusa al organismo regulador de discriminarle y colocarle en una situaci¨®n de indefensi¨®n. Vives, a quien los diputados pidieron pruebas documentales de sus afirmaciones ante la comisi¨®n, solicit¨® amparo al Congreso para que la CNMV le dejase acceder a varios documentos, entre ellos sus propios correos electr¨®nicos, petici¨®n a la que el organismo ha prestado o¨ªdos sordos. Por ello, Vives ha recurrido de nuevo al amparo del Congreso.