El divorcio del Papa

La Iglesia no renuncia a establecer en los Estados democr¨¢ticos modernos de religi¨®n mayoritariamente cat¨®lica una especie de zona franca confesional en asuntos que considera esenciales en su doctrina y en su concepci¨®n moral. Es el caso del matrimonio, las relaciones sexuales, el aborto o la ense?anza religiosa, entre otros. En ocasiones, portavoces cualificados de la Iglesia -determinados obispos y te¨®logos- han llegado a poner en cuesti¨®n la legitimidad del Estado democr¨¢tico para legislar libremente en estas cuestiones, sin enfeudamientos confesionales. Ahora, Juan Pablo II pide a jueces y abogados, en un discurso al Tribunal de la Rota Romana, que boicoteen las leyes estatales sobre el divorcio, vigentes en la inmensa mayor¨ªa de los pa¨ªses occidentales, ampar¨¢ndose en la objeci¨®n de conciencia.

La Iglesia es libre de defender, con la plena libertad que garantiza el Estado democr¨¢tico, su postura a favor del matrimonio indisoluble y contraria al divorcio. E incluso de hacerlo con argumentos que no tengan en cuenta la profunda evoluci¨®n social en la materia. Tambi¨¦n est¨¢ en su derecho de exigir a sus fieles una pr¨¢ctica del matrimonio acorde con su doctrina. Pero si apela a poderes b¨¢sicos del Estado, como es el caso de los jueces, para que no apliquen o apliquen de determinada manera las leyes sobre el divorcio, abandona su terreno -el de Dios- para invadir el del C¨¦sar -el Estado-. La cosa no es una broma. De otra organizaci¨®n que no fuera la Iglesia se d¨ªr¨ªa que esa actuaci¨®n es subversiva. Pronunciamientos como el del Papa no pueden dejar de ser mirados con recelo incluso por gobernantes y ciudadanos cat¨®licos.

El Papa apela a la conciencia del juez cat¨®lico para que aplique la ley sobre el divorcio de la manera m¨¢s acorde con la doctrina cat¨®lica sobre la indisolubilidad del matrimonio. En suma, les pide en nombre de la fe una actuaci¨®n que choca con su obligaci¨®n de aplicar el principio de legalidad por encima de sus propias creencias. Un juez no puede acogerse legalmente a la objeci¨®n de conciencia para rechazar la aplicaci¨®n de una ley; s¨®lo le cabe la renuncia.

Este llamamiento gen¨¦rico a jueces y abogados a que objeten los procesos civiles de divorcio tiene todas las caracter¨ªsticas de una invitaci¨®n a la desobediencia civil, que en el caso de los jueces resulta de particular gravedad en tanto involucra a uno de los poderes del Estado. Distinto es el caso de los abogados por tratarse de una profesi¨®n libre, aunque quienes ejercen el turno de oficio est¨¢n igualmente obligados a aceptar los casos que les correspondan. Por lo dem¨¢s, entre los principios deontol¨®gicos de la abogac¨ªa aparece la libertad de defensa y de asesoramiento legal, cualquiera que sea la naturaleza del asunto. Algo tendr¨ªan que decir las organizaciones de abogados sobre esta peculiar concepci¨®n en la que la creencia individual del abogado prima sobre sus deberes profesionales.