La libertad en tiempos de c¨®lera

El terrorismo no s¨®lo mata personas indiscriminadamente y desestabiliza la vida social, econ¨®mica y pol¨ªtica. ?se es su da?o directo, pero tambi¨¦n produce da?os colaterales: la involuci¨®n en las libertades y los derechos humanos.

Desde el 11 de septiembre, en Estados Unidos al menos, la gente parece valorar m¨¢s la seguridad y menos la libertad. Los Gobiernos saben esto y lo aprovechan. No hay que irse muy lejos para constatarlo. El Gobierno espa?ol, del que no se ha conocido una sola iniciativa en la crisis, tuvo inmediatamente la ocurrencia -neutralizada ante la negativa del partido socialista- de inventar un nuevo Centro Nacional de Inteligencia (actual Cesid), d¨¢ndole facultades para vulnerar la intimidad de las personas, su domicilio y sus comunicaciones, sin autorizaci¨®n judicial.

El Gobierno de EE UU es quien est¨¢ llevando la voz cantante en dar forma pol¨ªtica a los deseos emotivos de respuesta dura que han nacido en su opini¨®n p¨²blica. Ha empezado por restringir seriamente la libertad de informaci¨®n sobre la guerra, incluso a los propios legisladores que tienen poderes constitucionales para revisar lo que hace la Casa Blanca.

En EE UU, en estos momentos, hay 1.000 detenidos cuya situaci¨®n legal y f¨ªsica se desconoce, como tampoco se sabe qu¨¦ cargos hay contra ellos. Pero no s¨®lo eso. El Congreso de EE UU, a impulsos del impetuoso ministro de Justicia, John Ashcroft, ha aprobado un paquete legislativo antiterrorista que m¨¢s bien equivale a un estado de excepci¨®n. A velocidad r¨¦cord, en medio de una atm¨®sfera de p¨¢nico, se ha dado el s¨ª a leyes que permitir¨¢n al FBI controlar todas las comunicaciones, por Internet o por tel¨¦fono, de sospechosos de vinculaci¨®n con el terrorismo -concepto definido en t¨¦rminos extraordinariamente vagos- y de cualquier persona con la que aqu¨¦l pudiera hablar o conectar. El pinchazo lo podr¨¢ decidir en ciertos casos un fiscal federal, sin autorizaci¨®n judicial, por 48 horas. La polic¨ªa podr¨¢ detener a extranjeros residentes sin necesidad de formular cargos contra ellos, durante siete d¨ªas (Ashcroft quer¨ªa una detenci¨®n indefinida y registrar domicilios sin notificaci¨®n previa). Los jueces condenar¨¢n como terroristas a quienes acojan a una persona si debieran haber deducido ('razonables bases para creer') que era alguien relacionado con el terrorismo, actividad que a partir de ahora podr¨ªa imputarse a alguien quiz¨¢ por su hostilidad expl¨ªcita al sistema pol¨ªtico. Esto, despu¨¦s de que el Congreso haya suavizado sustancialmente las pretensiones del Gobierno norteamericano, constituye la expansi¨®n m¨¢s fuerte de la autoridad ejecutiva federal desde la guerra fr¨ªa. Sin duda, confronta con la IV Enmienda de la vieja Constituci¨®n de EE UU.

La obsesi¨®n por limitar derechos esenciales con la excusa de dar m¨¢s medios a la polic¨ªa para descubrir a terroristas ha llegado mim¨¦ticamente a Europa, en especial a los cuatro grandes: Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. El Gobierno de Blair es quien con m¨¢s fuerza ha propuesto dar potestades extraordinarias a la polic¨ªa, lo que afectar¨¢ a los extranjeros sospechosos, que podr¨ªan ser deportados o ser internados indefinidamente (!); a los solicitantes de asilo, que no tendr¨¢n derecho ni siquiera a pedirlo -sin posibilidad de apelaci¨®n judicial- si se piensa que pueden constituir una 'amenaza a la seguridad nacional'-, y hasta a personas no implicadas en actividades terroristas, pero con una relaci¨®n indirecta, lo que las convertir¨ªa en reos de conspiracy (t¨¦rmino muy abstracto). Las medidas son tan fuertes que el Reino Unido tendr¨¢ que suspender la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos que acaba de incorporar a su derecho interno. Y todo eso a pesar de que el IRA ha anunciado la entrega de sus armas.

Alemania, aunque no ha llegado tan lejos, ha entrado tambi¨¦n en la v¨ªa de limitar tradicionales garant¨ªas, particularmente en lo que hasta ahora ha sido un derecho sacrosanto como la protecci¨®n de la intimidad de los datos personales. En el futuro, la polic¨ªa, las administraciones y las universidades podr¨¢n cruzar datos de millones de personas ('persecuci¨®n reticular') en aras de una especie de sospecha universal. Adem¨¢s, en Alemania se ha congelado la pol¨ªtica de apertura a las nacionalizaciones.

Tambi¨¦n Francia ha planteado reformas legales, que van en una l¨ªnea similar de control sobre las comunicaciones e Internet, pero en un sentido m¨¢s moderado y garantista, lo que no ha dejado de alarmar a organizaciones de derechos civiles, que temen sobre todo los poderes de control sobre las personas que se van a otorgar a los agentes de seguridad privada.

En cuanto a Italia, las garant¨ªas judiciales del Estado de derecho han saltado por los aires. El Gobierno ha decidido darse manos libres para alargar los tiempos de investigaci¨®n y para interceptar conversaciones telef¨®nicas y v¨ªa Internet, con fines preventivos o meramente informativos, sin autorizaci¨®n judicial. Se ampl¨ªa el tiempo de detenci¨®n policial y el Ej¨¦rcito vigila los servicios p¨²blicos estrat¨¦gicos.

