Los jueces de Euskadi exigen seguridad y m¨¢s apoyo pol¨ªtico

Con la desolaci¨®n en los rostros y una tristeza infinita que les ro¨ªa las entra?as del alma, medio centenar de jueces, fiscales y secretarios de juzgado mantuvieron el mi¨¦rcoles al mediod¨ªa en Bilbao una reuni¨®n de urgencia destinada a evaluar la situaci¨®n creada con el asesinato, pocas horas antes, de Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n y tratar de apuntalar el desarbolado edificio judicial vasco. Los presentes redactaron un texto en el que se declaran dispuestos a juzgar con equidad a los propios asesinos de su compa?ero. Cuando el documento era sometido a la aprobaci¨®n de los asistentes, un magistrado intervino para objetar: 'Un momento, un momento; hemos dicho antes que s¨®lo vamos a expresar lo que verdaderamente sentimos. ?No deber¨ªamos preguntarnos si estamos en condiciones de sostener ese compromiso?'. La mayor¨ªa se mostr¨® capaz de juzgar a los asesinos de jueces y el texto fue hecho p¨²blico tal cual, pero la aparici¨®n misma de un interrogante tan inusual revela en su brutal sinceridad el grado de deterioro an¨ªmico alcanzado.

'Los jueces que no saben euskera deben dejar el sitio a los que lo saben' (Arzalluz, 1996)

Los magistrados piden que se les garantice a cada uno de ellos la seguridad para ejercer

'Nadie nos puede pedir una heroicidad permanente. Esto va a quedar como un solar'

En las reuniones de estos d¨ªas, en los encuentros surgidos en torno al cad¨¢ver de su compa?ero, los magistrados vascos han sacado fuerzas de flaqueza para ratificarse en su decisi¨®n de continuar ejerciendo profesionalmente en Euskadi, aunque esta vez han puesto dos condiciones. La primera, que se les garantice la seguridad. La segunda, que el Gobierno y la Administraci¨®n vascas les reconozcan expresamente como a sus jueces, que se ponga fin a las descalificaciones, a las acusaciones de ajeneidad, al discurso, velado y expl¨ªcito que, envuelto frecuentemente en la bandera de la euskaldunizaci¨®n, les ha presentado a partir del Pacto de Lizarra como cuerpos extra?os, ajenos a la comunidad vasca.

Los jueces y fiscales no se quitan de la cabeza que sus problemas se precipitaron fatalmente a ra¨ªz del discurso que el presidente del PNV Javier Arzalluz pronunci¨® el 24 de noviembre de 1996 en el cementerio de Sukarrieta (Vizcaya) ante la tumba de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Arzalluz proclam¨® que los jueces que no saben euskera -s¨®lo lo domina un porcentaje residual- 'deber¨ªan dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al pa¨ªs, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y Espa?a tambi¨¦n'.

Si la desbandada judicial que tantos magistrados vascos auguran ahora en privado no llega finalmente a producirse, habr¨¢ que atribuirlo a la actitud militante de un n¨²cleo de magistrados, nacidos o no en Euskadi, vascos naturales y de adopci¨®n, que como el propio Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n asumieron un grado de compromiso profesional y ciudadano superior, quiz¨¢s, al razonable. Con ser imprescindibles, el anunciado reforzamiento de la seguridad y el amparo reclamado de las instituciones vascas pueden resultar a estas alturas insuficientes para contener la previsible hemorragia de abandonos, una desbandada escalonada que puede cobrar cuerpo en los concursos de traslado. Tal es el grado de desencuentro y desconfianza, la sensaci¨®n de desamparo.

El final de esa perspectiva derrotista que intuyen algunos en estos momentos de desaliento es el regreso al 'punto cero' de la transici¨®n pol¨ªtica, cuando los jueces que llegaban, forzosos, a Euskadi solicitaban el traslado el mismo d¨ªa de su toma de posesi¨®n, cuando las denuncias de malos tratos y cualquier otro asunto espinoso se acumulaban en cajones de los juzgados, cuando la justicia en el Pa¨ªs Vasco era una justicia provisional, transitoria, de p¨¦sima calidad.

