Una opci¨®n gratuita

El pasado domingo, en una entrevista publicada en este peri¨®dico, mi amigo y metapariente el juez Juan Luis Ibarra diseccionaba las diversas conexiones que se daban entre el miserable asesinato del magistrado Lid¨®n con la situaci¨®n de la judicatura en el Pa¨ªs Vasco. Interpreto que el entrevistado distingu¨ªa dos tipos de conexiones y sus correspondientes responsabilidades. Por un lado, una relaci¨®n de estricta seguridad, en la que no consideraba pertinente criticar a los responsables seguridad del Gobierno vasco. Y por otro, otra relaci¨®n en la que criticaba a ese Gobierno, y especialmente a su consejero de Justicia, por asumir una actitud despectiva frente a los jueces, en cuya provisi¨®n y control no tiene competencias, y por no considerar a esos jueces como 'unos de los nuestros'. Sin duda, el magistrado Ibarra no establece una conexi¨®n entre ese menosprecio y el asesinato. A?ado por mi cuenta que resulta absurdo (o de tan mala fe que asimismo resulta absurdo) pensar que ETA mata a magistrados porque ¨¦stos tienen insuficiente reconocimiento. ETA no mata en virtud del razones o sinrazones de lo otros. Mata en virtud de sus propios delirios. Le importa un bledo lo que los otros -cualquier otro- piense de los jueces. ETA los ha incluido en su circulo de muerte, y si no mata a m¨¢s jueces es por que no puede

Pero s¨ª le duele al magistrado comprobar que su colectivo judicial, adem¨¢s de vivir la angustia de estar amenazado de muerte, se percibe a s¨ª mismo como relegado, menospreciado, por sus propios gobernantes. Comparto su tristeza y su cr¨ªtica. Y no entiendo bien esta pol¨ªtica del Gobierno. Parecer¨ªa que un Gobierno que, en el proceso de construcci¨®n de la identidad nacional vasca, afirma haber optado por una estrategia pol¨ªtica inclusiva y expansiva, deber¨ªa de apostar por una pol¨ªtica de nacionalizaci¨®n gratuita. As¨ª, en general, deber¨ªa de conceder respeto, consideraci¨®n y reconocimiento tambi¨¦n a aquellos de los que no tiene ninguna garant¨ªa de poder recibir contraprestaci¨®n alguna. Y en particular, y por lo que se refiere a los jueces, deber¨ªa de articular una pr¨¢ctica cuyo discurso ser¨ªa m¨¢s o menos el que sigue. 'Aunque formalmente est¨¦is ligados al Gobierno central, vosotros s¨®is los jueces del Pa¨ªs Vasco; os consideramos de los nuestros, aunque no os podemos obligar a serlo, ni os podemos exigir los deberes ligados a ese sentido de pertenencia, ni tampoco una incondicional lealtad'.

Ciertamente, hay que reconocer que es una estrategia sobre todo simb¨®lica y que, por otro lado, puede ocurrir que algunos de los receptores de la misma, al margen de que no puedan devolver ese reconocimiento, tampoco quieran hacerlo. Que no les d¨¦ gana de ser uno de ellos (porque ya tienen su nosotros). Hay insuficiencias, sin duda; pero no suficientes como para despreciar esa opci¨®n. Efectivamente la prioridad simb¨®lica no implica que esa pol¨ªtica de reconocimiento no tenga algunas expresiones materiales; y por otro lado, es lo simb¨®lico-afectivo lo que crea cohesi¨®n social. El sentimiento de compartir determinados gestos, actitudes y rasgos, y el sentimiento de ser igualitariamente reconocido en ese compartir. Cohesi¨®n social y tambi¨¦n nacional que, se supone, es lo pretenden nuestros actuales gobernantes

Est¨¢ el problema de los que no quieren entrar en ese mutuo reconocimiento. Es evidente que no se puede forzar a nadie sentirse miembro de nada. Pero tambi¨¦n hay que considerar que, en este caso, es el Gobierno el que debe apostar por convencer. Por convencer de que, al margen de las especificas opciones sociales y pol¨ªticas de cada uno, lo que cada uno hace adquiere m¨¢s sentido si es referido a una comunidad de iguales construida en el compartir (o en creer que se comparte) memorias o historias o lenguajes o afectos. No estoy seguro de que el Gobierno haya puesto verdaderamente en practica esa apuesta. Parece que, al margen de declaraciones de buena voluntad, todav¨ªa no acaba de creerse que los suyos tambi¨¦n pueden ser los otros. Que deben ser los otros