La yegua de Atila

Convertir porches en espl¨¦ndidos ¨¢ticos, cubrir terrazas o cerrar balcones con materiales m¨¢s o menos adecuados son pr¨¢cticas frecuentes que, no obstante su ilegalidad generalizada y el afeamiento urban¨ªstico que a menudo conllevan, gozan de una notable tolerancia en Valencia por parte de las autoridades municipales e incluso patrimoniales. El resultado es ese caos est¨¦tico y mortificante que cualquier paseante constata. Hemos de suponer que tal laxitud responde al criterio de los responsables de la disciplina urban¨ªstica, quiz¨¢ condicionados por la falta de recursos humanos y materiales para inspeccionar y frenar con la debida celeridad dicho desmadre. Pensar otra cosa ser¨ªa como invocar, y no sin motivos, la complicidad o la desidia de los funcionarios y pol¨ªticos implicados.

Las aludidas y lamentables irregularidades cobran un relieve especial cuando ata?en a edificios protegidos por su valor hist¨®rico o arquitect¨®nico, que tantas veces en esta ciudad han sido desfigurados por mor de codicias impunes de sus propietarios o beneficiarios. Alg¨²n d¨ªa habr¨ªa de confeccionar el cat¨¢logo de desmanes de este g¨¦nero amparados por cada uno de los alcaldes y regidores que se han sucedido, con menci¨®n de los arquitectos venales que han suscrito el desprop¨®sito. Y no digamos cuando ¨¦ste se acomete mediante trapisondas legalistas propias de r¨¢bulas con alg¨²n mando en plaza. Este es el caso del edificio sito en la calle de Avellanas, 7, de Valencia, protegido con el nivel 2, y acerca del cual ha de decidir hoy mismo la comisi¨®n de Patrimonio del Ayuntamiento.

El episodio podr¨ªa ser rutinario, de no resultar kafkiano, porque a nadie puede sorprender que el titular de unos porches acometa el cubrimiento de unas terrazas, por m¨¢s que se conculquen reglamentos y ordenanzas. La rareza, por describirlo finamente, consiste en que se ejecute sin licencia municipal -como era obvio- y despu¨¦s de que el Ayuntamiento paralizase dos veces las obras, que se avalan mediante una extravagante autorizaci¨®n verbal del arquitecto municipal. Y lo que es peor, por ser m¨¢s directamente lesivo, que se entre a saco y sin permiso de su titular -que en modo alguno podr¨ªa otorgar leg¨ªtimamente tal permiso, aun cuando se quisiera- en la vivienda que soporta las obras, instalando en la misma viguetas, forjados, bajantes y, en suma, convirti¨¦ndola en una escombrera.

Suponemos que el desm¨¢n habr¨¢ de sustanciarse ante los tribunales, pero previamente convendr¨ªa esclarecer qu¨¦ indolencias o temores de la Administraci¨®n han cedido ante el arrojo de la propietaria -verdadera yegua de Atila- que se ha ciscado en la ley y los reglamentos. El hecho de que la temeraria ama de los porches sea y ejerza de fiscal puede explicar que explote las posibilidades del legalismo, quiz¨¢ un respeto reverencial anacr¨®nico a su funci¨®n e incluso alguna connivencia de los t¨¦cnicos. Con todo y con ello, no puede saltarse a la torera la falta de la licencia, ni la protecci¨®n del edificio, ni los derechos del vecino, ni tampoco los responsables urban¨ªsticos pueden cruzarse de brazos ante tama?a tropel¨ªa.

La citada comisi¨®n patrimonial, como decimos, y Miguel Dom¨ªnguez, como concejal especialmente implicado, tienen hoy la oportunidad de dictar una resoluci¨®n justa y ejemplar, que asimismo glosaremos.