'La prioridad del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno vasco debe ser la de garantizar el funcionamiento de la justicia en Euskadi', sostiene Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, miembro de Tribunal Supremo y antiguo presidente de las Audiencias de Guip¨²zcoa y Vizcaya. El alto magistrado, integrante, junto con Juan Alberto Belloch, C¨¢ndido Pumpido, Elisabeth Huertas y otros, del grupo pionero que hace dos d¨¦cadas opt¨® por quedarse en Euskadi y construir la justicia, considera imprescindible que se adopten medidas de seguridad individualizadas para el colectivo judicial. 'Hay que estudiar cada caso en particular, uno a uno, qu¨¦ trayectos hace, d¨®nde vive, c¨®mo se le puede garantizar la seguridad. En estos momentos', a?ade, 'ya no sirven medidas gen¨¦ricas', como ha planteado al anterior vocal del Consejo y delegado para Euskadi, el nacionalista Emilio Olabarria, 'ni tampoco', dice, 'posturas como la del fiscal general del Estado', Jes¨²s Cardenal, que parten de suponer que no hay efectivos policiales suficientes. 'Debe haberlos', a?ade Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, 'porque est¨¢ en juego el funcionamiento judicial en Euskadi y eso exige que mis compa?eros se sientan razonablemente seguros y que noten la proximidad y el calor del Consejo del Poder Judicial, algo que no ha existido durante estos a?os atr¨¢s'.

Aunque la grieta abierta parece haber resquebrajado algunas voluntades tambi¨¦n entre la 'vieja guardia', la columna vertebral que ha sostenido el edificio judicial vasco en los ¨²ltimos 20 a?os, las miradas se vuelven preferentemente hacia los jueces suplentes y sustitutos, alguno con 12 a?os de servicio en suplencias, que cargan con gran parte del trabajo judicial.

Para rellenar las vacantes sin cubrir -el 20%, aproximadamente, de una plantilla oficial de 190 jueces-, la Administraci¨®n de Justicia recurri¨® el pasado a?o a 121 licenciados en Derecho, profesores de Universidad o jueces pendientes de destino que ejercen habitualmente las tareas de sustituci¨®n y suplencia tras un nombramiento honor¨ªfico. Euskadi, donde tradicionalmente no ha existido vocaci¨®n judicial, precisa una decena de juzgados nuevos y necesita incrementar a medio plazo su plantilla con 60 jueces m¨¢s. El n¨²mero de funcionarios asciende a 1.700. S¨®lo el 18% domina el euskera, lengua que estudian regularmente unos 70 magistrados.

'Nadie nos puede pedir un ejercicio de heroicidad permanente. Yo creo que esto va a quedarse como un solar', dice un magistrado, con largos a?os de ejercicio en Euskadi, que durante un tiempo alberg¨® la esperanza de sentirse alg¨²n d¨ªa plenamente integrado en el Pa¨ªs Vasco. 'Es una situaci¨®n de desamparo insoportable', afirma, 'y lo peor no es la soledad, claro, sino la indiferencia que percibimos. Aqu¨ª hay dos magistrados con escolta de un total de sesenta y 300 ertzainas aprendiendo euskera. No le importamos a nadie. No puedo permitirme salir a la calle y vivo encerrado entre mi casa y en el despacho. No podemos seguir esperando que la bala vaya a otra parte, que el agua corra hacia abajo, a los que no est¨¢n protegidos, confiar en que uno no sea importante, que no se haya hecho notar demasiado', indica. El destino en Euskadi tampoco aporta ventajas espec¨ªficas. 'Hay m¨¢s trabajo a causa de las vacantes cr¨®nicas y se gana lo mismo que en una ciudad de provincias', se?ala otro magistrado. Los jueces nacidos en Euskadi surgidos de las nuevas promociones son relativamente escasos y muchas veces optan por destinos situados fuera de su pa¨ªs. 'Nuestros juzgados est¨¢n a la cola de las preferencias de la Escuela Judicial. A esos efectos', afirma un tercero, 'San Sebasti¨¢n, por ejemplo, est¨¢ ahora mismo como Marbella'.

