Insumisos sin causa

La sustituci¨®n del servicio militar obligatorio por tropas profesionales ha dejado una estela de cuestiones pendientes advertidas a tiempo desde la oposici¨®n pero culpablemente ignoradas por el Gobierno. La mayor¨ªa parlamentaria del PP rechaz¨® durante el a?o 2001, sin ofrecer f¨®rmulas alternativas, proposiciones legislativas y sugerencias t¨¦cnicas para solucionar dos graves problemas: el vaciamiento de los servicios cubiertos por la prestaci¨®n social sustitutoria (PSS) y la situaci¨®n jur¨ªdico-penal de los procesados o condenados por comportamientos relacionados con el servicio miliar obligatorio.

La Constituci¨®n condicion¨® el ejercicio de la objeci¨®n de conciencia al cumplimiento de una prestaci¨®n social sustitutoria organizada por las Administraciones p¨²blicas o por entidades privadas. Los dictados morales o las conveniencias personales dispararon la cifra de objetores desde los 12.000 solicitantes de 1985 a los 165.000 peticionarios de 1999: m¨¢s de un mill¨®n de personas en total han desempe?ado trabajos c¨ªvicos tales como la atenci¨®n a emigrantes, minusv¨¢lidos, ancianos y mujeres maltratadas. Si al comenzar 2001 hab¨ªa 120.000 plazas disponibles para los objetores, al terminar el a?o s¨®lo estaban ocupadas 20.000: la desaparici¨®n del servicio militar obligatorio ha arrastrado consigo a la prestaci¨®n social sustitutoria. S¨®lo el Gobierno ha sido cogido por sorpresa por ese hecho cantado: el car¨¢cter soterradamente coercitivo de la PSS hac¨ªa inevitable su vaciamiento tan pronto como dejase de ser el precio a pagar por no hacer el servicio militar. Esa imprevisi¨®n del Ejecutivo deja ahora sin cubrir la inmensa mayor¨ªa de las plazas consagradas a un benem¨¦rito trabajo para el que no existen aspirantes.

La abolici¨®n del servicio militar obligatorio tampoco ha sido acompa?ada de medidas jur¨ªdico-penales a favor de los procesados o condenados por su causa. La objeci¨®n de conciencia tambi¨¦n estaba sometida a sospecha criminal: el art¨ªculo 527 del C¨®digo Penal sancionaba con penas de inhabilitaci¨®n de hasta 12 a?os a quienes se negasen a cumplir la PSS una vez solicitada. El trato dado a los insumisos stricto sensu era m¨¢s duro: el art¨ªculo 604 les castigaba hasta con dos a?os de prisi¨®n. Finalmente, los desertores, esto es, los insumisos sobrevenidos despu¨¦s de entrar en el cuartel, estaban sometidos a la jurisdicci¨®n castrense y a una pena de seis a?os de c¨¢rcel. Al d¨ªa de hoy, siguen abiertos 4.771 procesos contra objetores emboscados o insumisos declarados; aunque muchos jueces y fiscales hayan paralizado en la pr¨¢ctica las actuaciones sumariales, la inseguridad jur¨ªdica padecida por los imputados es inaceptable para un Estado de Derecho. Muchos j¨®venes -al parecer, varios miles- inhabilitados penalmente por su abandono de la prestaci¨®n social sustitutoria siguen sin poder acceder a las Administraciones y empresas p¨²blicas ni optar a becas, subvenciones o ayudas. Cuatro insumisos permanecen internados en prisiones civiles. Y tres desertores contin¨²an en c¨¢rceles militares.

Al elegir la prestaci¨®n social sustitutoria, el objetor de conciencia no se opone al servicio militar obligatorio en cuanto tal, sino que alega s¨®lo motivos religiosos, morales o filos¨®ficos para no cumplirlo; en cambio, el insumiso impugna la instituci¨®n en s¨ª misma y cualquier f¨®rmula alternativa que la presuponga. La insumisi¨®n puede constituir una t¨¢ctica oportunista de movimientos violentos como el nacionalismo vasco radical. Sin embargo, otras veces se ajusta a los requisitos de la desobediencia civil, una figura compatible con el Estado de Derecho siempre que el infractor de la norma prescinda de la violencia, no rechace el resto del ordenamiento jur¨ªdico y acepte las consecuencias penales de sus actos. La desobediencia civil -ha escrito Habermas- se mueve en un incierto umbral situado entre la legalidad rechazada y la legitimidad reivindicada. Los infractores, sin embargo, no siempre aciertan: 'Los locos de hoy no tienen por qu¨¦ ser los h¨¦roes de ma?ana; muchos de ellos ser¨¢n ma?ana los locos de ayer'. Pero la supresi¨®n del servicio militar obligatorio por el PP ha demostrado que la cordura y la raz¨®n estaban del lado de los objetores, insumisos y desertores inhabilitados, encarcelados o pendientes de juicio: el Gobierno debe extraer las l¨®gicas consecuencias despenalizadoras de esa situaci¨®n.