Modelo leal de participaci¨®n auton¨®mica en la UE
La cuesti¨®n de la participaci¨®n regional en la delegaci¨®n espa?ola de los Consejos de Ministros de la Uni¨®n Europea parece que ha llegado a la agenda pol¨ªtica. Y que ha llegado para quedarse, por m¨¢s que se pretenda coartar el debate con apresuradas invocaciones de inconstitucionalidad y se desv¨ªe la atenci¨®n a otros foros o sistemas que no tienen nada que ver, como el Comit¨¦ de las Regiones o los comit¨¦s (de funcionarios) de la Comisi¨®n. Extremadura ha puesto sobre la mesa del Gobierno un modelo completo para un sistema com¨²n de participaci¨®n, v¨¢lido para el conjunto de comunidades aut¨®nomas y basado en la lealtad constitucional que la complejidad e importancia del asunto merecen. No se trata en ¨¦l de sustituir al Gobierno, sino de acompa?arle en la negociaci¨®n mediante la inclusi¨®n de un representante auton¨®mico en la delegaci¨®n espa?ola, que siempre estar¨ªa presidida por el ministro de turno y que defender¨ªa la postura espa?ola previamente acordada. Adem¨¢s de las socialistas, otras comunidades reclaman cuando menos la apertura del debate. Aqu¨ª quedan algunas reflexiones para el mismo.
?Por qu¨¦ queremos las regiones presencia en estas delegaciones? Porque tenemos un derecho de participaci¨®n en los asuntos europeos que tocan a nuestras competencias. Porque en esas mesas de Bruselas se negocia con las competencias que tenemos atribuidas y que nosotros, las comunidades aut¨®nomas, hemos perdido en beneficio de las instituciones centrales europeas. Porque nosotros somos las administraciones que ejecutan la mayor¨ªa de la normativa europea. Porque el Tratado lo prev¨¦ expresamente y de esa autorizaci¨®n hacen uso otros estados miembros, de los que el PP dice que son menos descentralizados que Espa?a. Porque la Constituci¨®n no impide que las delegaciones espa?olas, presididas por el Gobierno, se formen como queramos nosotros.
Pero sobre todo porque luego, cuando hay problemas, se nos echa encima a las regiones la responsabilidad sin habernos dejado participar, como en el caso del pago de las ayudas del lino, de las vacas locas, de la armonizaci¨®n fiscal, del d¨¦ficit y de tantos otros asuntos en los que se pretende endosarnos responsabilidades pol¨ªticas sin comerlo ni beberlo. Si Fraga, o Bono, o Ibarretxe van a asumir el coste pol¨ªtico por las consecuencias de esas decisiones, ?no es l¨®gico que exijan estar all¨ª donde se la juegan?
?Para qu¨¦ queremos estar en esas delegaciones? No para vigilar a los ministros, no es eso. Es para corresponsabilizarnos. En teor¨ªa, cuando se trata de competencias auton¨®micas, la posici¨®n espa?ola se acuerda en la Conferencia Sectorial correspondiente, en la que se sientan el Ministro y los consejeros hom¨®logos. Una vez en Bruselas, el Ministro tiene dos opciones. O bien no moverse de la posici¨®n que trae pactada con las Comunidades Aut¨®nomas, y ese inmovilismo puede perjudicar el acuerdo de nivel europeo. O bien, l¨®gicamente transigir, variar, moverse de la posici¨®n pactada inicial, pero lo estar¨ªa haciendo sin tener la competencia material en el ¨¢mbito interno y sin ning¨²n aval auton¨®mico; podr¨ªa ser acusado, in extremis, de desleal al acuerdo adoptado en Madrid.
Por tanto, se trata de corresponsabilizarnos las dos instancias, la ministerial y la auton¨®mica, de la negociaci¨®n. Se trata de reforzar la legitimidad del ministro, de avalar la actuaci¨®n de la delegaci¨®n en su conjunto, y luego responder los dos, el ministro y el consejero, ante la Conferencia Sectorial que defini¨® la posici¨®n espa?ola. Porque en Bruselas no hay una posici¨®n gubernamental y otra auton¨®mica. Tanto el ministro como el consejero son portavoces de una ¨²nica posici¨®n espa?ola, la acordada en la Conferencia Sectorial. De este modo, no es que se debilite la posici¨®n espa?ola, sino que, al contrario, se refuerza con una legitimidad jur¨ªdica y pol¨ªtica sin fisuras.
