?Qu¨¦ esconde Bush?

Nadie ha acusado nunca al congresista norteamericano Dan Burton de morderse la lengua. Este republicano de Indiana, baluarte de los conservadores que controlan la C¨¢mara de Representantes, llam¨® en una ocasi¨®n 'cerdo' al presidente Clinton. Pero una cosa es arrojar bombas ret¨®ricas contra un presidente del partido rival y otra, muy distinta, denunciar al l¨ªder del propio partido por 'dictatorial', que es lo que hizo Burton con el presidente Bush el pasado diciembre.

Lo que indign¨® tanto a Burton fue la obsesi¨®n de la Administraci¨®n de Bush con el secretismo, su empe?o en ocultar informaci¨®n al p¨²blico e incluso al Congreso. El esc¨¢ndalo de Enron ha servido para sacar a la luz un modus operandi profundamente arraigado en el Gobierno de Bush. Si hay tantos v¨ªnculos demostrados (incluidos econ¨®micos) entre miembros de la Administraci¨®n de Bush y Enron, ?por qu¨¦ no se han dado unos cuantos nombres? Es comprensible que la prensa y el p¨²blico se pregunten: ?Qu¨¦ ocultan? La respuesta es: mucho.

Cheney y Rumsfeld son autores de memorandos de la ¨¦poca Reagan que ahora est¨¢n bloqueados

Por primera vez en 81 a?os, el Congreso se ha querellado para obtener informaci¨®n

En realidad, el equipo de Bush ha emprendido un ataque a la verdad que hace que el intento del presidente Richard Nixon de encubrir el robo de Watergate parezca, en comparaci¨®n, una aberraci¨®n temporal. La agresi¨®n nace en la ra¨ªz del proceso gubernamental. Bush est¨¢ bloqueando la publicaci¨®n prevista de documentos en virtud de la Ley de Documentos Presidenciales (PRA), de 1978, que ordena que todos los papeles de cada presidente, salvo los que son especialmente delicados, se den a conocer al p¨²blico 12 a?os despu¨¦s de que dicho presidente deje el cargo. En el caso de Reagan, el reloj empez¨® a correr en 1989. El 20 de enero de 2001 correspond¨ªa publicar la primera serie (68.000 p¨¢ginas) de sus papeles. Deb¨ªa haber sido un tr¨¢mite de rutina. Pero la nueva Administraci¨®n de George W. Bush, que acababa de pasar por la controversia de los votos en Florida en las elecciones presidenciales de 2000, aprovech¨® una cl¨¢usula de la PRA que permite la consulta del presidente durante 30 d¨ªas. As¨ª empez¨® lo que se ha convertido en un gran punto muerto. En agosto, hab¨ªa pasado medio a?o y segu¨ªa sin publicarse ning¨²n documento.

Sospechoso

Esto levant¨® sospechas. Dado que la ley ya exclu¨ªa los documentos m¨¢s delicados de la publicaci¨®n, ?por qu¨¦ necesitaba la Administraci¨®n de Bush revisar el resto, seg¨²n dec¨ªa por motivos de seguridad nacional? 'Es bastante sospechoso', dice Anna Nelson, profesora de Historia en la American University, que colabora con varias organizaciones acad¨¦micas e hist¨®ricas en relaci¨®n con el acceso a los papeles presidenciales. 'Las precauciones en materia de seguridad nacional son extremas'. Nelson opina que muchos funcionarios de la Administraci¨®n actual que tambi¨¦n trabajaron en el Gobierno de Reagan -incluidos el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld- fueron los autores de esos memorandos de hace 12 a?os que est¨¢n bloqueados: 'Seguramente no recuerdan lo que dec¨ªan, y tienen dudas al respecto'.

Mientras tanto, Bush est¨¢ decidiendo qu¨¦ papeles de su padre, el presidente George H. W. Bush, podr¨¢n publicarse a partir del 20 de enero de 2005. A partir del 11 de septiembre, la Administraci¨®n ha tenido pr¨¢cticamente carta blanca para aplazar cualquier publicaci¨®n de documentos, y ha hecho amplio uso del privilegio. En noviembre, Bush dict¨® un decreto por el que no s¨®lo un ex presidente puede reclamar el privilegio exclusivo sobre sus papeles, en contra de la voluntad del presidente titular (una medida que instituy¨® Reagan antes de dejar el cargo), sino que un presidente en vigor puede tambi¨¦n bloquear los papeles de un antecesor en el cargo, incluso aunque ¨¦ste haya aprobado su publicaci¨®n.

