Rubio mediar¨¢ por los jornaleros implicados en el fraude al PER

El subdelegado del Gobierno en M¨¢laga, Carlos Rubio, se comprometi¨® ayer ante varios alcaldes de la Axarqu¨ªa a trasladar a la Direcci¨®n General de Trabajo la preocupaci¨®n generada en la comarca por la resoluci¨®n de la Inspecci¨®n de Trabajo que exige a 1.127 jornaleros la devoluci¨®n de los subsidios que cobraron gracias a peonadas falsas. En total, los trabajadores deben restituir unos seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) que cobraron indebidamente entre los a?os 1992 y 1993.

Los alcaldes de la zona y el diputado de Izquierda Unida, Jos¨¦ Luis Centella, reclamaron a Rubio que la Administraci¨®n central d¨¦ una 'salida pol¨ªtica' y deje sin efecto las resoluciones dictadas a finales del a?o pasado por la Inspecci¨®n de Trabajo en M¨¢laga. 'Nos ha dado la esperanza de que las cantidades se puedan condonar', asegur¨® tras la reuni¨®n el primer edil de El Borge, Jos¨¦ Antonio Ponce. No obstante, el alcalde apunt¨® que tanto el subdelegado, como el director provincial del INEM, Jos¨¦ Manuel Diz, quien tambi¨¦n particip¨® en la reuni¨®n, recomendaron a los afectados que presenten los correspondientes recursos de alzada.

M¨¢s de medio centenar de jornaleros ya han presentado alegaciones ante la Direcci¨®n General de Trabajo contra la resoluci¨®n, que es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de junio pasado que conden¨® al ex alcalde de Moclinejo, Enrique Mu?oz (CDS), por firmar peonadas ficticias a los 1.127 jornaleros a los que ahora se les reclama la devoluci¨®n de ese dinero. Las cantidades a reintegrar oscilan entre 3.600 y 7.800 euros (De 600.000 a 1.800.000 pesetas).

Justicia social

Tanto Centella como los alcaldes solicitaron que se estimen los recursos ya que de lo contrario 'se generar¨¢ una situaci¨®n de verdadera ruina' en la comarca, situada en la zona oriental de la provincia. La Axarqu¨ªa tiene uno de los ¨ªndices de renta m¨¢s bajos de toda Espa?a. Para el diputado de IU, se trata de 'un caso de justicia social'.

Con similares argumentos, los ayuntamientos de la zona aprobar¨¢n en las pr¨®ximas semanas mociones en la que instar¨¢n al Gobierno a dejar sin efecto las resoluciones. Centella y los alcaldes pretenden mantener una reuni¨®n urgente con los m¨¢ximos responsables de la Direcci¨®n General de Trabajo para pedirles su 'intervenci¨®n directa' en el caso ante la 'alarma social' generada en la comarca por la decisi¨®n de la inspecci¨®n. Cuando hace una semana IU dio a conocer la situaci¨®n de los jornaleros, el director provincial del INEM aclar¨® que la delegaci¨®n de este organismo en M¨¢laga era 'un mero ejecutor' de la resoluci¨®n que finalmente adopte la Direcci¨®n General o del acuerdo pol¨ªtico que se alcance. Tras el encuentro, Centella calific¨® de 'muy positivo' que al menos se haya comprendido desde la Subdelegaci¨®n del Gobierno 'el problema que supone para las familias afectadas'.