?El principio de la impunidad?

El Tribunal Constitucional del Per¨², m¨¢xima instituci¨®n encargada de velar por las libertades p¨²blicas, ha aceptado un recurso de habeas corpus, ordenando la excarcelaci¨®n de Luis Bedoya de Vivanco, quien apareci¨® en un vladiv¨ªdeo recibiendo 25 mil d¨®lares de Vladimiro Montesinos. La sentencia del Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre la acusaci¨®n de peculado que pesa sobre aqu¨¦l, s¨®lo sobre las formas del proceso, que, dice, violaron los derechos constitucionales del acusado, quien no debi¨® ir a la c¨¢rcel mientras transcurr¨ªa el proceso que determinar¨¢ su inocencia o culpabilidad.

Para comprender las razones que han motivado la viva pol¨¦mica desatada por el fallo del Tribunal Constitucional del Per¨², es preciso conocer algunos detalles del asunto. Luis Bedoya de Vivanco es hijo de Luis Bedoya Reyes, un abogado y pol¨ªtico peruano de gran prestigio profesional y de impecables credenciales democr¨¢ticas, que, en su larga trayectoria c¨ªvica, sin mancha, se ha ganado el respeto de amigos y adversarios. (Estuvimos juntos en el Frente Democr¨¢tico en 1990 y en mi libro de memorias El pez en el agua he dicho todo lo bien que pienso de ¨¦l). Que el hijo del fundador y l¨ªder del Partido Popular Cristiano apareciese en un v¨ªdeo recibiendo dinero del genocida, torturador, ladr¨®n y golpista n¨²mero uno de la dictadura fujimorista caus¨® una tremenda impresi¨®n en el Per¨², pues mostr¨® que la corrupci¨®n administrada por Vladimiro Montesinos hab¨ªa contaminado, incluso, a partidos que hac¨ªan oposici¨®n al r¨¦gimen (Luis Bedoya de Vivanco era dirigente del Partido Popular Cristiano y su candidato a la alcald¨ªa de Miraflores cuando el infamante v¨ªdeo), y al mismo entorno de figuras c¨ªvicas de irreprochable conducta democr¨¢tica.

De otro lado, el Tribunal Constitucional es una instituci¨®n que, hasta ahora al menos, gozaba de prestigio, pues tres de los magistrados que han aceptado el habeas corpus tuvieron una actitud muy digna cuando la dictadura fujimontesinista y fueron por ello destituidos y escarnecidos por la prensa vasalla del r¨¦gimen. Esos peri¨®dicos, radios y canales de televisi¨®n que la mafia todav¨ªa controla -desde la sombra e, incluso, desde la c¨¢rcel- ha celebrado ahora, ni qu¨¦ decir tiene, la excarcelaci¨®n del ex-alcalde, como un gran triunfo de la justicia y la moral, y les faltan adjetivos para elogiar la entereza de esos magistrados que se han atrevido a enmendar, por primera vez, los atropellos que, en su sed de venganza cainita, comete el r¨¦gimen democr¨¢tico contra los antiguos servidores, c¨®mplices y socios de Montesinos.

La insolencia con que el fujimontesinismo celebr¨® el fallo del Tribunal Constitucional ha sido desmedida. En tanto que sus abogados demostraban que el excarcelado Bedoya de Vivanco pod¨ªa reclamar y volver a ocupar la alcald¨ªa que gan¨® (en elecciones fraudulentas, gracias a la intervenci¨®n del dinero de Montesinos), sus ¨®rganos medi¨¢ticos anunciaban que los jueces y fiscales por cuya acci¨®n aqu¨¦l pas¨® cerca de nueve meses entre rejas ser¨ªan denunciados y enjuiciados por delitos que podr¨ªan llevarlos a la c¨¢rcel. Y, por supuesto, buen n¨²mero de los civiles y militares actualmente en prisi¨®n por los robos y exacciones cometidas al amparo de la dictadura preparan recursos de habeas corpus, suponiendo -suposici¨®n no gratuita, por cierto- que el fallo del Tribunal Constitucional sienta un precedente que puede excarcelarlos a ellos tambi¨¦n.

Ante la tempestad de cr¨ªticas que este fallo ha levantado -dos tercios de los peruanos lo rechazan de manera rotunda, seg¨²n las encuestas-, los magistrados del Tribunal Constitucional se han apresurado a asegurar que cada caso es ¨²nico y debe ser juzgado en sus propios t¨¦rminos, de modo que esta acci¨®n de amparo no puede servir de antecedente para otros recursos de habeas corpus. Sin embargo, resulta dif¨ªcil entender por qu¨¦ los argumentos que han valido para excarcelar a Luis Bedoya de Vivanco no valdr¨ªan tambi¨¦n para otros reos que se hallan en situaci¨®n similar.

El Tribunal considera que hab¨ªa dos razones para no encarcelar a Bedoya durante el proceso: 1) Que no hab¨ªa riesgo de que se fugara, pues estaba colaborando con la justicia, y 2) Que no se hab¨ªa podido establecer si los 25 mil d¨®lares que le dio Montesinos eran 'dineros p¨²blicos' o no, pues, si no lo eran, no habr¨ªa cometido delito de peculado.

