Dict¨¢menes y responsabilidades

El grupo parlamentario del PP, en socorro de Rodrigo Rato y Crist¨®bal Montoro, cerr¨® la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n del caso Gescartera con un dictamen inveros¨ªmil. Los argumentos redactados apresuradamente para exculpar al Gobierno de toda responsabilidad en la estafa Gescartera en nada superan los que hubiera balbuceado cualquier escolar pillado en falta. Expuestos por el diputado Vicente Mart¨ªnez Pujalte, portavoz del Grupo Popular y experto en mentar el pasado para tapar el presente, parecen adem¨¢s una broma de mal gusto.

El punto fuerte de la argumentaci¨®n del PP, puesta por el peso de la mayor¨ªa, es que 'ninguna declaraci¨®n ni ning¨²n documento implica de forma directa o indirecta' al vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, ni al titular de Hacienda, Crist¨®bal Montoro. Un argumento tan trivial s¨®lo puede tomarse en serio si se supone que los representantes populares en la comisi¨®n investigadora esperaba descubrir un documento revelador que autoinculpase a los ministros sujetos a examen; o quiz¨¢ una revelaci¨®n explosiva de un testigo, como sucede en los thrillers judiciales. Como no cabe atribuir tanta ingenuidad en pol¨ªticos hechos y derechos, la conclusi¨®n es que no se trata de un rasgo de candidez, sino de cinismo.

La pol¨ªtica de nombramientos incapacit¨® a la CNMV para adoptar decisiones un¨¢nimes, como la de intervenir Gescartera

Las comisiones de investigaci¨®n no persiguen descubrimientos milagrosos ni investigaciones exhaustivas, sino establecer hechos probados de los que quepa derivar o no responsabilidades pol¨ªticas. En contra de las conclusiones del dictamen oficial, de los hechos conocidos en la comisi¨®n parlamentaria s¨ª cabe derivar responsabilidades pol¨ªticas en Rodrigo Rato y Crist¨®bal Montoro. En el caso del vicepresidente y ministro de Econom¨ªa, porque ¨¦l nombr¨® a una persona tan escasamente capacitada para ocupar un cargo de gesti¨®n pol¨ªtica en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Luis Ramallo. Pero su nefasta intervenci¨®n en los nombramientos de la CNMV no acab¨® ah¨ª. Cuando se fueron produciendo vacantes en el consejo, pudo haber designado a profesionales capaces de formar equipo con el presidente Juan Fern¨¢ndez Armesto; por ejemplo, los que el propio Armesto sugiri¨®. Pero en lugar de respaldar al presidente y al consejo, prefiri¨® nombrar a Pilar Valiente o a Jos¨¦ Mar¨ªa Rold¨¢n. La consecuencia directa de estos nombramientos fue la desuni¨®n interna y la incapacidad para adoptar decisiones un¨¢nimes y dr¨¢sticas. Por ejemplo, la de intervenir Gescartera en 1999.

Para entender la responsabilidad pol¨ªtica de Crist¨®bal Montoro basta con recordar el esperpento de los expedientes abiertos a Gescartera por la Agencia Tributaria que se cerraron por causas peregrinas, inadmisibles o por mera incompetencia. El archivo de esos expedientes favoreci¨® objetivamente la estafa de la la sociedad de valores de Camacho, as¨ª que no puede sostenerse que las actuaciones del secretario de Estado Enrique Gim¨¦nez-Reyna no favorecieron a Gescartera, como con tanto descaro sostienen las conclusiones del PP.

La arbitrariedad del dictamen oficial se recrea a veces en la suerte del desprop¨®sito. Uno de los argumentos exculpatorios es que no se produjo quebranto para las arcas p¨²blicas derivado de decisiones o actuaciones de cargos p¨²blicos. ?Y por qu¨¦ iba a derivarse quebranto p¨²blico de las decisiones de la CNMV, cuyas funciones son proteger a inversores privados de los fraudes o irregularidades cometidos por otros inversores privados? Precisamente el fracaso de la CNMV consisti¨® en no garantizar a los inversores y ahorradores las condiciones de transparencia y equidad que son imprescindibles para el recto funcionamiento del mercado.

Las conclusiones del caso Gescartera son bien distintas de las que han colado Vicente Mart¨ªnez Pujalte y su grupo por la fuerza de la mayor¨ªa. Una primera reflexi¨®n es que la democracia espa?ola carece de un criterio admitido de responsabilidad pol¨ªtica; una segunda es que, aunque existiera, el Gobierno del PP no es de esos capaces de entenderla y aplicarla, y una tercera es que el nivel pol¨ªtico del Parlamento espa?ol no deber¨ªa tolerar chapuzas argumentales como las esgrimidas en el dictamen oficial para exculpar a los ministros de Econom¨ªa y Hacienda. Ofenden el buen gusto y el sentido com¨²n de los ciudadanos.