L¨ªmites y fronteras

Poco antes de que se reuniera ayer la Mesa de Seguimiento del Pacto Antiterrorista para examinar varias propuestas del PP y del PSOE, el atentado de ETA contra Eduardo Madina, miembro de la Ejecutiva de las Juventudes Socialistas de Euskadi, devolvi¨® a la dura realidad de los hechos a los que tienden a olvidar que el principal objetivo del terrorismo son los cargos p¨²blicos, los afiliados y los simpatizantes de los partidos que representan a los vascos ajenos a las creencias del nacionalismo moderado o radical; los cr¨ªmenes de ETA forman parte de la estrategia del desistimiento dirigida a crear la espiral de silencio en el Pa¨ªs Vasco y a promover el exilio de los ciudadanos que reivindican sus derechos por encima de la ideolog¨ªa. El atentado de ayer deber¨ªa hacer recordar a todos los dem¨®cratas que el terrorismo no debe ser utilizado para los peque?os ardides y las mezquinas triqui?uelas de la lucha interpartidista. Desde esa perspectiva, es una ruindad que el Gobierno madrugara al PSOE -en v¨ªsperas de la reuni¨®n de la Mesa de seguimiento- con la filtraci¨®n de unas propuestas que hubieran debido conocer antes sus interlocutores; aunque los dirigentes del PP se diviertan poniendo de los nervios a los ciclot¨ªmicos miembros de la Ejecutiva socialista con deslealtades y humillaciones, esa treta electoralista es una vileza indigna cuando el terrorismo anda por medio.

La valoraci¨®n pol¨ªtica y jur¨ªdica de las propuestas de reforma de tres leyes (sobre Partidos, R¨¦gimen Electoral y Financiaci¨®n de Partidos) deber¨¢ aguardar a que sus textos sean p¨²blicos; ser¨ªa deseable, por lo dem¨¢s, que los nuevos presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, tan propensos a comportarse como majorettes del Gobierno, reprimieran su afici¨®n a pronunciarse a t¨ªtulo personal sobre cuestiones condenadas a terminar en su sede jurisdiccional. Las modificaciones de la Ley Electoral y de la Ley de Financiaci¨®n de Partidos son una obligada secuela de la enmienda a la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos, que aprob¨® el pasado diciembre la decisi¨®n de no pagar a Batasuna -incluso con efecto retroactivo- las subvenciones correspondientes a los votos y esca?os obtenidos en las elecciones.

Las dudas en torno a la constitucionalidad de negar a Batasuna en el futuro las ayudas electorales de las que se benefician los restantes partidos se multiplican cuando el impago afecta a las subvenciones del pasado reconocidas por el Supremo: 'La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas' y 'la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos' est¨¢n garantizadas por la Constituci¨®n. La anunciada reforma de la Ley de Partidos, que fue promulgada antes de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, parece orientada a una actualizaci¨®n de su texto capaz de proporcionar a los jueces instrumentos para ilegalizar a Batasuna; s¨®lo el conocimiento del texto permitir¨¢ opinar sobre su constitucionalidad. La norma de 1978, por lo dem¨¢s, ya establec¨ªa que los partidos pueden ser disueltos por los tribunales cuando incurran 'en supuestos tipificados como asociaci¨®n il¨ªcita en el C¨®digo Penal' o 'su organizaci¨®n o actividades sean contrarias a los principios democr¨¢ticos'.

Nunca faltan voces impacientes con las limitaciones impuestas por las formas del derecho a las actuaciones del poder. Mirando hacia atr¨¢s con la comprensible ira provocada por el descaro ventajista de Batasuna, con un pie fuera del sistema y con el otro dentro para cobrar subvenciones y apelar a las garant¨ªas constitucionales, la gente bajo el punto de mira de ETA rechaza la idea de que la voluntad popular, expresada en las urnas por los votantes y en el Parlamento por los diputados y senadores, no pueda traspasar el marco de la Constituci¨®n. ?sas son, sin embargo, las reglas de juego de un Estado de derecho: la ¨²nica manera de modificarlas ser¨ªa reformar la Constituci¨®n. Pero aunque varios pa¨ªses de la UE hayan emprendido revisiones constitucionales para adaptar su legislaci¨®n a los acuerdos antiterroristas de la ¨²ltima cumbre europea, el coro de vestales del Gobierno de Aznar defiende el sagrado dogma de la virginidad de la Constituci¨®n, tal vez por creer que la mayor¨ªa absoluta y el control de los tribunales le permitir¨¢ saltarse cuando quiera sus fronteras.