El consejero de Interior, Javier Balza, ha dicho que el asesinato de Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n es un 'salto cualitativo' de ETA, aunque, en rigor, habr¨ªa que hablar m¨¢s bien de la consumaci¨®n de un prop¨®sito asesino trabajado durante los ¨²ltimos a?os. Eso es algo acreditado por la documentaci¨®n incautada a los comandos, por las declaraciones de la propia organizaci¨®n terrorista y las amenazas de los representantes de las Gestoras y de Batasuna, por los atentados con bombas a las sedes judiciales, por las campa?as de hostigamiento. 'Si al principio de la anterior legislatura s¨®lo aparec¨ªan 4 jueces en la documentaci¨®n incautada a los activistas de ETA, ahora hay 74 y 9 fiscales. Era muy evidente que ven¨ªan a por nosotros; de hecho, algunos compa?eros nuestros tuvieron que salir precipitadamente porque el comando ten¨ªa registrados todos sus movimientos al m¨ªnimo detalle', indica un magistrado. Durante estos ¨²ltimos a?os, el asunto de la seguridad ha dado lugar a pol¨¦micas frecuentes entre los magistrados vascos y la Consejer¨ªa de Interior, si bien en los ¨²ltimos meses la situaci¨®n parec¨ªa encauzada y la Ertzaintza se mostraba receptiva a estudiar f¨®rmulas de seguridad con aqu¨¦llos que reclamaban protecci¨®n, algo que no se produjo con Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n. 'Son ellos, los responsables de seguridad, los que deber¨ªan decirnos cu¨¢l es nuestra situaci¨®n y no al rev¨¦s', dice el titular de un juzgado.

Por las razones que sean: escasez de efectivos, an¨¢lisis incorrecto de las intenciones de ETA -el mismo Olabarria declar¨® cuando era vocal que no entend¨ªa por qu¨¦ el Departamento de Interior no se tomaba en serio los temores de los magistrados-, la direcci¨®n de la Ertzaintza ha ido a remolque de las inquietudes de los jueces.

El asesinato del mi¨¦rcoles pasado en Bilbao es la coronaci¨®n de lo que algunos magistrados llaman 'los a?os de plomo judicial vasco', un periodo de hostigamiento violento y de descr¨¦dito pol¨ªtico que se inici¨® en los proleg¨®menos del Acuerdo de Lizarra. 'Ha sido una evoluci¨®n lamentable', indica Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, 'porque durante la ¨¦poca de Ardanza tuvimos siempre una sensaci¨®n de respeto mutuo. D¨¢bamos una imagen de Estado no dependiente del Ejecutivo de Madrid, como se hab¨ªa demostrado en la instrucci¨®n de los casos de torturas y malos tratos y en los conflictos con el Ministerio del Interior. Digamos que aunque no est¨¢bamos considerados como vascos, muchos no lo ¨¦ramos, al menos de nacimiento, se valoraba nuestro trabajo y que tuvi¨¦ramos un discurso propio. Todo ha cambiado despu¨¦s', agrega.

Lo que cambi¨®, seg¨²n varios magistrados, es la radicalizaci¨®n del nacionalismo no violento. 'La idea de la expulsi¨®n de los jueces no vascoparlantes, expuesta inicialmente por Arzalluz, fue acogida r¨¢pidamente por la organizaci¨®n radical monoling¨¹¨ªstica Euskalherrian Euskaraz (En Euskalherria en euskera) y por una nueva organizaci¨®n denominada Sindicato de Abogados Euskaldunes. Los primeros difundieron panfletos en los que tras identificar a varios magistrados se indicaba textualmente: 'Jueces espa?oles se han atrevido sin ning¨²n tipo de reparo a juzgar a un euskald¨²n. Que sepan los buitres el papel a qu¨¦ est¨¢n jugando, el desprecio que nos est¨¢n haciendo a los euskaldunes y cu¨¢l es el sitio que les corresponde... Lo llevan claro si pretenden continuar tranquilamente bajo la sombra de los traductores... En un pueblo en el que existen dos idiomas oficiales, el juez que s¨®lo domina uno de ellos es medio analfabeto y no tiene sitio. Que dejen sus puestos. Que se vayan a Espa?a'.