Se ha dicho que el ¨²nico representante posible en los consejos es el ministro, porque es el ¨²nico al que puede exig¨ªrsele responsabilidad por las Cortes. Si ese argumento de la responsabilidad fuese cierto, adem¨¢s de h¨¢bil, el ministro no tendr¨ªa que responder ante las Cortes, sino ante aquella instancia territorial que posee la competencia en el derecho interno, y tendr¨ªa que peregrinar tras cada consejo por los diecisiete parlamentos auton¨®micos para explicar qu¨¦ ha hecho en Bruselas con esa competencia regional. En realidad la cascada de responsabilidades es, primero, de los dos representantes espa?oles ante la Conferencia Sectorial, y, despu¨¦s, de cada gobierno ante su c¨¢mara: el ministro ante las Cortes, y los consejeros auton¨®micos que se sientan en cada Conferencia Sectorial ante su respectivo Parlamento regional. Nadie escapa a ese principio de responsabilidad.
Tampoco ser¨ªa ¨²til introducir en este esquema un elemento parlamentario, como se ha propuesto al hablar de la posibilidad de que en la delegaci¨®n se incluya un senador. Esta idea s¨®lo tendr¨ªa sentido con un Senado plenamente gubernamental, del modelo alem¨¢n, pero no con una C¨¢mara parlamentaria como la actual. Si la posici¨®n espa?ola se acuerda en una Conferencia Sectorial, debe ser una representaci¨®n de ¨¦sta la que acompa?e la negociaci¨®n, y no una instancia ajena a este mecanismo, ahora plenamente intergubernamental.
?Para qui¨¦nes est¨¢ pensado este sistema? Para todas las comunidades aut¨®nomas. Todos conocemos las pretensiones de los nacionalistas de aparecer siempre con modelos de relaci¨®n diferenciados y si es posible bilaterales. Pero lo cierto es que esas posiciones particularistas est¨¢n perjudicando la consecuci¨®n de un sistema com¨²n de participaci¨®n para todos. Las exigencias vascas se nos presentan por el Gobierno como un obst¨¢culo para que los dem¨¢s accedamos a un modelo com¨²n. Pero los derechos de una regi¨®n no pueden coartarse porque la actitud de otras pueda tener lecturas pol¨ªticamente esquinadas. Mi derecho no puede depender de c¨®mo ejercite el suyo otra Comunidad Aut¨®noma. No obstante, comprendo las reticencias del Gobierno desde el punto de vista pol¨ªtico, y por eso me permito pedir que intentemos reconducir las peticiones de modelos especiales a un modelo com¨²n de m¨ªnimos, que en nada perjudica otras posibles reivindicaciones de cada uno.
Lo que no se entiende es que Aznar vincule su oferta de entrada en el Gobierno a CiU como una soluci¨®n para la participaci¨®n europea de Catalu?a. ?Y los dem¨¢s, qu¨¦? ?O es que los derechos auton¨®micos son constitucionales si los ejercitan mis socios y son inconstitucionales si los pretenden otros? El sistema, para que funcione, tiene que ser com¨²n y basado en una mutua lealtad constitucional. Ni se le puede ofrecer a Catalu?a un acceso privilegiado exclusivamente como bot¨ªn de un pacto de gobierno, ni se le puede negar a Euskadi su inclusi¨®n en un sistema general porque mantenga posiciones diferenciadas. Ni, mucho menos, negarlo a todos por desencuentros circunstanciales entre el Gobierno vasco y el de todos los espa?oles.
Desde Extremadura, poco sospechosa de aventuras antiespa?olas, proponemos que se abra el debate en la Conferencia de Asuntos Europeos del MAP, con nuestro borrador o con cualquier otro, para que este desarrollo l¨®gico del sistema auton¨®mico no se convierta en uno de esos asuntos que aparecen recurrentemente en la agenda p¨²blica y acaban resolvi¨¦ndose, tarde y mal, al hilo de cualquier coyuntura pol¨ªtica no prevista.
Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.
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