Exceso de celo

La Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abri¨® anteayer la vista oral contra 37 procesados en el sumario de la Operaci¨®n Temple (la introducci¨®n en Espa?a de diez toneladas de coca¨ªna) con un destacado ausente, Carlos Ruiz Santamar¨ªa, que se dio a la fuga el 26 de diciembre tras haber sido excarcelado precisamente por los tres magistrados encargados de juzgarle. Por lo dem¨¢s, la huida del presunto narcotraficante puede ser causa indirecta de la anulaci¨®n de la vista oral en curso. Si la querella interpuesta por el ministerio p¨²blico a instancias del fiscal general contra los miembros de de la Secci¨®n Cuarta, acusados de haber cometido un delito de prevaricaci¨®n al poner en libertad a Ruiz Santamar¨ªa, fuese admitida a tr¨¢mite por el Supremo se abrir¨ªan dos v¨ªas para la suspensi¨®n cautelar de los tres magistrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de forma pr¨¢cticamente inmediata, caso de aplicarse el procedimiento abreviado, o cuando fuese dictado el auto de procesamiento, si se optase por el procedimiento ordinario. Ante tal riesgo, algunos abogados pidieron la suspensi¨®n de la vista oral; sin embargo, el tribunal y la fiscal¨ªa consideraron que no exist¨ªan razones legales para hacerlo: ni los magistrados se hab¨ªan abstenido, ni las partes hab¨ªan solicitado su recusaci¨®n, ni exist¨ªa justificaci¨®n procesal para el aplazamiento.

La excarcelaci¨®n y fuga del presunto narcotraficante provoc¨® una oleada de indignaci¨®n en la opini¨®n p¨²blica y gran perplejidad en el foro. Los esc¨¢ndalos pol¨ªtico-financieros bajo el mandato socialista y durante el Gobierno del PP disuaden de poner la mano sobre el fuego para avalar a cualquier denunciado y dan patente de corso incluso a rumores disparatados: al parecer, un escarmentado ciudadano escuch¨® sin mover una ceja la noticia del inminente encierro del cardenal-primado con seis toros en Las Ventas y se limit¨® a preguntar cautelosamente por el nombre del ganadero. La opini¨®n p¨²blica tiene barra libre, as¨ª pues, para hacer sus conjeturas sobre las razones que llevaron a los tres jueces a excarcelar a un presunto jefe del narcotr¨¢fico, un negocio que hace correr el dinero a raudales.

Sin embargo, las obligaciones constitucionales de su cargo le impiden al fiscal general participar en la subasta al alza de las acusaciones contra los jueces que se suelen escuchar en las tertulias, los transportes p¨²blicos y los bares. A diferencia de otras ocasiones, Jes¨²s Cardenal acept¨® con presteza la invitaci¨®n a querellarse contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional cursada por el reci¨¦n elegido CGPJ, que inici¨® a su vez diligencias informativas para un eventual expediente disciplinario. De com¨²n acuerdo con su jefe, el teniente fiscal del Supremo, Jos¨¦ Mar¨ªa Luz¨®n, eligi¨® el tipo penal mas severo: la prevaricaci¨®n dolosa (dictar una sentencia o resoluci¨®n injusta a sabiendas) en lugar de la prevaricaci¨®n culposa (dictar una sentencia o resoluci¨®n manifiestamente injusta por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable). Pero tambi¨¦n la opini¨®n p¨²blica tiene barra libre para buscar explicaciones a otro enigma: los fiscales Cardenal y Luz¨®n, lanzados a toda m¨¢quina contra los magistrados de la Secci¨®n Cuarta, combatieron hasta el ¨²ltimo suspiro para salvar al ex juez Javier G¨®mez de Lia?o de ser condenado por el Supremo con el argumento de que la prevaricaci¨®n es un delito de imposible prueba.

Durante el franquismo se contaba de buena fuente la historia de un director general que recibi¨® la intempestiva llamada telef¨®nica de su ministro mientras sesteaba en mangas de camisa repantigado en el sill¨®n: el respetuoso subordinado se puso de pie en un brinco y pidi¨® unos segundos a su invisible superior para ponerse la chaqueta y la corbata antes de dar ciego cumplimiento a las eventuales ¨®rdenes. No resulta necesario, sin embargo, recurrir a esa hip¨®tesis para explicar el exceso de celo desplegado por Cardenal y Luz¨®n contra los tres magistrados: la sinton¨ªa del fiscal general y del fiscal del Supremo con el Gobierno no necesita la llamada de Aznar o de su ministro de Justicia para empapelar por su cuenta y riesgo a la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional (debido a su presunta benevolencia con el entorno de ETA y con los acusados de narcotr¨¢fico) o para echarle un capote al ministro Piqu¨¦ en el caso Ercros.