En un contexto en el que HB (ahora Batasuna) reclamaba un espacio judicial vasco y el PNV 'un Poder Judicial propio para Euskalherria', el Sindicato de Abogados Euskaldunes desarroll¨® una campa?a sistem¨¢tica de 'se?alamientos' p¨²blicos de los jueces a expulsar. Con la kale borroka actuando contra las sedes judiciales y en plena campa?a de amedrantamiento a trav¨¦s de amenazas an¨®nimas a los jueces y a sus familias, estos abogados rechazaban la utilizaci¨®n en las sesiones orales de los int¨¦rpretes y traductores y a continuaci¨®n requer¨ªan la expulsi¨®n de los magistrados que segu¨ªan el procedimiento legal y se negaban a suspender las vistas. 'El 90% de los jueces se?alados en aquellos casos se encuentra actualmente fuera del Pa¨ªs Vasco', subraya un juez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco Juan Luis Ibarra cree que las expectativas existentes entonces de negociaciones entre el PNV y PP para la implantaci¨®n de consejos territoriales de gobierno de la judicatura, cuyos integrantes ser¨ªan designados por las instituciones auton¨®micas, contribuy¨® a ese clima de 'demonizaci¨®n' de los jueces. 'Era una opci¨®n perfectamente leg¨ªtima para el legislador, pero el problema', dice, 'era que se reclamaba para esos futuros ¨®rganos la titularidad de las competencias para la selecci¨®n de jueces y para la provisi¨®n de cargos judiciales, adem¨¢s de las funciones relacionadas con la inspecci¨®n de tribunales y con el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los magistrados'. De igual manera, los partidos nacionalistas requirieron, tambi¨¦n sin ¨¦xito, puesto que ambas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 1998, que los asuntos formulados en euskera fueran encomendados a jueces honor¨ªficos euskaldunes.Con la desolaci¨®n en los rostros y una tristeza infinita que les ro¨ªa las entra?as del alma, medio centenar de jueces, fiscales y secretarios de juzgado mantuvieron el mi¨¦rcoles al mediod¨ªa en Bilbao una reuni¨®n de urgencia destinada a evaluar la situaci¨®n creada con el asesinato, pocas horas antes, de Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n y tratar de apuntalar el desarbolado edificio judicial vasco. Los presentes redactaron un texto en el que se declaran dispuestos a juzgar con equidad a los propios asesinos de su compa?ero. Cuando el documento era sometido a la aprobaci¨®n de los asistentes, un magistrado intervino para objetar: 'Un momento, un momento; hemos dicho antes que s¨®lo vamos a expresar lo que verdaderamente sentimos. ?No deber¨ªamos preguntarnos si estamos en condiciones de sostener ese compromiso?'. La mayor¨ªa se mostr¨® capaz de juzgar a los asesinos de jueces y el texto fue hecho p¨²blico tal cual, pero la aparici¨®n misma de un interrogante tan inusual revela en su brutal sinceridad el grado de deterioro an¨ªmico alcanzado.

En las reuniones de estos d¨ªas, en los encuentros surgidos en torno al cad¨¢ver de su compa?ero, los magistrados vascos han sacado fuerzas de flaqueza para ratificarse en su decisi¨®n de continuar ejerciendo profesionalmente en Euskadi, aunque esta vez han puesto dos condiciones. La primera, que se les garantice la seguridad. La segunda, que el Gobierno y la Administraci¨®n vascas les reconozcan expresamente como a sus jueces, que se ponga fin a las descalificaciones, a las acusaciones de ajeneidad, al discurso, velado y expl¨ªcito que, envuelto frecuentemente en la bandera de la euskaldunizaci¨®n, les ha presentado a partir del Pacto de Lizarra como cuerpos extra?os, ajenos a la comunidad vasca.

