El TC suspende parte del decreto de euskaldunizaci¨®n de la Justicia
El Tribunal Constitucional ha suspendido por seis meses varios cap¨ªtulos y disposiciones adicionales del decreto que regula la euskaldunizaci¨®n de la administraci¨®n de Justicia, en una resoluci¨®n que impedir¨¢ al Gobierno fijar preceptividades y perfiles ling¨¹¨ªsticos a los puestos de trabajo. La suspensi¨®n no afecta, por contra, a la planificaci¨®n ling¨¹¨ªstica, el proceso de de los funcionarios o las prioridades para establecer sus liberaciones para seguir cursos intensivos.
El TC estudia un conflicto de competencias planteado por el Gobierno central el pasado 8 de noviembre contra el decreto del Ejecutivo vasco para la normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica en la Justicia y, al haber invocado el Gobierno el art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n, est¨¢ obligado a acordar la suspensi¨®n temporal de la norma impugnada. En un plazo de seis meses el TC deber¨¢ ratificar o levantar la suspensi¨®n.
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que conoce la medida desde el pasado 17 de diciembre, la dio a conocer ayer, junto con unas declaraciones de su titular, Joseba Azkarraga, que acus¨® al Gobierno Aznar de 'vulnerar los derechos de la ciudadan¨ªa vasca a expresarse y vivir dentro de los dos idiomas de nuestra Comunidad'. Azkarraga calific¨® de 'obstruccionista' para con la adecuaci¨®n de la administraci¨®n de Justicia 'a una sociedad biling¨¹e' el intento del Gobierno central de que el TC le atribuya competencias que a su juicio corresponden a la Administraci¨®n auton¨®mica.
Defensa jur¨ªdica
El consejero anunci¨® firmeza para la defensa jur¨ªdica de sus competencias frente a lo que considera 'una nueva vulneraci¨®n de ellas' y el mantenimiento 'en todos los ¨¢mbitos e instancias de la vigencia y validez del Decreto en su integridad'. El decreto cuestionado por el Gobierno central data del 26 de junio de 2001. En septiembre la Administraci¨®n central formul¨® el requerimiento previo para que el Ejecutivo vasco se declarara incompetente, que ¨¦ste rechaz¨® el 16 de octubre. El Consejo de Ministros acord¨® plantear el conflicto de competencias ante el TC el 8 de noviembre.
Las partes del decreto en cuesti¨®n son sus cap¨ªtulos II (relativo a la definici¨®n de los perfiles ling¨¹¨ªsticos), III (el que contiene los objetivos de asignaci¨®n de aqu¨¦llos y establece los porcentajes), IV (que fija la acreditaci¨®n de la capacitaci¨®n a trav¨¦s de los ex¨¢menes del IVAP) y V, que recoge el r¨¦gimen de exenciones en la obligatoriedad del aprendizaje, por razones de edad fundamentalmente.
El Gobierno central rechaza tambi¨¦n que el plazo de 10 a?os fijado para el cumplimiento de los objetivos del plan empiece a contar desde la fecha de entrada en vigor del decreto y cuestiona asimismo el establecimiento de un convenio con el Instituto Vasco de Euskaldunizaci¨®n (HABE) para la organizaci¨®n de los cursos. Actualmente, m¨¢s de 500 funcionarios de Justicia est¨¢n asistiendo a cursos de euskera.
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