Dos sentencias obligan al Estado a indemnizar a docentes de religi¨®n despedidos por la Iglesia

Como en un goteo interminable, los jueces siguen sentenciando que es ilegal despedir a profesores de religi¨®n por causas ajenas al Estatuto de los Trabajadores, pero tambi¨¦n imponen, a veces, sanciones econ¨®micas por esa causa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Gobierno de Ruiz-Gallard¨®n a readmitir o a pagar 4,8 millones de pesetas a una profesora despedida improcedentemente por el arzobispado, y en Canarias, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n deber¨¢ indemnizar con cinco millones a un docente castigado por su actividad sindical y despedido m¨¢s tarde por el obispo. S¨®lo en Las Palmas se presentaron en noviembre siete demandas contra otros tantos despidos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que confirma una anterior del Juzgado de los Social n¨²mero 12, tambi¨¦n de Madrid, declara probado que Pilar Mart¨ªn M¨¢rquez fue nombrada en 1985 profesora de religi¨®n por el Ministerio de Educaci¨®n a propuesta del Arzobispado madrile?o, primero con destino en el instituto de bachillerato Pr¨ªncipe Felipe, hasta el curso 1990, y m¨¢s tarde en el P¨¦rez Gald¨®s. Al inicio del pasado curso la profesora se encontr¨® con que hab¨ªa sido nombrada otra persona 'para impartir dichas clases', relata la sentencia. Pilar Mart¨ªn permaneci¨® en el centro 'sin tener encomendada ninguna funci¨®n' porque 'no se le ha comunicado el cese', a?ade el fallo judicial.

Durante el proceso, el arzobispado sostuvo que la relaci¨®n contractual de la profesora con el empleador 'no es laboral', a lo que la sentencia replica que la citada docente desempe?¨® su trabajo 'en las mismas condiciones que el resto de los profesores de los centros p¨²blicos, est¨¢ sometida al r¨¦gimen general disciplinario de los mimos, su labor es objeto de inspecci¨®n por parte del Ministerio, que supervisa el horario y el programa previsto, y forma parte, a todos los efectos, del claustro de profesores'. A?ade el fallo que la falta de comunicaci¨®n del cese de la profesora Mart¨ªn supuso 'la renovaci¨®n autom¨¢tica de la contrataci¨®n'.

Seg¨²n la sentencia, confirmada ahora por el TSJM, la actuaci¨®n de la autoridad educativa constituy¨® 'un despido t¨¢cito por la cesaci¨®n en el abono del salario [y por] impedir el desarrollo del trabajo de la profesora', incumpliendo, por tanto, 'las formalidades exigidas' por el Estatuto de los Trabajadores'. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es condenado a readmitirla 'en las mismas condiciones que antes del despido', o a indemnizarla con 4.807.067 pesetas, 'm¨¢s el abono de los salarios de tramitaci¨®n' desde la fecha del despido hasta la de la sentencia.

El tribunal relata, entre los 'hechos probados', c¨®mo el primer contrato laboral de Pilar Mart¨ªn, de 1985, se regul¨® de acuerdo con la normativa pactada a finales de 1982 entre el Estado y la Iglesia, seg¨²n la cual, esos docentes eran 'nombrados por la autoridad correspondiente a propuesta del ordinario de la di¨®cesis'. 'Dicho nombramiento tendr¨¢ car¨¢cter anual y se renovar¨¢ autom¨¢ticamente, salvo propuesta en contra del mencionado ordinario', dec¨ªa la orden ministerial de 1982, reformada por el Gobierno del PP en 1999 para entregar a los obispos la potestad de decidir cada a?o la lista de docentes que debe contratar la Administraci¨®n del Estado.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, calific¨® el pasado 6 de septiembre como 'error grave' que se despidiera a algunos profesores por causas como casarse por lo civil, aunque los prelados tuvieran, dijo, t¨ªtulos jur¨ªdicos para tomar ese tipo de decisiones. Ruiz-Gallard¨®n advirti¨® de que no le gustar¨ªa que 'ese error ocurriese nunca en la Comunidad de Madrid'.

Atropello en Canarias

Caso aparte es lo sucedido en Las Palmas de Gran Canaria con el profesor Rafael Ram¨ªrez Santana, despedido en octubre pasado de su puesto de profesor de religi¨®n en el Instituto Arnao, en el que llevaba diez a?os impartiendo clases. Ram¨ªrez, que se enter¨® por la prensa de que acababa de ser enviado al paro, es delegado de personal y miembro del comit¨¦ de empresa de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y ya gan¨® en 1998 en los tribunales 'el car¨¢cter indefinido de su empleo con todos los derechos y obligaciones inherentes', seg¨²n reza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 26 de mayo de 2000, no recurrida y que confirm¨® otra de 15 de junio de 1998 dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Las Palmas.

La misma semana en que era despedido por el obispado en octubre, Rafael Ram¨ªrez se enter¨® de que hab¨ªa ganado otro pleito sobre 'tutela de derechos fundamentales' contra la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, a la que el juez tacha de 'conducta antisindical' con objeto de 'minar la voluntad [de Ram¨ªrez] en la defensa de los intereses del colectivo que representa, as¨ª como desvirtuar su imagen', ordenando a la Consejer¨ªa 'el cese inmediato de comportamiento antisindical'. El Gobierno canario deber¨¢ indemnizar a Ram¨ªrez con cinco millones de pesetas por los 'da?os morales' causados cuando lo trasladaron forzosamente y le redujeron sustancialmente la jornada laboral y el salario que cobraba.

Rafael Ram¨ªrez asegura que la decisi¨®n del obispado canario de quitarle el empleo ese mismo mes de octubre tuvo que ver con sus actividades sindicales y las presiones de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, al igual que el despido de otros ocho docentes que han seguido este a?o, s¨®lo en la provincia de Las Palmas, la misma suerte que este dirigente de la Intersindical Canaria. Siete de esos docentes de religi¨®n han presentado ya la correspondiente reclamaci¨®n judicial en defensa de sus derechos fundamentales.