Ir a la 'mani' sin debate previo

Quiz¨¢ en un punto puede haber un amplio acuerdo respecto al pol¨¦mico proyecto de la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU): el debate que ha generado ha sido hasta ahora un mal debate. M¨¢s todav¨ªa, apenas ha habido un debate p¨²blico sobre aquello que el proyecto dice en realidad, sino que se ha centrado sobre las supuestas intenciones del legislador, mezclando todo ello con problemas de pol¨ªtica universitaria general que son ajenos a lo que la ley plantea.

La responsabilidad de esta confusi¨®n es muy variada. Ata?e, sin duda, a los pol¨ªticos -del Gobierno y de la oposici¨®n-, a responsables universitarios -especialmente a los rectores-, a los profesores de universidad y, tambi¨¦n, a los medios informativos. Ninguno de ellos, creo, ha estado a la altura que las circunstancias requer¨ªan. Los ciudadanos tienen mejor informaci¨®n y opiniones m¨¢s plurales y fundadas sobre la guerra en Afganist¨¢n que sobre la LOU. No me cabe duda de que es m¨¢s trascendental lo primero que lo segundo; pero, en todo caso, debatir en p¨²blico una ley que reforma ciertos aspectos clave de la ense?anza superior es algo que no puede dejarse de lado si queremos construir una sociedad que participe en las decisiones pol¨ªticas por conductos m¨¢s amplios que el simple ejercicio del derecho de sufragio cada cuatro a?os.

Adem¨¢s, de este p¨¦simo debate puede haber quedado una impresi¨®n en la opini¨®n p¨²blica que ser¨ªa profundamente equivocada: que la universidad p¨²blica funciona mal, que en los ¨²ltimos a?os se ha retrocedido. Las huelgas ya celebradas y las que se anuncian en un futuro pr¨®ximo tienen como consecuencia un beneficiario claro: las universidades privadas. Y sobre las universidades privadas s¨ª deber¨ªa abrirse un debate ya que, en general -y con excepciones sobre determinadas ense?anzas, en especial las escuelas de empresariales-, la calidad de la ense?anza que ofrecen es muy inferior a la de las universidades p¨²blicas y su nivel de investigaci¨®n es poco m¨¢s que nulo.

Por tanto, no estamos s¨®lo ante un mal debate, sino ante una situaci¨®n en la cual aquello que se quiere salvar sale altamente perjudicado. El avance de la Universidad en los ¨²ltimos 20 a?os ha sido impresionante y hoy en d¨ªa la universidad p¨²blica en Espa?a no tiene nada que envidiar a la de los pa¨ªses de nuestro entorno europeo, a pesar de que los medios ec¨®n¨®micos de que dispone sean muy inferiores. Sin embargo, no hay dudas sobre que no todo funciona bien y ciertos aspectos necesitan ser modificados.

Que el debate sobre la LOU ha sido un falso debate se puede demostrar con algunas consideraciones generales. En primer lugar, la LOU es una ley que no puede legislar m¨¢s all¨¢ de las competencias del Estado en la materia. No se le puede exigir, por tanto, que regule todos los aspectos de la pol¨ªtica universitaria ya que tal cosa infringir¨ªa la autonom¨ªa universitaria, garantizada en el art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n, y las competencias de las comunidades aut¨®nomas. Por tanto, ni la financiaci¨®n, ni la pol¨ªtica de tasas acad¨¦micas, ni la de becas a los estudiantes pueden resolverse en la LOU. En las leyes anuales de presupuestos del Estado y, tras el nuevo sistema de financiaci¨®n, especialmente en los presupuestos de las comunidades aut¨®nomas es donde deben adoptarse este tipo de decisiones pol¨ªticas.

Tampoco son ciertas determinadas acusaciones a la LOU que se vienen repitiendo sin fundamento. Simplemente, no es verdad que se reduzca la participaci¨®n de los estudiantes en los ¨®rganos de gobierno. Y tampoco hay ning¨²n motivo para decir que se privatiza la universidad p¨²blica. En todo caso -si por privatizaci¨®n se entiende la colaboraci¨®n con sectores de la empresa privada-, no lo hace en mayor medida que la ley actualmente vigente. En el mismo sentido, tampoco es cierto que la ley favorezca a las universidades privadas. Al contrario, les exige m¨¢s requisitos que la ley actual, aunque el procedimiento parlamentario -en el Senado se sigue empeorando este aspecto- est¨¢ liberando a las universidades privadas de alguno de estos requisitos, supongo que debido a la presi¨®n de los lobbies correspondientes. En este punto, el proyecto inicial del Gobierno establec¨ªa m¨¢s exigencias a las universidades privadas -desde luego muchas m¨¢s que la ley vigente- que el actual texto, lo cual es una demostraci¨®n de la torpeza pol¨ªtica de la oposici¨®n socialista en la tramitaci¨®n de la ley. En definitiva, para esto han servido las insensatas descalificaciones globales de Zapatero y su equipo, que les han impedido poder pactar aspectos concretos con el Gobierno, dejando as¨ª v¨ªa libre a las propuestas de CiU y Coalici¨®n Canaria.

Todos estos equ¨ªvocos han hurtado el aut¨¦ntico debate sobre el fondo de un problema central: que la actual autonom¨ªa universitaria y el supuesto car¨¢cter democr¨¢tico de los ¨®rganos de gobierno de la Universidad no han hecho otra cosa que ocultar el corporativismo como modelo de funcionamiento de la Universidad actual, pervirtiendo as¨ª el significado de los t¨¦rminos autonom¨ªa y democracia. Un l¨²cido art¨ªculo del profesor Luis Beltr¨¢n, de la Universidad de Zaragoza, lo argumenta perfectamente en el ¨²ltimo numero de la revista El Viejo Topo, no sospechosa de ser afecta al Gobierno del PP. La ley vigente, la LRU, dice Beltr¨¢n, 'vino a sancionar una forma de democracia corporativa (...). La democracia corporativa sirve para asegurar los privilegios de las castas, de las corporaciones, pero es una burla simple de la participaci¨®n. (...) Con la legitimidad de la LRU, la Universidad se asegura el privilegio de la inmunidad ante la sociedad en su conjunto'. Y concluye que, con todo ello, la Universidad se exime 'de la rendici¨®n de cuentas, la versi¨®n m¨¢s corrupta posible de la autonom¨ªa universitaria'. Los cambios en la forma de gobierno de la Universidad, el sistema de habilitaci¨®n de profesores y las funciones de la Agencia de la Evaluaci¨®n de la Calidad, cambios todos ellos que la ley introduce, cuestionan los privilegios de los actuales intereses corporativos.

Ah¨ª est¨¢ el meollo de la cuesti¨®n y la raz¨®n por la cual ciertos sectores de la Universidad -especialmente el lobby de rectores- han descalificado la LOU sin explicar los motivos de tan radical oposici¨®n, ya que exponerlos a la luz p¨²blica ser¨ªa, simplemente, autoinculparse. Ante ello se ha preferido algo tan antipedag¨®gico como es evitar el debate racional y ponerse al frente de la manifestaci¨®n.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UAB