El FBI detiene a tres espa?oles en la investigaci¨®n sobre el 11 de septiembre

Los extranjeros detenidos en Estados Unidos por delitos de inmigraci¨®n, que de alguna forma se relacionan con actividades terroristas, son en estos momentos 641, de los que 93 ya han sido inculpados e identificados. Entre los 548 que permanecen en el limbo penitenciario hay tres ciudadanos espa?oles, cuya identidad se ignora. 'Me dicen en la Embajada que los detenidos no tienen nada que ver con el terrorismo, sino con problemas de inmigraci¨®n', coment¨® el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. 'Ya saben, renueven de vez en cuando el visado o pueden llevarse un susto', a?adi¨®.

El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, afirm¨® sin embargo que publicar los nombres de los detenidos, entre ellos los espa?oles, ser¨ªa 'hacer un favor a Osama Bin Laden'.

El primer ciudadano espa?ol fue detenido el 21 de octubre, por encontrarse en Estados Unidos con el visado caducado; el segundo, el 20 de octubre, por carecer de visado v¨¢lido y presuntamente cometer un delito; el tercero, el 27 de octubre, por entrar clandestinamente en Estados Unidos. 'Todos ellos disponen de abogado y pueden pedir ayuda a su embajada o a sus servicios consulares. Esa es toda la informaci¨®n que podemos proporcionar', dijo Dan Nelson, uno de los portavoces del Departamento de Justicia.

El fiscal general, John Ashcroft, hizo p¨²blico un nuevo recuento de los detenidos an¨®nimos el martes por la tarde, acosado por las cr¨ªticas de numerosos parlamentarios y organizaciones de defensa de los derechos civiles. Descontados los 93 sobre los que ya se han presentado cargos ante el juez y de los que se conocen los nombres, quedan 548 (eran m¨¢s de mil a principios de mes) en una situaci¨®n indefinida. Si es cierto que la mayor¨ªa est¨¢n encarcelados por simples problemas de visado, como, seg¨²n Aznar, ocurre con los espa?oles, parece inusual que lleven en algunos casos m¨¢s dos meses en prisi¨®n por una cuesti¨®n administrativa.

Ashcroft explic¨® que los problemas de visado o pasaporte sol¨ªan verse complicados por la comisi¨®n de delitos federales, como falsificaci¨®n de documentos o tarjetas de cr¨¦dito. Eso se correspond¨ªa con su afirmaci¨®n del lunes de que no pod¨ªa revelar los nombres de los detenidos para no 'vulnerar su derecho a la intimidad' y para no incluirles en una especie de 'lista negra de terroristas' que no se corresponder¨ªa con la realidad.

Ayer, sin embargo, Ashcroft cambi¨® de argumento y, tras asegurar que algunos 'formaban parte de la organizaci¨®n Al Qaeda', pareci¨® atribuir el secreto a razones de seguridad nacional. 'No tengo ning¨²n inter¨¦s en proporcionar, ahora que estamos en guerra, a Osama Bin Laden y a la red Al Qaeda una lista de la gente que hemos detenido, para hacerles un favor en su proyecto de matar americanos', dijo. 'Publicar la lista ser¨ªa lo mismo que envi¨¢rsela a Bin Laden. La red Al Qaeda puede ser capaz de averiguar cu¨¢les de sus terroristas mantenemos bajo nuestra custodia, pero tendr¨¢ que hacerlo por sus propios medios', a?adi¨® el fiscal. A pesar de ello, Ashcroft reconoci¨® que a ninguno de los extranjeros encarcelados se le hab¨ªa podido probar una vinculaci¨®n con los atentados del 11 de septiembre.

Entre los detenidos, los m¨¢s numerosos son los paquistan¨ªes (208), los egipcios (74), los turcos (47) y los yemen¨ªes (38). Tambi¨¦n hay 16 saud¨ªes, 20 indios, 16 jordanos, 15 marroqu¨ªes, 11 libaneses, 11 tunecinos, 9 sirios y 5 afganos.

Ashcroft ha firmado una orden que ampl¨ªa su poder para mantener en detenci¨®n indefinida a ciudadanos extranjeros, incluso en el caso de que un juez de inmigraci¨®n ordene su puesta en libertad. La orden, firmada el 26 de octubre y dada a conocer el martes, implica que el Departamento de Justicia puede sortear a los jueces si considera que el extranjero en cuesti¨®n 'entra?a un peligro para la comunidad o hay riesgo de que huya'.

'Con este cambio de normas, el Gobierno puede encerrar a alguien con muy pocas pruebas, o ninguna, y tirar la llave', coment¨® David Leopold, un abogado de inmigraci¨®n de Cleveland.

La Uni¨®n Americana de Libertades Civiles anunci¨® su prop¨®sito de denunciar la medida ante los tribunales, como anticonstitucional. La Asociaci¨®n Americana de Abogados de Inmigraci¨®n tambi¨¦n considera anticonstitucional la orden que permite espiar las conversaciones entre los detenidos y sus letrados.

Por el contrario, el fiscal general adjunto, Michael Chertoff, defendi¨® ante el Comit¨¦ Judicial del Senado como 'justificada y legal' la decisi¨®n de la Administraci¨®n Bush de celebrar juicios militares secretos a los extranjeros sospechosos de actividades terroristas.