Es el segundo argumento, claro est¨¢, el que ha hecho correr escalofr¨ªos en la espalda de los millones de peruanos que ten¨ªan la ilusi¨®n de que -?por una vez en nuestra historia!- los bandidos que se enriquecieron al amparo de la dictadura de Fujimori fueran sancionados por sus delitos. En efecto, el argumento parte de un supuesto que cabe llamar arcang¨¦lico: que el extorsionador y criminal que destruy¨® la democracia peruana y acumul¨® una fortuna il¨ªcita de cientos de millones de d¨®lares utilizaba, para corromper a los militares, empresarios, periodistas, pol¨ªticos, etc¨¦tera, que serv¨ªan sus intereses, unos dineros privados. ?Sus ahorros personales, tal vez? ?Los que gan¨® en el noble ejercicio de la abogac¨ªa defendiendo a narcotraficantes? ?Cabe suponer, entonces, que los 25 mil d¨®lares con que subsidi¨® a Bedoya de Vivanco en su campa?a por la alcald¨ªa los entreg¨® por razones c¨ªvicas y altruistas? ?Invirti¨® una suma tan alta de sus modest¨ªsimos ingresos personales porque quer¨ªa que Miraflores tuviera un alcalde de oposici¨®n al r¨¦gimen del que era, con Fujimori, la piedra miliar? Es posible que ese an¨¢lisis tenga sustento legal, pero no parece l¨®gico. Y sus derivaciones ponen los pelos de punta. Pues, como probablemente es imposible demostrar, en cada caso, que los dineros que manejaba Montesinos para sus tropel¨ªas proced¨ªan directamente del Estado, este argumento utilizado para excarcelar a Bedoya abre una puerta por la que pueden alcanzar la libertad -y, en ¨²ltima instancia, la impunidad- gran n¨²mero de quienes, en los diez a?os de la dictadura fujimorista, saquearon el pa¨ªs y acumularon formidables fortunas que ahora los esperan ganando intereses en los para¨ªsos fiscales del planeta.

No pongo en duda la buena fe ni la competencia jur¨ªdica de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es posible que hayan aplicado de manera escrupulosa la letra de la ley, aunque tal vez no as¨ª su esp¨ªritu. Desde mis ya lejanos a?os de estudiante de Derecho supe que ¨¦ste no garantiza siempre la justicia; que, m¨¢s bien,en muchos casos, sirve para legalizar injusticias, pues su interpretaci¨®n y aplicaci¨®n depende m¨¢s de la habilidad, el ingenio y a veces el genio leguleyo de abogados y juristas, que de lo que prescriben literalmente las normas legales y de las intenciones con que fueron concebidas. No es imposible que en su loable empe?o de defender los derechos constitucionales de un ciudadano que acept¨® ensuciar sus manos y su nombre recibiendo dinero de uno de los criminales m¨¢s siniestros de la historia peruana, en los locales del Servicio de Inteligencia -?instituci¨®n p¨²blica, si las hay!-, los magistrados del Tribunal Constitucional hayan dado un golpe sever¨ªsimo al proceso anti-corrupci¨®n que se abri¨® con la ca¨ªda de la dictadura, e inaugurado el camino de la impunidad para innumerables malhechores.

Es por eso que la gran mayor¨ªa de peruanos ha recibido ese fallo con indignaci¨®n, pero no con sorpresa. ?Acaso no ha ocurrido lo mismo, una y mil veces? Es cierto que la gran mayor¨ªa de esas peruanas y peruanos carecen de competencia para responder a las abrumadoras disquisiciones legales y casu¨ªsticas con que los magistrados justifican su sentencia. Es verdad; no tienen -no tenemos- la frondosa ret¨®rica leguleya con que cualquier jurista o r¨¢bula puede, usando la ley como un prestidigitador los pa?uelos y los conejos que hace aparecer y desaparecer en la chistera, demostrar la culpabilidad y la inocencia de cualquiera y por cualquier cosa. Pero lo que esos millones de peruanas y peruanos s¨ª saben -s¨ª sabemos- es que en la ya larga historia republicana del Per¨² nunca ha habido castigo para los aprovechadores de las dictaduras, los que, pasado un cierto tiempo de incomodidades y discreci¨®n, volv¨ªan siempre a la ciudad, a mostrarse tan campantes, bien forrados con el dinero de sus robos y piller¨ªas, y a menudo a reiniciar, a veces con ¨¦xito, sus carreras pol¨ªticas. Y saben tambi¨¦n que en el Per¨² hay una ley no escrita, pero respetada y practicada desde tiempos inmemoriales, seg¨²n la cual quienes pertenecen a las buenas familias, y tienen los buenos apellidos, y gozan de las buenas relaciones, reciben siempre, a la larga, gobierne quien gobierne, un trato de favor.

Lo ocurrido en los ¨²ltimos tiempos en el Per¨² hizo concebir esperanzas a muchos peruanos de que esta vez no ocurrir¨ªa lo de siempre, que ahora s¨ª, por fin, habr¨ªa justicia, y los delitos generados por un gobierno autoritario no quedar¨ªan impunes. Gracias al fallo del Tribunal Constitucional, saben -sabemos- que eran demasiado optimistas y que las cosas pueden plegarse tambi¨¦n en nuestros d¨ªas a las costumbres del pasado. Porque, como dec¨ªa C¨¦sar Moro, aunque en todos los pa¨ªses del mundo se cuecen habas, en el Per¨² s¨®lo se cuecen habas.

?Mario Vargas Llosa, 2002. ?Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Diario El Pa¨ªs, SL, 2002