Coves cree que la ordenaci¨®n de Cabo de Gata seguir¨¢ igual pese al fallo del TC
Junta y Gobierno armonizaron las legislaciones pesquera y ambiental
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, explic¨® ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional, que da la raz¨®n al Gobierno sobre la regulaci¨®n de la pesca en las aguas exteriores del Parque Natural de Cabo de Gata-N¨ªjar (Almer¨ªa), apenas alterar¨¢ la ordenaci¨®n en el ¨¢rea. La colaboraci¨®n entre Gobierno y Junta para armonizar la legislaci¨®n pesquera y ambiental en la zona dejar¨¢ sin efecto pr¨¢ctico la sentencia, salvo en la labor de vigilancia y sanci¨®n en esas aguas, que depender¨¢ de la Administraci¨®n central.
La Junta de Andaluc¨ªa ha encajado la decisi¨®n del TC con tranquilidad, a pesar de que la sentencia da la raz¨®n al Gobierno en dos recursos que deb¨ªan dilucidar las competencias sobre ordenaci¨®n pesquera dentro de los l¨ªmites protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-N¨ªjar. El motivo es el acuerdo alcanzado por ambas administraciones, poco despu¨¦s de haber presentado sendos recursos en 1994, para que la sinton¨ªa entre la legislaci¨®n ambiental -auton¨®mica- y pesquera -estatal- fuese absoluta.
'Nos hubiera preocupado que la sentencia modificase los l¨ªmites', indic¨® Coves. La consejera se?al¨® que la sentencia obligar¨¢ a suprimir algunos art¨ªculos del Plan de Ordenaci¨®n de Recursos Naturales (PORN) del parque, que fueron recurridos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n (MAPA), cuando estaba en manos del socialista Luis Atienza, al entender que invad¨ªa competencias estatales al regular la pesca en aguas exteriores que estaban incluidas en el per¨ªmetro protegido.
Posteriormente, el ministerio declar¨® seis zonas de reserva marina, que fueron objeto de otro recurso de la Junta de Andaluc¨ªa al considerar que invad¨ªa las suyas. Entre la presentaci¨®n de ambos recursos y el dictado de la sentencia se produjo un acuerdo entre ambas administraciones para que coincidiese el esp¨ªritu de la protecci¨®n ambiental con el de la ordenaci¨®n pesquera.
Por esta raz¨®n, el fallo del TC no alterar¨¢ las normas que regulan la pesca en las 12.120 hect¨¢reas marinas del parque natural. 'No tiene ning¨²n efecto pr¨¢ctico', sintetiz¨® la consejera. La ¨²nica modificaci¨®n concreta ser¨¢ la relativa a la vigilancia en las aguas exteriores para evitar infracciones y la tramitaci¨®n de expedientes sancionadores, que pasar¨¢ a depender del MAPA.
Recurso econ¨®mico
La sentencia, adem¨¢s, no afecta a la totalidad de la zona marina protegida como parque natural, que abarca 12.120 hect¨¢reas. De ellas, 7.443 hect¨¢reas son aguas interiores (de competencia auton¨®mica) y 4.676 hect¨¢reas son aguas exteriores (de titularidad estatal).
La consejera de Medio Ambiente, sin embargo, tambi¨¦n resalt¨® la existencia de un voto particular que compart¨ªa las tesis de la Junta de Andaluc¨ªa. 'Entendemos que la pesca no es un recurso econ¨®mico, sino ambiental', indic¨®. Coves destac¨® como coincidente con la postura andaluza lo esgrimido por un magistrado en un voto particular que defend¨ªa una ordenaci¨®n ¨²nica en todo el territorio protegido, al considerar que no puede fragmentarse. El magistrado tambi¨¦n se?alaba que la protecci¨®n de un ecosistema -el parque natural- tiene que prevalecer sobre la ordenaci¨®n de un recurso econ¨®mico como la pesca.
Por su parte, el delegado de Medio Ambiente en Almer¨ªa, Juan Jos¨¦ Luque, abund¨® en la misma l¨ªnea al se?alar que la influencia del fallo 'ser¨¢ m¨ªnimo en la gesti¨®n del parque natural'. Luque destac¨® que la sentencia atribuye la gesti¨®n pesquera en aguas exteriores al Gobierno, pero reconoce que 'en esas mismas aguas, en lo que se refiere a la gesti¨®n de recursos naturales, excepto los pesqueros, la gesti¨®n corresponder¨¢ a la Junta de Andaluc¨ªa'.
El delegado provincial resalt¨® que la buena colaboraci¨®n entre el MAPA y la Junta de Andaluc¨ªa en lo que se refiere a la gesti¨®n de los recursos de Cabo de Gata y en el control de las aguas del parque y se?al¨® que la sentencia incluso puede resultar positiva si conlleva un incremento de los recursos para reforzar la vigilancia. 'Por eso no creo que la sentencia suponga ninguna influencia ni cambio sobre la gesti¨®n del parque natural', explic¨® el delegado.
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