Los jueces y fiscales no se quitan de la cabeza que sus problemas se precipitaron fatalmente a ra¨ªz del discurso que el presidente del PNV Javier Arzalluz pronunci¨® el 24 de noviembre de 1996 en el cementerio de Sukarrieta (Vizcaya) ante la tumba de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. Arzalluz proclam¨® que los jueces que no saben euskera -s¨®lo lo domina un porcentaje residual- 'deber¨ªan dejar el sitio a quienes saben la lengua o entienden mejor al pa¨ªs, e irse a otro lado, que la justicia es ancha y Espa?a tambi¨¦n'.

Si la desbandada judicial que tantos magistrados vascos auguran ahora en privado no llega finalmente a producirse, habr¨¢ que atribuirlo a la actitud militante de un n¨²cleo de magistrados, nacidos o no en Euskadi, vascos naturales y de adopci¨®n, que como el propio Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n asumieron un grado de compromiso profesional y ciudadano superior, quiz¨¢s, al razonable. Con ser imprescindibles, el anunciado reforzamiento de la seguridad y el amparo reclamado de las instituciones vascas pueden resultar a estas alturas insuficientes para contener la previsible hemorragia de abandonos, una desbandada escalonada que puede cobrar cuerpo en los concursos de traslado. Tal es el grado de desencuentro y desconfianza, la sensaci¨®n de desamparo.

El final de esa perspectiva derrotista que intuyen algunos en estos momentos de desaliento es el regreso al 'punto cero' de la transici¨®n pol¨ªtica, cuando los jueces que llegaban, forzosos, a Euskadi solicitaban el traslado el mismo d¨ªa de su toma de posesi¨®n, cuando las denuncias de malos tratos y cualquier otro asunto espinoso se acumulaban en cajones de los juzgados, cuando la justicia en el Pa¨ªs Vasco era una justicia provisional, transitoria, de p¨¦sima calidad.

'La prioridad del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno vasco debe ser la de garantizar el funcionamiento de la justicia en Euskadi', sostiene Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, miembro de Tribunal Supremo y antiguo presidente de las Audiencias de Guip¨²zcoa y Vizcaya. El alto magistrado, integrante, junto con Juan Alberto Belloch, C¨¢ndido Pumpido, Elisabeth Huertas y otros, del grupo pionero que hace dos d¨¦cadas opt¨® por quedarse en Euskadi y construir la justicia, considera imprescindible que se adopten medidas de seguridad individualizadas para el colectivo judicial. 'Hay que estudiar cada caso en particular, uno a uno, qu¨¦ trayectos hace, d¨®nde vive, c¨®mo se le puede garantizar la seguridad. En estos momentos', a?ade, 'ya no sirven medidas gen¨¦ricas', como ha planteado al anterior vocal del Consejo y delegado para Euskadi, el nacionalista Emilio Olabarria, 'ni tampoco', dice, 'posturas como la del fiscal general del Estado', Jes¨²s Cardenal, que parten de suponer que no hay efectivos policiales suficientes. 'Debe haberlos', a?ade Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, 'porque est¨¢ en juego el funcionamiento judicial en Euskadi y eso exige que mis compa?eros se sientan razonablemente seguros y que noten la proximidad y el calor del Consejo del Poder Judicial, algo que no ha existido durante estos a?os atr¨¢s'.

Aunque la grieta abierta parece haber resquebrajado algunas voluntades tambi¨¦n entre la 'vieja guardia', la columna vertebral que ha sostenido el edificio judicial vasco en los ¨²ltimos 20 a?os, las miradas se vuelven preferentemente hacia los jueces suplentes y sustitutos, alguno con 12 a?os de servicio en suplencias, que cargan con gran parte del trabajo judicial.

