El Poder Judicial env¨ªa al fiscal el caso del 'narco' liberado por la Audiencia

La Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidi¨® ayer por unanimidad remitir al fiscal general del Estado, por si existieran indicios de delito, y a la Comisi¨®n Disciplinaria del propio Consejo, por si se apreciasen responsabilidades disciplinarias, las diligencias informativas abiertas por la actuaci¨®n de los magistrados de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional que el 22 de diciembre pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas), a 23 d¨ªas del juicio, al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamar¨ªa, Carlos el Negro, quien posteriormente se dio a la fuga.

Tras examinar el informe del Servicio de Inspecci¨®n del Consejo, la Comisi¨®n Permanente debati¨® lo ocurrido durante poco m¨¢s de media hora y resolvi¨®, por un lado, que sea la Comisi¨®n Disciplinaria, que se reunir¨¢ la pr¨®xima semana, la que decida si se abre o no un expediente disciplinario a los magistrados Carlos Cez¨®n, Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega y Carlos Ollero, y por otro, remitir el caso al fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, 'por si los hechos fueran constitutivos de delito, por parte de tales magistrados o por la de terceros intervinientes en los hechos'.

Los vocales Jos¨¦ Antonio Alonso y Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, integrantes de la Permanente, suscribieron un voto particular concurrente ya que a su entender la propuesta debi¨® dejar m¨¢s claro que el Consejo, constitucional y legalmente, s¨®lo tiene competencias disciplinarias y por ello, la apreciaci¨®n de la existencia o inexistencia de delito corresponde exclusivamente al fiscal.

Sin embargo, el Consejo ya decidi¨® el 2 de julio de 2001 abrir expediente disciplinario al magistrado de La Palma del Condado (Huelva) Justo G¨®mez Romero y remitir testimonio de las actuaciones al fiscal 'al deducirse de las mismas la posible comisi¨®n de los delitos de cohecho, prevaricaci¨®n e infidelidad en la custodia de documentos'.

Constitutivo de delito

Adem¨¢s, el art¨ªculo 409 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial establece: 'Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro ¨®rgano o Autoridad del Estado o de una Comunidad Aut¨®noma considere que un juez o magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondr¨¢ en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acci¨®n penal'.

Por tanto, y a pesar de que los vocales han invocaci¨®n la presunci¨®n de inocencia de los magistrados, el Consejo ha apreciado que los hechos pueden ser constitutivos de delito y por ello remite lo actuado al fiscal. Y tambi¨¦n ve falta disciplinaria, porque no ha archivado las actuaciones, como pod¨ªa haber hecho.

De hecho, fuentes del CGPJ se?alaron que en la Permanente se hab¨ªa considerado que los magistrados podr¨ªan haber incurrido en prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta), pero no dolosa (intencionada), sino por imprudencia grave, lo que de alguna manera contradice el 'a sabiendas'.

El informe de la Inspecci¨®n del Consejo describe una resoluci¨®n inexplicable de puesta en libertad de un peligroso narco justo 23 d¨ªas antes del juicio en el que el fiscal solicitaba para ¨¦l 60 a?os de prisi¨®n y 69.000 millones de pesetas de multa (414,7 millones de euros). Seg¨²n vocales del citado organismo, lo ins¨®lito de la decisi¨®n la hace cuando menos sospechosa de prevaricaci¨®n.

Fuentes judiciales en la Audiencia Nacional consideraron que la medida adoptada era 'm¨¢s espectacular que efectiva, ya que el Consejo ha dado la apariencia de preocupaci¨®n de cara a la opini¨®n p¨²blica, pero realmente existen pocas posibilidades de que el fiscal interponga una querella contra tres magistrados por una resoluci¨®n que no es m¨¢s que el ejercicio de la facultad jurisdiccional de los jueces, por muy equivocada que est¨¦'. En el Consejo, sin embargo, se?alaron que la efectividad de la medida se ver¨¢ cuando concluya el caso, y no antes.

La Permanente alude en su resoluci¨®n a 'terceros intervinientes', en referencia al psiquiatra que emiti¨® el informe en el que se basaron los magistrados para poner en libertad a Carlos el Negro y tambi¨¦n a los abogados del narco que iba a ser juzgado por su participaci¨®n en la introducci¨®n de 10 toneladas de coca¨ªna en Espa?a. Precisamente ayer, Instituciones Penitenciarias anunci¨® la apertura de una investigaci¨®n interna para determinar las circunstancias en las que se produjo el informe del psiquiatra de la c¨¢rcel de Valdemoro. En el dictamen, el psiquiatra apreciaba en el narco 'un trastorno bipolar, produciendo el encarcelamiento un efecto negativo en la evoluci¨®n de su enfermedad'.