Tambi¨¦n en la calle

Resulta pat¨¦tico contemplar la minuciosa contabilidad de los responsables ministeriales sobre la participaci¨®n de estudiantes y profesores en las movilizaciones contra la Ley de Universidades, con datos que, de tan precisos como quieren ser, carecen de sentido. Para cualquier observador neutral, el grado de oposici¨®n a la nueva ley entre los universitarios es enorme, mayor que en ninguna ocasi¨®n anterior desde la transici¨®n, como demuestra no s¨®lo la multitudinaria y festiva convocatoria de ayer en Madrid, que uni¨® a docentes, sindicalistas y pol¨ªticos, sino tambi¨¦n las m¨²ltiples iniciativas en vigor para materializar dicha oposici¨®n.

Es posible, como ha reiterado la ministra Pilar del Castillo tras las marchas madrile?as, que muchos de los manifestantes no conozcan la ley. Es veros¨ªmil, sin embargo, que hayan o¨ªdo o le¨ªdo lo suficiente como para mostrar su desacuerdo; cada ciudadano fija su posici¨®n pol¨ªtica con arreglo a las pautas que le parecen oportunas. Pero ?qu¨¦ dice la titular de Educaci¨®n de los senadores del PP que han aprobado en escasamente 12 horas m¨¢s de 600 enmiendas a golpe de se?al del experto ministerial que dirig¨ªa sus votaciones? Es patente que tampoco conoc¨ªan la ley y que no han tenido la oportunidad de debatir con un m¨ªnimo de rigor su articulado y las propuestas que se han ido haciendo para modificarlo. Con el agravante de que el Congreso la aprob¨® en una ¨²nica sesi¨®n, sin permitir la comparecencia de expertos independientes ni representantes de la comunidad universitaria.

Por lo dem¨¢s, habr¨ªa un conocimiento m¨¢s fidedigno de la ley si el procedimiento hubiera sido otro, m¨¢s abierto, m¨¢s sosegado y dando la palabra a m¨¢s gente. No basta con que la ministra aparezca en televisi¨®n explicando las virtudes del texto; es necesario, adem¨¢s, contar con la participaci¨®n de las personas y entidades que pod¨ªan haber actuado como mediadores entre la sociedad y los responsables pol¨ªticos.

Sin duda, muchos estudiantes protestan por cosas que no est¨¢n en la ley, pero tambi¨¦n por otras que s¨ª entienden que est¨¢n, como es una cierta indulgencia con las universidades privadas en comparaci¨®n con las p¨²blicas. O por otras que deber¨ªan estar, como los compromisos econ¨®micos que necesita un sector vital para nuestro futuro, cuya diferencia con los de los pa¨ªses de nuestro entorno, documentada por todos los estudios independientes, es ante todo de financiaci¨®n.

Pero si muchos estudiantes se confunden, no es probable que eso ocurra con los rectores. No es cre¨ªble que todos ellos, a pesar de la diversidad de sus perfiles acad¨¦micos y pol¨ªticos, protesten por cosas que no dice la ley. Y por si les faltaran motivos para la disconformidad, ya se ha encargado el ministerio y el entorno del PP de darles algunos m¨¢s, tildando sus razones de espurias y a ellos, pr¨¢cticamente, de formar parte de camarillas interesadas en conservar sus privilegios y en mantener a la Universidad sumida en la mediocridad. ?ste es otro de los da?os 'colaterales' del desafortunado proceso de aprobaci¨®n de la ley. La ministra y sus portavoces no han dudado en denigrar a la Universidad actual para apoyar su actitud de menosprecio y la necesidad de reformarla de arriba abajo sin hacer mucho caso de sus opiniones.

Informes independientes espa?oles e internacionales demuestran el avance de la Universidad desde la transici¨®n. Es posible que en algunas ¨¢reas se eche de menos la existencia de los grandes 'maestros' que aglutinaban, y dominaban, sectores acad¨¦micos enteros, o una influencia pol¨ªtica y social mayor. Pero, en conjunto, es innegable el esfuerzo hecho por los universitarios, peor pagados y con menos medios que sus colegas europeos, por elevar el nivel cient¨ªfico y dotar a las j¨®venes generaciones de una formaci¨®n que no desmerezca de la de otros pa¨ªses. Todo ello hace m¨¢s lamentable, al final, que una ley nacida con buenas intenciones, y en un momento en que se aceptaba la necesidad de las reformas, haya perdido su capacidad para mejorar la Universidad por una mala articulaci¨®n de sus prop¨®sitos y una desastrosa gesti¨®n del debate p¨²blico imprescindible para su aceptaci¨®n por quienes han de aplicarla.