Contra la Ley de Universidades
La presentaci¨®n el 27 de julio en el Parlamento, por parte del Gobierno, del proyecto de Ley de Universidades ha supuesto la renuncia del Ministerio de Educaci¨®n a cualquier tipo de debate sobre la Ley. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de la reforma de la ense?anza superior, la responsabilidad pol¨ªtica ante el futuro es mucho mayor. Despu¨¦s de la actitud que ha tenido el Gobierno, y a la vista del texto presentado, podemos decir que estamos delante de una verdadera contrarreforma de la ense?anza superior que pretende entre otras cosas una jerarquizaci¨®n de las relaciones internas de la universidad y una evidente p¨¦rdida de autonom¨ªa frente a los poderes p¨²blicos. Es evidente que la Ley anterior, la LRU (1983), necesitaba una profunda reforma o una nueva ley, por ello, cuando el Gobierno anunci¨® la presentaci¨®n del anteproyecto de ley, la Federaci¨®n de Ense?anza de CCOO ya hab¨ªa hecho p¨²blica una plataforma de 13 puntos b¨¢sicos para la nueva ley de Universidades en la que se establec¨ªan los m¨ªnimos necesarios que, seg¨²n CCOO, deber¨ªa recoger el nuevo texto normativo. Esta plataforma se divid¨ªa en tres bloques: financiaci¨®n para corregir los actuales d¨¦ficit en inversiones, ¨®rganos de Gobierno que reconozcan la autonom¨ªa universitaria como pilar fundamental, y una apuesta por la participaci¨®n y corresponsabilidad en el gobierno de la Universidad. En un tercer bloque propon¨ªamos un modelo de carrera profesional para el PAS y para el PDI impulsando medidas de estabilidad laboral. Estas propuestas fueron presentadas al Ministerio que les dio cabida en una ficticia negociaci¨®n sin ning¨²n acuerdo concreto.
Pero la realidad del proyecto de ley no s¨®lo no ha recogido algo de lo que propon¨ªa CCOO y amplios sectores de la Universidad, sino que opta por una verdadera agresi¨®n a los derechos del PAS y una precarizaci¨®n y ruptura de la carrera profesional al PDI.
La falta de un plan de financiaci¨®n va a suponer de nuevo que sea inviable cualquier propuesta de consolidaci¨®n y mejora de la Universidad.
La LOU provoca un retroceso democr¨¢tico al potenciar ¨®rganos unipersonales frente a colegiados, llegando a establecer que decanos y decanas, directores y directoras de centros podr¨¢n ser elegidos o designados. De la misma forma, al PAS se le reduce la representaci¨®n en los consejos de departamento promoviendo adem¨¢s un enfrentamiento con los estudiantes en el reparto de la representatividad.
Se anula en algunos aspectos la negociaci¨®n colectiva al disminuir la representaci¨®n del PAS en los distintos ¨®rganos.
La LOU establece una carrera docente llena de obst¨¢culos en la que, tanto para el acceso como para la promoci¨®n, habr¨¢ una habilitaci¨®n estatal que, lejos de ser una garant¨ªa de igualdad fomentar¨¢ los grupos de presi¨®n tal como exist¨ªa antes de la LRU. Esta habilitaci¨®n estar¨¢ primero condicionada al n¨²mero de habilitaciones que convoque el Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria (no de la capacidad y m¨¦rito de los que se presenten) y despu¨¦s habr¨¢ que esperar a que las Universidades convoquen plazas. A esto hay que unir el evidente aumento de la precariedad que se va a dar en las universidades al permitir esta Ley que hasta un 49% del personal docente e investigador sea contratado, con disminuci¨®n de su representaci¨®n y con escasos derechos.
Vista la escasa capacidad de consenso del Ministerio a nadie se le escapa a estas alturas que la ley que propone el Gobierno del PP, es una vuelta atr¨¢s al modelo pre-LRU basado en el control pol¨ªtico de las universidades, por ello escogen un modelo plebiscitario de elecci¨®n del rector o rectora que da pie a un fuerte presidencialismo. Los ataques por parte de la Ministra y el Presidente del Gobierno a los rectores son fruto de la lectura simplista del papel que tienen los rectores en las universidades espa?olas: sus declaraciones y posicionamientos responden mayoritariamente al sentir de un claustro y una junta de gobierno elegidas democr¨¢ticamente y no de opiniones personales.
Esta contrarreforma responde a un plan m¨¢s amplio y ambicioso del gobierno popular: reformar el actual sistema educativo e implantar uno m¨¢s selectivo. El decreto de Humanidades, la anunciada Ley de Calidad son algunos ejemplos de ese plan. Pod¨ªamos resumirlo as¨ª: elevemos la exigencia de conocimientos, seleccionemos al alumnado y as¨ª tendremos unos mejores profesionales etc. Obviando lo que muchas sociedades est¨¢n implantando: cuanta m¨¢s gente y m¨¢s extensa sea la formaci¨®n en un pa¨ªs, mayores las posibilidades de progreso del mismo.
Queremos que la Generalitat Valenciana tambi¨¦n d¨¦ su opini¨®n. En mayo de este a?o, en una reuni¨®n informal con organizaciones sindicales, a la espera de la constituci¨®n de la Mesa Sectorial de Universidades, le fue entregado al Director General de Universidades, Salvador Forner, un escrito firmado por CCOO y tres organizaciones m¨¢s pidiendo la negociaci¨®n de la futura ley. Nunca m¨¢s hemos sido convocados.
Ante todo ello, y con el fin de evitar que la mayor¨ªa absoluta en el Parlamento aplaste la posibilidad de un debate, las Federaciones de Ense?anza de UGT y CCOO hemos convocado el d¨ªa 7 de noviembre una jornada de huelga que, junto a organizaciones juveniles y estudiantiles, sirva para impulsar la movilizaci¨®n y para conseguir una nueva ley que responda a las necesidades de una sociedad m¨¢s avanzada.
Manuel Pic¨® Tormo es Secretario General de la Federaci¨® d'Ensenyament CCOO PV
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