Para rellenar las vacantes sin cubrir -el 20%, aproximadamente, de una plantilla oficial de 190 jueces-, la Administraci¨®n de Justicia recurri¨® el pasado a?o a 121 licenciados en Derecho, profesores de Universidad o jueces pendientes de destino que ejercen habitualmente las tareas de sustituci¨®n y suplencia tras un nombramiento honor¨ªfico. Euskadi, donde tradicionalmente no ha existido vocaci¨®n judicial, precisa una decena de juzgados nuevos y necesita incrementar a medio plazo su plantilla con 60 jueces m¨¢s. El n¨²mero de funcionarios asciende a 1.700. S¨®lo el 18% domina el euskera, lengua que estudian regularmente unos 70 magistrados.

'Nadie nos puede pedir un ejercicio de heroicidad permanente. Yo creo que esto va a quedarse como un solar', dice un magistrado, con largos a?os de ejercicio en Euskadi, que durante un tiempo alberg¨® la esperanza de sentirse alg¨²n d¨ªa plenamente integrado en el Pa¨ªs Vasco. 'Es una situaci¨®n de desamparo insoportable', afirma, 'y lo peor no es la soledad, claro, sino la indiferencia que percibimos. Aqu¨ª hay dos magistrados con escolta de un total de sesenta y 300 ertzainas aprendiendo euskera. No le importamos a nadie. No puedo permitirme salir a la calle y vivo encerrado entre mi casa y en el despacho. No podemos seguir esperando que la bala vaya a otra parte, que el agua corra hacia abajo, a los que no est¨¢n protegidos, confiar en que uno no sea importante, que no se haya hecho notar demasiado', indica. El destino en Euskadi tampoco aporta ventajas espec¨ªficas. 'Hay m¨¢s trabajo a causa de las vacantes cr¨®nicas y se gana lo mismo que en una ciudad de provincias', se?ala otro magistrado. Los jueces nacidos en Euskadi surgidos de las nuevas promociones son relativamente escasos y muchas veces optan por destinos situados fuera de su pa¨ªs. 'Nuestros juzgados est¨¢n a la cola de las preferencias de la Escuela Judicial. A esos efectos', afirma un tercero, 'San Sebasti¨¢n, por ejemplo, est¨¢ ahora mismo como Marbella'.

El consejero de Interior, Javier Balza, ha dicho que el asesinato de Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n es un 'salto cualitativo' de ETA, aunque, en rigor, habr¨ªa que hablar m¨¢s bien de la consumaci¨®n de un prop¨®sito asesino trabajado durante los ¨²ltimos a?os. Eso es algo acreditado por la documentaci¨®n incautada a los comandos, por las declaraciones de la propia organizaci¨®n terrorista y las amenazas de los representantes de las Gestoras y de Batasuna, por los atentados con bombas a las sedes judiciales, por las campa?as de hostigamiento. 'Si al principio de la anterior legislatura s¨®lo aparec¨ªan 4 jueces en la documentaci¨®n incautada a los activistas de ETA, ahora hay 74 y 9 fiscales. Era muy evidente que ven¨ªan a por nosotros; de hecho, algunos compa?eros nuestros tuvieron que salir precipitadamente porque el comando ten¨ªa registrados todos sus movimientos al m¨ªnimo detalle', indica un magistrado. Durante estos ¨²ltimos a?os, el asunto de la seguridad ha dado lugar a pol¨¦micas frecuentes entre los magistrados vascos y la Consejer¨ªa de Interior, si bien en los ¨²ltimos meses la situaci¨®n parec¨ªa encauzada y la Ertzaintza se mostraba receptiva a estudiar f¨®rmulas de seguridad con aqu¨¦llos que reclamaban protecci¨®n, algo que no se produjo con Jos¨¦ Mar¨ªa Lid¨®n. 'Son ellos, los responsables de seguridad, los que deber¨ªan decirnos cu¨¢l es nuestra situaci¨®n y no al rev¨¦s', dice el titular de un juzgado.

Por las razones que sean: escasez de efectivos, an¨¢lisis incorrecto de las intenciones de ETA -el mismo Olabarria declar¨® cuando era vocal que no entend¨ªa por qu¨¦ el Departamento de Interior no se tomaba en serio los temores de los magistrados-, la direcci¨®n de la Ertzaintza ha ido a remolque de las inquietudes de los jueces.