Las repercusiones de esta modificaci¨®n son inmensas. 'Lo esencial es que el secreto manda en cualquier situaci¨®n, siempre que lo desee, al menos, una de las partes', dice Mark Rozelle, profesor de Ciencias Pol¨ªticas en la Universidad Cat¨®lica de Am¨¦rica, y uno de los principales especialistas en el privilegio ejecutivo. La Administraci¨®n de Bush, en pleno vaiv¨¦n orwelliano, ha dado a su decreto el t¨ªtulo de Aplicaci¨®n complementaria de la Ley de Documentos Presidenciales, como si estuviera pensado para mejorar el acceso p¨²blico. Seg¨²n la portavoz de la Casa Blanca, Ann Womack, 'en realidad, esto no ha cambiado nada'. El decreto, dice, 'se refiere s¨®lo al procedimiento. No dice cu¨¢ndo, c¨®mo ni por qu¨¦'. Cuando se firm¨®, Ari Fleischer declar¨® que iba a imponer 'un proceso m¨¢s ordenado. Como consecuencia de la nueva ley que va a entrar en vigor, y gracias al decreto que pronto va a dictar el presidente, ser¨¢ posible disponer de m¨¢s informaci¨®n'.

Eso est¨¢ por ver. Si, en el pasado, la Casa Blanca deb¨ªa demostrar que ten¨ªa una raz¨®n convincente para retener informaciones, el decreto de Bush traslada la responsabilidad a los investigadores y dem¨¢s solicitantes, que son quienes deben demostrar que tienen una raz¨®n convincente para necesitar esos datos. En la pr¨¢ctica, vac¨ªa de contenido la Ley de Documentos Presidenciales, cuyo objetivo era difundir, no ocultar.

Ante esta situaci¨®n, un consorcio de grupos de defensa de los intereses p¨²blicos, como la organizaci¨®n Public Citizen y el Archivo de Seguridad Nacional, presentaron una demanda a finales de noviembre. La demanda pide que el responsable del Archivo Nacional, que es el custodio de los papeles, est¨¦ obligado a respetar los t¨¦rminos de la Ley de Documentos Presidenciales y no tenga en cuenta el reciente decreto, y que publique los papeles de Reagan que permanecen retenidos. Scott Nelson, el abogado que lleva la causa contra la Casa Blanca, lo expresa as¨ª: 'Tienen la opini¨®n general de que las deliberaciones del Ejecutivo no son asunto del p¨²blico ni del Congreso'. A todo esto, en enero -un a?o despu¨¦s de la fecha en la que estaba prevista la publicaci¨®n-, s¨®lo se hab¨ªa dado v¨ªa libre a 6.000 documentos. A este paso, se tardar¨¢ m¨¢s de 11 a?os en que las 68.000 p¨¢ginas lleguen al p¨²blico.

El 15 de diciembre, Bush invoc¨® el privilegio ejecutivo para negarse a acatar dos citaciones del comit¨¦ del congresista Burton que solicitaban unas informaciones al Departamento de Justicia. Una de las citaciones, continuaci¨®n de la cruzada anti-Clinton llevada a cabo por Burton a finales de los noventa, ped¨ªa los memorandos internos de la fiscal¨ªa que explicaban la decisi¨®n de Janet Reno de no designar a un fiscal especial para investigar las irregularidades en la obtenci¨®n de fondos de la campa?a Clinton / Gore. La segunda estaba relacionada con una investigaci¨®n del FBI en Boston, hace m¨¢s de 25 a?os. Cuando el comit¨¦ de Burton pidi¨® los memorandos internos de la fiscal¨ªa encargada del caso, la Administraci¨®n protest¨® y afirm¨® que dicha publicaci¨®n tendr¨ªa efectos devastadores sobre los consejos confidenciales transmitidos dentro del Ejecutivo. ?Por qu¨¦ se empe?a Bush en invocar su privilegio ejecutivo en dos investigaciones cerradas que ya no representan ninguna amenaza para las fuerzas del orden, la fiscal¨ªa ni ninguna otra funci¨®n del Ejecutivo? La respuesta, seg¨²n Charles Tiefer, profesor de Derecho en la Universidad de Baltimore y experto en el privilegio ejecutivo, es que esta acci¨®n de Bush quiz¨¢ forme parte de una estrategia de m¨¢s largo alcance. 'El presidente Bush quiere utilizar su capacidad de mantener el secreto en casos como ¨¦stos, en los que no se le puede acusar de encubrir ning¨²n inter¨¦s propio en materia de pol¨ªtica o corrupci¨®n', explica Tiefer. 'As¨ª, el pr¨®ximo a?o, si los investigadores presentan una querella criminal contra Enron pero, por razones inexplicables, el Departamento de Justicia se niega a encausar a nadie aparte de empleados de Enron de baja categor¨ªa o insignificantes, se emplear¨ªa este mismo tipo de encubrimiento presidencial para impedir que el Congreso y la opini¨®n p¨²blica descubran por qu¨¦ no ha habido procesamientos graves'.

