La Audiencia lleva al Constitucional la ley que niega el pago a HB

La Audiencia Nacional plante¨® ayer una cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre la ley por la que el Ministerio del Interior se niega a pagar a Batasuna las subvenciones electorales que el Tribunal Supremo ya reconoci¨® como leg¨ªtimas en sentencia firme.

La resoluci¨®n, votada por cuatro de los cinco magistrados que integran la Secci¨®n Primera de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, afecta a 'la disposici¨®n adicional vig¨¦simo tercera. Pago de subvenciones a partidos pol¨ªticos, de la ley 24/2001'. Es decir, aquella que votaron favorablemente PP y PSOE con la finalidad de no pagar las subvenciones devengadas a quellas formaciones pol¨ªticas que no hubieran justificado que los electos hubieran adquirido la condici¨®n plena de parlamentarios. El asunto afectaba las subvenciones por la elecci¨®n de parlamentarios de Herri Batasuna en diferentes comicios desde 1982 y por un montante de algo m¨¢s de 200.000 euros.

Los magistrados que integran la mayor¨ªa consideran que la citada disposici¨®n legal podr¨ªa vulnerar el art¨ªculo 81 de la Constituci¨®n al regular y modificar mediante ley ordinaria materias objeto de ley org¨¢nica.

Adem¨¢s, entienden que la ley mencionada vulnerar¨ªa el art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n ya que establece la retroactividad de la norma, y ello afecta al principio de seguridad jur¨ªdica.

Por ¨²ltimo, tambi¨¦n vulnerar¨ªa el art¨ªculo 24.1 de la Constituci¨®n, en relaci¨®n con los art¨ªculos 117.3, 118 y 33.3 de la misma norma; es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva en relaci¨®n con los principios siguientes: Es obligado cumplir las sentencias, nadie podr¨¢ ser privado de sus bienes y derechos, y s¨®lo los jueces y tribunales tienen competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El presidente de la Secci¨®n, Eduardo Calvo, emiti¨® un voto particular en el que aunque comparte las dudas de sus compa?eros sobre la inconstitucionalidad de la norma, discrepa en el sentido de que no se deb¨ªa haber elevado la cuesti¨®n de inconstitucionalidad, sino que debi¨® desestimarse la petici¨®n del abogado del Estado y por tanto mantener la obligatoriedad del pago de las subvenciones.

El tribunal destaca que la finalidad de la ley cuestionada es 'no pagar en ning¨²n caso subvenciones' a los partidos o coaliciones electorales que no hubieran justificado que sus cargos electos hab¨ªan adquirido plenamente la condici¨®n de diputado o senador. Y ello con car¨¢cter retroactivo, aunque cinco sentencias firmes del Tribunal Supremo han dado la raz¨®n a Batasuna.

La Audiencia ha elevado el caso al Constitucional, pero mientras tanto, cautelarmente, ha suspendido la medida de ejecutar las sentencias y por tanto que se pague lo adeudado.