El asesinato del mi¨¦rcoles pasado en Bilbao es la coronaci¨®n de lo que algunos magistrados llaman 'los a?os de plomo judicial vasco', un periodo de hostigamiento violento y de descr¨¦dito pol¨ªtico que se inici¨® en los proleg¨®menos del Acuerdo de Lizarra. 'Ha sido una evoluci¨®n lamentable', indica Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, 'porque durante la ¨¦poca de Ardanza tuvimos siempre una sensaci¨®n de respeto mutuo. D¨¢bamos una imagen de Estado no dependiente del Ejecutivo de Madrid, como se hab¨ªa demostrado en la instrucci¨®n de los casos de torturas y malos tratos y en los conflictos con el Ministerio del Interior. Digamos que aunque no est¨¢bamos considerados como vascos, muchos no lo ¨¦ramos, al menos de nacimiento, se valoraba nuestro trabajo y que tuvi¨¦ramos un discurso propio. Todo ha cambiado despu¨¦s', agrega.

Lo que cambi¨®, seg¨²n varios magistrados, es la radicalizaci¨®n del nacionalismo no violento. 'La idea de la expulsi¨®n de los jueces no vascoparlantes, expuesta inicialmente por Arzalluz, fue acogida r¨¢pidamente por la organizaci¨®n radical monoling¨¹¨ªstica Euskalherrian Euskaraz (En Euskalherria en euskera) y por una nueva organizaci¨®n denominada Sindicato de Abogados Euskaldunes. Los primeros difundieron panfletos en los que tras identificar a varios magistrados se indicaba textualmente: 'Jueces espa?oles se han atrevido sin ning¨²n tipo de reparo a juzgar a un euskald¨²n. Que sepan los buitres el papel a qu¨¦ est¨¢n jugando, el desprecio que nos est¨¢n haciendo a los euskaldunes y cu¨¢l es el sitio que les corresponde... Lo llevan claro si pretenden continuar tranquilamente bajo la sombra de los traductores... En un pueblo en el que existen dos idiomas oficiales, el juez que s¨®lo domina uno de ellos es medio analfabeto y no tiene sitio. Que dejen sus puestos. Que se vayan a Espa?a'.

En un contexto en el que HB (ahora Batasuna) reclamaba un espacio judicial vasco y el PNV 'un Poder Judicial propio para Euskalherria', el Sindicato de Abogados Euskaldunes desarroll¨® una campa?a sistem¨¢tica de 'se?alamientos' p¨²blicos de los jueces a expulsar. Con la kale borroka actuando contra las sedes judiciales y en plena campa?a de amedrantamiento a trav¨¦s de amenazas an¨®nimas a los jueces y a sus familias, estos abogados rechazaban la utilizaci¨®n en las sesiones orales de los int¨¦rpretes y traductores y a continuaci¨®n requer¨ªan la expulsi¨®n de los magistrados que segu¨ªan el procedimiento legal y se negaban a suspender las vistas. 'El 90% de los jueces se?alados en aquellos casos se encuentra actualmente fuera del Pa¨ªs Vasco', subraya un juez. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco Juan Luis Ibarra cree que las expectativas existentes entonces de negociaciones entre el PNV y PP para la implantaci¨®n de consejos territoriales de gobierno de la judicatura, cuyos integrantes ser¨ªan designados por las instituciones auton¨®micas, contribuy¨® a ese clima de 'demonizaci¨®n' de los jueces. 'Era una opci¨®n perfectamente leg¨ªtima para el legislador, pero el problema', dice, 'era que se reclamaba para esos futuros ¨®rganos la titularidad de las competencias para la selecci¨®n de jueces y para la provisi¨®n de cargos judiciales, adem¨¢s de las funciones relacionadas con la inspecci¨®n de tribunales y con el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los magistrados'. De igual manera, los partidos nacionalistas requirieron, tambi¨¦n sin ¨¦xito, puesto que ambas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados el 17 de noviembre de 1998, que los asuntos formulados en euskera fueran encomendados a jueces honor¨ªficos euskaldunes.