El PSOE estudia denunciar al Gobierno por trabajar con 10 empresas sancionadas

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n ha contratado por importe de 62.000 millones de pesetas (372 millones de euros) con 10 empresas que incumplen la Ley de Contrataci¨®n de las Administraciones P¨²blicas, seg¨²n denunci¨® ayer el PSOE. Se trata de empresas que han sufrido sanciones de car¨¢cter muy grave en materia de seguridad laboral. El portavoz socialista en la Asamblea, Pedro Sabando, afirm¨® que su partido estudia llevar el caso a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia. El Ejecutivo replica que dicha ley carece todav¨ªa de reglamento y por tanto no es a¨²n aplicable.

Desde 1998 y hasta el a?o 2000, el Gobierno regional, a trav¨¦s de distintas consejer¨ªas y organismos p¨²blicos, ha venido contratando con 10 empresas que han sufrido sanciones por infracciones muy graves en materia de seguridad. El problema es que, seg¨²n la ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, las sociedades que se encuentran en esta situaci¨®n no pueden trabajar para la Administraci¨®n.

Dichas empresas, fundamentalmente del sector de la construcci¨®n, aunque tambi¨¦n las hay de limpieza, estudios o transporte, facturaron, de acuerdo con los datos recopilados por el diputado socialista Antonio Fern¨¢ndez Gordillo, m¨¢s de 62.000 millones de pesetas. Los contratos se suscribieron por distintas consejer¨ªas (Educaci¨®n, Medio Ambiente, Urbanismo) e instituciones regionales, como el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) o el Instituto Madrile?o para el Desarrollo.

De los 62.000 millones de pesetas facturados en este periodo, 45.000 millones (270 millones de euros) corresponden a contratos realizados a trav¨¦s del ente p¨²blico Mintra (Madrid Infraestructura del Transporte). Fern¨¢ndez Gordillo aport¨® documentaci¨®n del propio Gobierno regional en la que se especifican las empresas sancionadas, los contratos y su importe. Seg¨²n los socialistas, el Ejecutivo no comunic¨® a las juntas consultivas del Estado y de la Comunidad las sanciones impuestas para que se procediera a su incapacitaci¨®n.

Para Pedro Sabando, que elogi¨® el trabajo realizado por el diputado Fern¨¢ndez Gordillo, estas actuaciones son una 'aut¨¦ntica burla pol¨ªtica'. Record¨® Sabando que el pleno de la Asamblea aprob¨® por unanimidad, el pasado 8 de noviembre, una resoluci¨®n en la que se ampliaba la prohibici¨®n de la ley estatal de contratos, prohibiendo que se contratara con empresas que, incluso, s¨®lo tuvieran infracciones leves.

Un asunto 'doloroso'

El portavoz del PSOE argument¨® que el problema era m¨¢s 'doloroso, por cuanto en esta C¨¢mara ha habido una gran preocupaci¨®n y sensibilidad de todos los grupos pol¨ªticos en torno a la siniestralidad laboral'. 'Frente a los muertos en accidente y frente al discurso del PP, el Gobierno regional contin¨²a ignorando las resoluciones de este Parlamento', a?adi¨®.

El PSOE anunci¨® que hab¨ªa presentado una interpelaci¨®n al Gobierno de Ruiz-Gallard¨®n y que, mientras tanto, prepara nuevas actuaciones. 'Nuestros juristas se encuentran estudiando si el Gobierno regional ha incurrido en delito al contratar a empresas en estas circunstancias. De momento, esperaremos la respuesta del Ejecutivo para actuar en consecuencia, pero no descartamos llevar el caso ante la fiscal¨ªa si encontramos materia delictiva'. El portavoz socialista se?al¨® que, en cualquier caso, su grupo no quer¨ªa precipitarse en un caso tan delicado. 'Actuaremos con absoluta firmeza, pero con toda tranquilidad', dijo.

Como si se tratara de dar respuesta a estas denuncias, el Gobierno regional, a trav¨¦s del consejero de Trabajo, Luis Peral, anunciaba ayer que hab¨ªa iniciado contactos con el ministerio de Trabajo en torno a la siniestralidad laboral. El consejero afirm¨® que la Comunidad estudiar¨ªa con el Ministerio de Trabajo la creaci¨®n de un grupo que analice las circunstancias en las que se llegue a prohibir la contrataci¨®n con aquellas empresas que hayan sido sancionadas en materia de seguridad laboral. Peral, seg¨²n Efe, asegur¨® que se trata de una medida que es 'pionera' entre las comunidades aut¨®nomas.

Peral inform¨® de que la Comunidad quiere ampliar los supuestos en los que la infracci¨®n de las normas de seguridad laboral tendr¨¢n consecuencias negativas en la contrataci¨®n p¨²blica.

'Mientras no exista el desarrollo reglamentario previsto en el art¨ªculo 21-2 de la Ley de Contratos del Estado', explic¨®, 'no son aplicables autom¨¢ticamente las prohibiciones de contratar que establece el Art¨ªculo 20-d para infracciones muy graves en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo'. Seg¨²n el consejero, 'los ¨®rganos de contrataci¨®n administrativa de la Comunidad no pueden actualmente excluir de la contrataci¨®n, de manera autom¨¢tica a las empresas sancionadas en firme por infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo'.

En el Pleno de la Asamblea del 8 de noviembre fueron aprobadas a iniciativa de los tres grupos parlamentarios 17 mociones para mejorar la seguridad en el trabajo. Una de ellas -a iniciativa del Partido Popular-, propon¨ªa ir m¨¢s all¨¢ que la Ley de Contratos y extender las sanciones previstas en la Ley de Contratos para las infracciones muy graves a cualquier infracci¨®n, en materia de seguridad en el trabajo, garantizando el cumplimiento de dicha normativa en el ¨¢mbito territorial de la Comunidad de Madrid.