En Italia est¨¢ punto de entrar en vigor una nueva ley de inmigraci¨®n que deroga la mejor ley europea sobre la materia, aprobada por el Gobierno del centro-izquierda en 1998. Berlusconi har¨¢ imposible la entrada legal de inmigrantes para la b¨²squeda de empleo, establecer¨¢ el 'delito de clandestinidad' con pena de hasta cuatro a?os de c¨¢rcel, expulsar¨¢ inmediatamente a todo aquel que no tenga contrato laboral en vigor, no dar¨¢ contratos de trabajo cuando haya un solo italiano en paro en el sector y ampliar¨¢ el tiempo de internamiento para los extranjeros susceptibles de ser expulsados.

Espa?a ya no necesita hacer algo parecido porque la Ley de Extranjer¨ªa 8/2000 prev¨¦ la ausencia de los derechos fundamentales b¨¢sicos a todos los extranjeros sin documentaci¨®n en regla, y una expulsi¨®n draconiana en 48 horas, sin garant¨ªa judicial, bajo la arbitrariedad del ministro del Interior. Por una vez, el Gobierno espa?ol se ha adelantado a las consecuencias del 11 de septiembre, en lo que a restricci¨®n de derechos de los inmigrantes se refiere.

Estas medidas no van precisamente en la l¨ªnea de evitar el 'choque de civilizaciones'. Europa se encamina a una supuesta hiperseguridad al precio de una infralibertad. Tropieza as¨ª en la segunda piedra. En los 'a?os de plomo' de la d¨¦cada de los setenta a los ochenta, los antes citados Estados, por lo general bajo gobiernos conservadores, ya endurecieron fort¨ªsimamente sus leyes contra el terrorismo del IRA, la Baader Meinhof, ETA o las Brigadas Rojas. La legislaci¨®n europea penal y procesal de emergencia antiterrorista, que sigue en buena medida vigente, condujo a abusos policiales tan escalofriantes como los sufridos en el Reino Unido por los cuatro de Guildford, o los seis de Birminghan (cuya tragedia se llev¨® al filme En el nombre del padre), o por las v¨ªctimas espa?olas del caso Almer¨ªa. Las definiciones legales amplias e inconcretas terminan por hacernos a todos sospechosos y ser la antesala del inevitable exceso represivo.

Es de alabar, por supuesto, que en la Uni¨®n Europea se proponga una pol¨ªtica decidida contra el blanqueo de dinero y los para¨ªsos fiscales, o que se cree una orden europea de b¨²squeda y entrega, o se profundice en la cooperaci¨®n policial. Pero la involuci¨®n en las libertades es un serio error.

Tenemos que rebatir dos argumentos que suelen emplearse a favor de una legislaci¨®n antiterrorista basada en limitar o suprimir los derechos y garant¨ªas de las personas. El primero es que tal legislaci¨®n ser¨ªa necesaria para vencer al terrorismo. No es as¨ª. Los atentados de EE UU se habr¨ªan producido con estas pretendidas reformas o sin ellas. Las evidencias muestran, como se?al¨® el diario estadounidense de mayor tirada, USA Today, y ahora quiere investigar el Congreso, que los hechos del 11 de septiembre se pudieron y debieron haber previsto. Porque fueron debidos a fallos serios en el funcionamiento de los servicios de inteligencia o de polic¨ªa en EEUU (cuyos medios materiales se han multiplicado por cuatro desde 1993). No a la falta de leyes o de normas favorecedoras de la acci¨®n policial, que ya las tiene. Es muy grave escuchar que la CIA necesita tener 'licencia para matar'. Con ello tendr¨ªamos asegurada toda una generaci¨®n de Bin Laden para el futuro.

Segundo argumento que se utiliza: habr¨ªa que limitar y reprimir la inmigraci¨®n y el asilo para combatir el 'terrorismo isl¨¢mico'. Pero esto es otra falacia, que s¨®lo conduce a mezclar perversamente inmigrantes y terrorismo, y a dar alas a los grupos xen¨®fobos en nuestras sociedades, a criminalizar a la poblaci¨®n musulmana y a otras etnias o culturas y a hacer desaparecer el derecho de asilo, el cual es, como dice Amnist¨ªa Internacional, el punto negro de la pol¨ªtica de derechos humanos en la Uni¨®n Europea.

As¨ª que animenos a los gobernantes y a los pueblos de los pa¨ªses democr¨¢ticos a mantener la serenidad en estos tiempos, m¨¢s propios para la desaz¨®n o la c¨®lera. Porque no estamos ante la tercera guerra mundial ni en estado de sitio. Contra lo que dijo en el Parlamento el jefe del Estado Mayor para justificar la implicaci¨®n 'interior' de las Fuerzas Armadas, el terrorismo no est¨¢ poniendo en cuesti¨®n 'la propia supervivencia de nuestro pa¨ªs como naci¨®n', ni hay que ir a una militarizaci¨®n de la pol¨ªtica. Espa?a, Europa, EE UU, a pesar del horror del 11 de septiembre, gozan de vitalidad y salud democr¨¢ticas. No erosionemos nosotros mismos aquello en lo que creemos y por lo que luchamos, es decir, nuestro sistema de valores, que descansa en la igualdad, el liberalismo pol¨ªtico, el Estado laico, la paridad de sexos, las libertades y los derechos humanos. ?stos, como dice Norberto Bobbio, son la ¨²nica garant¨ªa del paso de la violencia a la cultura de la no violencia.

La libertad no es un obst¨¢culo para la seguridad. Es su esencia.

Diego L¨®pez Garrido es diputado del Grupo Socialista y autor del libro Terrorismo, pol¨ªtica y derecho (Alianza Editorial).