Y esto nos lleva a Enron. Mucho antes de que el gigante de la distribuci¨®n energ¨¦tica se convirtiera para la calle en un sin¨®nimo de infamia, Dick Cheney estaba asegur¨¢ndose de que el importante papel de ¨¦sta y otras compa?¨ªas que le hab¨ªan asesorado en la elaboraci¨®n de la pol¨ªtica energ¨¦rica del Gobierno de Bush se mantuviera en secreto. Cheney hab¨ªa celebrado reuniones con directivos y 'expertos' en energ¨ªa desde febrero de 2001, cuando cre¨® el Grupo Nacional de Desarrollo de la Pol¨ªtica Energ¨¦tica (NEPDG). En abril, la prensa inform¨® de que Cheney se hab¨ªa reunido con el consejero delegado de Enron, Kenneth Lay, la v¨ªspera de que el vicepresidente anunciara que no iba a apoyar los topes para los precios de venta de la electricidad al por mayor en California. Entonces, Enron estaba en plena campa?a de relaciones p¨²blicas para bloquear esos topes. El congresista Henry Waxman, el principal dem¨®crata en el comit¨¦ del Congreso para la reforma del Gobierno, pidi¨® a la Oficina General de Cuentas (GAO) que investigara a las personas con las que se hab¨ªa reunido Cheney en el transcurso de esos meses.

Desaf¨ªo

La Oficina General de Cuentas es el respetado brazo investigador del Congreso estadounidense. En mayo, la GAO intent¨® en cinco ocasiones obtener informaci¨®n del vicepresidente sobre sus contactos en el sector energ¨¦tico. Aunque se trataba de una solicitud de rutina, el abogado de Cheney hizo que el organismo de vigilancia del Congreso se viera obligado a defender su derecho legal a esa informaci¨®n. Despu¨¦s de una serie de reuniones legales y llamadas telef¨®nicas no devueltas, el interventor general de la GAO, David Walker, decidi¨® actuar con m¨¢s dureza y present¨® una petici¨®n formal de que Cheney hiciera p¨²blicos los datos. Cheney sigui¨® neg¨¢ndose. Seg¨²n Walker, ning¨²n Gobierno anterior hab¨ªa desafiado jam¨¢s la autoridad de la Oficina de esa forma.

Despu¨¦s de que esta situaci¨®n de punto muerto se prolongara durante todo enero, la GAO anunci¨® que iba a presentar una querella contra la NEPDG de Cheney para obligarle a satisfacer la solicitud. Es la primera vez, en sus 81 a?os de historia, que la GAO ha tenido que querellarse contra un organismo o responsable federal para obtener una informaci¨®n.

'El secretismo en la Administraci¨®n de Bush no se limita a una o dos personas. Es una filosof¨ªa b¨¢sica', dice Aftergood. 'Se hable de la guerra en Afganist¨¢n o de documentos presidenciales de hace 20 a?os, la Administraci¨®n quiere controlar lo que se le permite saber al p¨²blico. Es un cambio espectacular respecto al Gobierno de Clinton, en el que varios organismos defend¨ªan la necesidad de publicar m¨¢s datos y se dio a conocer un volumen sin precedentes de informaci¨®n sobre la que se hab¨ªa levantado el secreto oficial'.

Durante su primer mes en el cargo, el fiscal general, John Ashcroft, envi¨® un memor¨¢ndum en el que dec¨ªa que, siempre que fuera posible, el Departamento de Justicia deb¨ªa adoptar una pol¨ªtica de no proporcionar informaciones solicitadas en virtud de la Ley de Libertad de Informaci¨®n, con lo que anulaba la decisi¨®n administrativa de Clinton de que los documentos s¨®lo deber¨ªan retenerse cuando se previera que su publicaci¨®n iba a ocasionar perjuicios. Lo que Ashcroft ven¨ªa a sustituir era 'retener ocasionalmente' por 'retener siempre que sea posible'.