La Corte Suprema argentina denuncia el intento de desplazarla con violencia

El vicepresidente de la Corte Suprema, Eduardo Molin¨¦ O'Connor, cree que la crisis que vive Argentina pone a prueba la fortaleza de las instituciones del pa¨ªs, porque 'est¨¢n tratando de desplazar a la Corte a trav¨¦s de la violencia'. Entretanto, el presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, denunci¨® amenazas de muerte en una entrevista, si bien manifest¨® que ninguno de los nueve miembros de la Corte Suprema piensa dimitir. Mientras siguen las protestas contra el alto tribunal, miembros del Gobierno creen que los magistrados est¨¢n m¨¢s unidos que nunca.

Una versi¨®n de la 'guerra civil' que tem¨ªa y quer¨ªa evitar el presidente argentino, Eduardo Duhalde, cuando asumi¨® el cargo hace poco m¨¢s de un mes se libra en las batallas donde se enfrentan cada d¨ªa los poderes del Estado. Dos de ellos, el Ejecutivo y el Congreso, se han aliado contra el Supremo, cabeza del Poder Judicial. El vicepresidente del alto tribunal del pa¨ªs, Eduardo Molin¨¦ O'Connor, considera que 'esta crisis pone a prueba la fortaleza de las instituciones en Argentina, porque est¨¢n tratando de desplazar a la Corte a trav¨¦s de la violencia'.

Molin¨¦ O'Connor y el presidente de la Corte, Julio Nazareno, uno de los jueces m¨¢s criticados entre los nueve miembros del tribunal sometidos desde el pasado jueves a proceso por la Comisi¨®n de Juicio Pol¨ªtico de la C¨¢mara de los Diputados, concedieron una entrevista a la BBC de Londres, reproducida por una cadena de radio de Buenos Aires.

Nazareno confirm¨® que hab¨ªa recibido 'amenazas de muerte', pero neg¨® que alguno de los jueces est¨¦ pensando en renunciar. Siete de los nueve iniciaron los tr¨¢mites para acogerse a la jubilaci¨®n. La pensi¨®n vitalicia de unos 11.000 d¨®lares de promedio que les corresponder¨ªa es un nuevo motivo de conflicto. Los diputados quieren cortar el paso a todas las salidas que los jueces hacen llegar al Ejecutivo. Los miembros de la Comisi¨®n de Juicio Pol¨ªtico tienen voluntad de 'acusar y suspender' hasta que el Senado sentencie la destituci¨®n. La remoci¨®n al cabo del juicio les impedir¨ªa recibir el beneficio de la jubilaci¨®n y seguir cobrando, ya retirados, el mismo salario que ten¨ªan en activo.

'Ni jubilaci¨®n, ni renuncia, ni embajadas. La sociedad reclama juicio y castigo, no tolerar¨ªa la renuncia ni la jubilaci¨®n. La lucha es contra la impunidad', asegura tajante la diputada Elisa Carri¨®, l¨ªder de la Alternativa para una Rep¨²blica de Iguales y miembro de la Comisi¨®n de Juicio Pol¨ªtico.

Desde la otra trinchera, responde Nazareno: 'Nosotros no nos vamos a ir porque nos llenen una plaza de gente gritando con una cacerola. Si en este momento nosotros aflojamos y por nuestra propia comodidad nos vamos a nuestras casas, no estamos cumpliendo con nuestro mandato constitucional'.

Una fuente del Ministerio de Justicia dec¨ªa ayer a este diario que 'la embestida les ha abroquelado y est¨¢n m¨¢s unidos que nunca, inclusive se hablan nuevamente entre ellos los que antes se ignoraban y despreciaban'. Los altisonantes partes p¨²blicos de la guerra no revelan el contenido de los discretos contactos privados que mantienen las partes.

Los jueces de la Corte replicaron a las amenazas y advirtieron de que podr¨ªan dictar un fallo a¨²n m¨¢s duro, terminante y abarcador que el detonante del conflicto hace una semana para obligar al Ejecutivo a levantar inmediatamente las restricciones al retiro de fondos de los bancos, y tambi¨¦n otra resoluci¨®n declarando la inconstitucionalidad del decreto posterior que proh¨ªbe y suspende la admisi¨®n a tr¨¢mite de las demandas judiciales de los ahorradores durante seis meses.

Hundir la reforma

Con esos dos torpedos, la Corte hundir¨ªa la fr¨¢gil barcaza del programa econ¨®mico en el que se ha embarcado el Gobierno y que inexorablemente debe zarpar el lunes, cuando comience a operar el mercado libre de cambios y la cotizaci¨®n del d¨®lar indique la temperatura real de la confianza o del miedo al fracaso que tiene toda la sociedad. Estremecido a su vez por la velada amenaza del Supremo, el Ejecutivo recomienda prudencia a los diputados, exige garant¨ªas y trata de bajar el tono de declaraciones y protestas.

Mientras tanto, los vecinos de Buenos Aires siguen all¨ª. La cacerolada del pasado jueves convoc¨® otra vez a unas 5.000 personas que, despu¨¦s de batir el parche met¨¢lico, de insultar y de protestar ante el Palacio de los Tribunales, integr¨® un cortejo f¨²nebre que march¨® lentamente hasta el Congreso detr¨¢s de una camioneta que llevaba el ata¨²d con el cad¨¢ver de la 'impunidad' y coronas de flores en las que se destacaban los t¨ªtulos de los cargos contra el Supremo.