Los servicios p¨²blicos y su coste

El debate en torno a la intervenci¨®n p¨²blica en la sociedad es un viejo debate. A¨²n reconociendo que casi todo puede ser objeto de tr¨¢fico mercantil y que cuando los gobiernos act¨²an no dejan de mirar de reojo sus efectos sobre las variables macroecon¨®micas, quiero referirme a un fen¨®meno harto sencillo y cotidiano: la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos

Cuando un alcalde, por ejemplo, se enfrenta a su exiguo presupuesto no est¨¢ pensando en las cosas que le puedan pasar por la cabeza a mister Allan Greenspan, sino en c¨®mo atender las demandas de sus vecinos. Frente al universo ilimitado de necesidades de una sociedad, nos preguntamos qu¨¦ demandas deben ser satisfechas, por el Estado, en que medida y en que condiciones.

Piensa el autor, que cuando alg¨²n servicio es ofrecido gratuitamente, es decir sin precio, la ciudadan¨ªa lo percibe como algo sin valor

La intensidad de nuestra intervenci¨®n en las prestaciones que hayamos decidido ofrecer, variar¨¢ entre un m¨¢ximo (servicio p¨²blico gratuito) y un m¨ªnimo (subvenci¨®n). El modelo de gesti¨®n podr¨¢ ser, a su vez, directo (administrativo) indirecto (a trav¨¦s de empresas u organismos delegados o subcontratados) o, finalmente, incluso privado. As¨ª, por ejemplo, los servicios esenciales 'de garant¨ªa'' (aquellos que deben estar presentes y a disposici¨®n de la sociedad aunque nadie, afortunadamente, los precise), tales como bomberos, defensa, protecci¨®n civil, urgencias sanitarias, etc., suelen ser ofrecidos directamente por las administraciones, mientras que otros m¨¢s compatibles con una prestaci¨®n alternativa en condiciones de mercado suelen subcontratarse.

La tendencia actual pasa por distinguir cada vez m¨¢s entre garant¨ªa (financiaci¨®n a cargo de las administraciones) y prestaci¨®n a cargo de otros agentes colaboradores que optimicen la eficiencia del gasto, tales como empresas u ONGs. En cualquier caso, surge la cuesti¨®n de si la satisfacci¨®n de una necesidad p¨²blica cualquiera debe ser financiada por el propio usuario con el fin de cubrir una parte, siquiera m¨ªnima, de su coste.

Sucede, en efecto, que cuando alg¨²n servicio es ofrecido gratuitamente, es decir sin precio, la ciudadan¨ªa lo percibe como algo sin valor. Ello obedece sin duda a un problema cultural agravado por una falta de informaci¨®n al ciudadano-consumidor, por lo que resulta muy ¨²til el efecto pedag¨®gico derivado de la imposici¨®n de una tasa en la utilizaci¨®n de determinados servicios p¨²blicos. Para empezar, porque es necesario dar a conocer a los usuarios el coste real de los servicios que se prestan abandonando ese tab¨² que a¨²n hoy parece que tiene la Administraci¨®n a la hora de comunicarse con sus ... ?clientes! (aunque para ello es evidente que la propia administraci¨®n tendr¨ªa que saberlo, cosa no tan frecuente como cabe suponer). En segundo lugar, creo que conviene hacer pagar al usuario una parte razonable de dicho coste como elemento disuasorio de un consumo irresponsable.

?Qu¨¦ parte? ?A todos por igual? La intensidad y la forma de participaci¨®n del usuario en el coste de los servicios p¨²blicos ser¨¢n cuestiones a decidir en cada caso, en cada momento y en cada circunstancia. Son aspectos de oportunidad que no afectan esencialmente al modelo. Son, por as¨ª decirlo, cuestiones pol¨ªticas para cuya decisi¨®n, adem¨¢s del efecto pedag¨®gico, deber¨ªan considerarse otras variables como, por ejemplo, el coste efectivo del servicio, pero tomando la cuant¨ªa como un valor inverso.

Es decir, una vez adoptada la decisi¨®n de hacer participar al usuario en la financiaci¨®n del servicio, el porcentaje de participaci¨®n se reducir¨¢ hasta lo simb¨®lico cuando nos encontremos con servicios de una enorme cuant¨ªa (servicios de garant¨ªa), mientras podr¨ªa aumentar hasta la total financiaci¨®n en casos m¨¢s asequibles. En cuanto a la generalidad o individualizaci¨®n de la tasa tambi¨¦n encontramos distintos par¨¢metros a valorar, como la influencia de la tasa sobre el nivel de rentas de usuario. Se entiende que la individualizaci¨®n ser¨¢ m¨¢s conveniente tanto en cuanto la renta disponible del ciudadano pueda verse m¨¢s afectada por la tasa en cuesti¨®n. As¨ª, no ser¨¢ razonable hacerlo con las tasas postales (irrelevantes), pero tal vez si sea conveniente con respecto a las acad¨¦micas o sanitarias, etc. Asimismo convendr¨ªa valorar la mayor o menor facilidad pr¨¢ctica de individualizaci¨®n.

La individualizaci¨®n de la tasa solo tiene sentido si la identificaci¨®n de las condiciones subjetivas relevantes del usuario es posible y sencilla. Si resulta m¨¢s complicado o m¨¢s costoso intentarlo que lo que finalmente se pueda cobrar, ser¨¢ preferible el uso de una tasa generalizada.

En cualquier caso, lo que quiero poner de manifiesto es que el proceso psicol¨®gico del gestor p¨²blico pasa por desmenuzar, tambi¨¦n en estos aspectos, la decisi¨®n pol¨ªtica de gasto en una multiplicidad de decisiones parciales y analizar cada una de ellas bajo la luz de unos concretos objetivos pol¨ªticos, lo que implica, claro est¨¢, tenerlos. He ah¨ª la cuesti¨®n.

Rafael Iturriaga Nieva es presidente del Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas.