Partidos y ONG tachan de xen¨®foba la orden policial sobre colombianos y ecuatorianos

Partidos pol¨ªticos y ONG rechazaron con indignaci¨®n la orden de la polic¨ªa que pone bajo sospecha a los inmigrantes colombianos y ecuatorianos. Varios grupos parlamentarios han puesto en duda la legalidad de la medida y han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Mariano Rajoy, y del director general de la Polic¨ªa, Juan Cotino, en el Congreso de los Diputados. Otras organizaciones han anunciado su intenci¨®n de recurrir al fiscal general del Estado y al Defensor del Pueblo y de emprender acciones legales. Interior ha afirmado que mantendr¨¢ la orden.

El PSOE ha pedido la comparecencia del director general de la Polic¨ªa ante la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso. La secretaria de pol¨ªticas sociales y migratorias de este partido, Consuelo Rum¨ª, declar¨®: 'Todos los responsables p¨²blicos deben ser muy escrupulosos al adoptar estas iniciativas, porque con ellas se puede criminalizar y estigmatizar a los inmigrantes en general o a determinados colectivos en particular, cuando los que delinquen son siempre una minor¨ªa'.

La reacci¨®n del primer partido de la oposici¨®n ha sido, no obstante, la m¨¢s moderada del arco parlamentario. IU y CiU anunciaron que pedir¨¢n la comparecencia del ministro del Interior, Mariano Rajoy. El primero de estos grupos exigi¨® la retirada de la orden y estudia ponerla en conocimiento del fiscal General del Estado por si fuera constitutiva de delito. A su juicio, la circular 'bordea el tipo penal de incitaci¨®n directa al racismo y la xenofobia' y constituye 'un hostigamiento policial, con potencialidades de implantar esquemas de pensamiento racista en Espa?a'.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, la calific¨® como 'inquietante, no razonable y en posible contradicci¨®n con aspectos de la legalidad espa?ola'. Margarita Ur¨ªa, del PNV, dijo que era 'sorprendente y especialmente grave'. La diputada vasca destac¨® que afecta a latinoamericanos, 'con los que Espa?a ha tenido muchas veces actitudes proteccionistas y paternalistas', y destac¨® que quienes la han elaborado han descuidado la posibilidad de inducir a conductas xen¨®fobas: 'No eludo los problemas de seguridad ciudadana, pero es m¨¢s importante el riesgo de conductas racistas', insisti¨®. Este peri¨®dico intent¨® conseguir la opini¨®n de la portavoz del PP en asuntos de inmigraci¨®n, ?ngeles Mu?oz, sin resultado.

La ONG SOS Racismo emiti¨® un comunicado manifestando su 'indignaci¨®n, estupor y total rechazo' hacia la orden policial, que calific¨® de 'bajeza incalificable' y 'atentatoria contra los derechos fundamentales y garant¨ªas jur¨ªdicas que corresponden a las personas de estas nacionalidades, al m¨¢s puro estilo del nazismo en los a?os treinta. No hace sino estigmatizar y prejuiciar a determinados colectivos y vulnerar derechos y garant¨ªas democr¨¢ticas'. Tras se?alar que 'estamos ante una situaci¨®n socialmente muy peligrosa y de car¨¢cter racista y xen¨®fobo', solicita 'la inmediata retirada del dispositivo de seguridad, la rectificaci¨®n de las autoridades policiales ante los colectivos afectados y la intervenci¨®n inmediata del Defensor del Pueblo'. Adem¨¢s, se reserva 'la posibilidad de iniciar acciones p¨²blicas y judiciales'.

Tambi¨¦n las asociaciones de inmigrantes han reaccionado con indignaci¨®n. El portavoz de la organizaci¨®n hispano ecuatoriana Rumi?ahui, Ra¨²l Jim¨¦nez, argument¨® que ning¨²n ¨®rgano judicial puede avalar la orden porque 'est¨¢ basada en la nacionalidad de las personas, vulnera su vida privada, alimenta la xenofobia y nos deja a disposici¨®n de la arbitrariedad policial'. Anunci¨® medidas legales en cuanto su asociaci¨®n tenga noticia del primer incidente relacionado con ella.

Mientras la embajada de Colombia en Madrid se muestra de acuerdo con la circular, la asociaci¨®n de ciudadanos de este pa¨ªs AESCO la calific¨® de injustificable y anunci¨® que coordinar¨¢ acciones con otras asociaciones para responder jur¨ªdica y socialmente. Elvyra Pab¨®n, presidenta de AICODE, se pregunt¨® d¨®nde queda la presunci¨®n de inocencia inherente a un Estado de derecho. Afirm¨® que la orden estigmatiza a los dos colectivos latianomericanos y contribuye a cerrar las puertas laborales a sus miembros. 'Esto no lo hacen Francia ni el Reino Unido con los inmigrantes de sus ex colonias'.