La querella deja en el aire el juicio contra los 37 acusados por la Operaci¨®n Temple
Una recusaci¨®n al tribunal por parte de la Fiscal¨ªa podr¨ªa obligar a suspender la vista
El pr¨®ximo lunes empieza el macrojuicio contra los 37 acusados por la denominada Operaci¨®n Temple, consistente en la introducci¨®n en Espa?a de 10 toneladas de coca¨ªna en julio de 1999. Los magistrados Carlos Cez¨®n, Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega y Carlos Ollero, contra los que se ha querellado la Fiscal¨ªa del Estado por la puesta en libertad bajo fianza de 30.050 euros (5 millones de pesetas) de uno de los acusados el presunto narco Carlos Santamar¨ªa, Carlos el Negro, son los integrantes del tribunal. La querella ha descolocado a la Audiencia Nacional y ha dejado el juicio en el aire.
Nadie quiere iniciar un juicio que tenga que repetirse despu¨¦s de llevar cuatro o cinco meses. Ni los magistrados, ni el fiscal, ni los abogados, ni los acusados. Pero la presentaci¨®n de la querella contra los tres miembros que integran el tribunal hace que esa posibilidad se convierta en una probabilidad muy real.
La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial obliga a suspender a los jueces y magistrados 'cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'. Y eso ocurre cuando el Tribunal Supremo admite a tr¨¢mite una querella contra ellos.
El tiempo juega en contra
Sin embargo, la querella est¨¢ reci¨¦n presentada y no parece probable que el Supremo vaya a admitirla antes del lunes, fecha del inicio del juicio. Y aunque lo hiciera, y remitiera la comunicaci¨®n correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, este organismo se tendr¨ªa que reunir en pleno para acordar la suspensi¨®n de los magistrados.
Los tiempos en el Supremo suelen ir mucho m¨¢s despacio. La querella contra el juez Javier G¨®mez de Lia?o, por ejemplo, tard¨® m¨¢s de cinco meses en admitirla a tr¨¢mite.
Adem¨¢s el tribunal se puede inclinar por abrir sumario en lugar de procedimiento abreviado debido a la cuant¨ªa de las penas previstas para el delito de prevaricaci¨®n, como hizo en el caso Lia?o, por lo que ser¨ªa necesario esperar al procesamiento de los tres jueces, para que el Consejo del Poder Judicial procediese a la suspensi¨®n de sus funciones.
La prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta) est¨¢ castigada con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por un periodo de 10 a 20 a?os.
Distintas fuentes especulaban ayer en la Audiencia Nacional con la posibilidad de que la Fiscal¨ªa Antidroga presente una recusaci¨®n nada m¨¢s iniciarse la vista, para tratar de suspenderla. Sin embargo, la medida no fue confirmada por parte de la Fiscal¨ªa Antidroga, ni por la Fiscal¨ªa del Estado.
A la vista de la situaci¨®n, lo m¨¢s probable, seg¨²n todos los magistrados consultados ayer por este peri¨®dico, es que el tribunal se constituya y trate de iniciar el juicio.
Por un lado, si los magistrados se abstuvieran estar¨ªan admitiendo su culpabilidad y ellos defienden la legalidad jur¨ªdica de su resoluci¨®n. Por otro lado, si suspendieran la vista sin causa aparente incurrir¨ªan en delito de retraso malicioso en la administraci¨®n de la justicia. El lunes, veremos.
Es el ¨²ltimo cap¨ªtulo de una historia que se inici¨® hace 30 meses, cuando el juez Baltasar Garz¨®n logr¨® la declaraci¨®n definitiva de un jefe gallego del narcotr¨¢fico, Manuel Vila Sieira, sobre el escondite de un enorme alijo de 4.000 kilos de coca¨ªna.
Unos dias antes de aquel interrogatorio con respuestas precisas, agentes de polic¨ªa y de aduanas hab¨ªan abordado en alta mar un barco cargado con otras seis toneladas de coca¨ªna. En la operaci¨®n fueron detenidas 55 personas, de las que 37 se iban a sentar previsiblemente en el banquillo hasta que el supuesto cabecilla de toda la organizaci¨®n, Carlos Santamaria, Carlos el Negro, consigui¨® la excarcelaci¨®n de la secci¨®n cuarta de la Audiencia Nacional el 22 de diciembre pasado y decidi¨® fugarse, desatacando uno de los mayores esc¨¢ndalos judiciales en la historia de la Audiencia Nacional.
Carlos el Negro hab¨ªa intentado en varias ocasiones conseguir la libertad. Y los magistrados de la secci¨®n Cuarta se la hab¨ªan denegado con el argumento del 'grave riesgo de fuga' del preso. Hasta el pasado 21 de diciembre, cuando los tres jueces decidieron dejarlo en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas atendiendo a razones humanitarias por la enfermedad que padec¨ªa el preso, seg¨²n el informe del m¨¦dico psiquiatra de la c¨¢rcel de Valdemoro. La supuesta depresi¨®n de Carlos el Negro, que le induc¨ªa al suicidio, seg¨²n el psiquiatra, fue considerada por los tres magistrados como un 'efecto neutralizador de la fuga'.
El fiscal pide para Carlos el Negro una condena de 60 a?os de c¨¢rcel y 67.000 millones de pesetas de multa.
Ning¨²n precedente
La querella presentada ayer por el fiscal general del Estado contra los tres magistrados que pusieron en libertad al presunto narco Carlos el Negro es la primera que el fiscal presenta contra todo un tribunal en la historia judicial espa?ola.
El ¨²nico precedente parecido fue la querella que present¨® el fiscal C¨¢ndido Conde-Pumpido por cohecho y prevaricaci¨®n contra los jueces Ricardo Var¨®n Cobos y Jaime Rodr¨ªguez Hermida, tras la puesta en libertad del jefe de la Camorra Napolitana, Antonio Bardellino, Tonino. Los dos jueces fueron absueltos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque el Consejo General del Poder Judicial los expuls¨® de la carrera judicial. El Supremo, posteriormente, devolvi¨® a Var¨®n Cobos la condici¨®n de juez.
En el caso de los jueces Carlos Lorenzo-Penalva y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia, la querella fue interpuesta por particulares, aunque el fiscal tambi¨¦n formul¨® acusaci¨®n y ambos jueces fueron condenados a penas de prisi¨®n.
En el caso de Luis Pascual Estevill, la querella tambi¨¦n fue presentada por particulares y el Supremo conden¨® a penas de prisi¨®n.
Finalmente, en el caso m¨¢s reciente, el de Javier G¨®mez de Lia?o, el fiscal se opuso al procesamiento y pidi¨® la absoluci¨®n. El Supremo le conden¨® a la expulsi¨®n de la carrera por tres delitos de prevaricaci¨®n.
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