Legalizadas las obras de la vivienda que el subdelegado del Gobierno en M¨¢laga hizo sin la licencia preceptiva
El Ayuntamiento de Rinc¨®n de la Victoria aprob¨® el pasado 22 de febrero, s¨®lo un d¨ªa despu¨¦s de que fuera solicitada, la licencia de obras para la vivienda que se ha construido el subdelegado del Gobierno en M¨¢laga, Carlos Rubio, y que fueron paralizadas en diciembre al constatar que los trabajos ten¨ªan una dimensi¨®n muy superior al que fue autorizado.
La constructora Loville, autora del proyecto y a la que Rubio encomend¨® todos los tr¨¢mites sobre el mismo, pidi¨® en noviembre de 2000 una licencia de obra menor para 'demolici¨®n y reposici¨®n de la tabiquer¨ªa' de un cortijo en ruinas de unos 100 a?os de antig¨¹edad situado en un paraje calificado de suelo no urbanizable. Por ello se pod¨ªa rehabilitar, pero no hacer nueva construcci¨®n. Los trabajos estaban presupuestados en 716.000 pesetas (4.303 euros).
Un a?o despu¨¦s, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, orden¨® la paralizaci¨®n de las obras al comprobar que en realidad se hab¨ªa resconstruido el cortijo y que la construcci¨®n exced¨ªa el permiso concedido, por lo que abri¨® tambi¨¦n un expediente. El pasado 22 de febrero se sucedieron los tr¨¢mites para legalizar las obras. En un mismo d¨ªa, el siguiente de ser pedida la licencia por los trabajos realmente realizados, se reuni¨® la comisi¨®n informativa de Urbanismo para aprobarla, el alcalde firm¨® el correspondiente decreto, y se comunic¨® al interesado. La licencia se ha otorgado pese a que el arquitecto municipal ha informado que no se puede determinar el alcance de la rehabilitaci¨®n pues la construcci¨®n inicial ya es 'inexistente'. Para otorgar la licencia, el Ayuntamiento se ha amparado en el propio proyecto, que fija el presupuesto total de la obra en 89.205 euros, 20 veces m¨¢s que el de los trabajos por los que se pidi¨® licencia en 2000.
El PSOE ha pedido una sanci¨®n'ejemplarizante' para Rubio -al quedar legalizada la obra, la multa no sobrepasar¨¢ el 5% del presupuesto- pues entiende que 'hay que dejar claro ante todos los ciudadanos que estas cosas no se pueden hacer, y menos si se trata del representante del Gobierno en la provincia y el m¨¢ximo responsable del cumplimiento de la legalidad'.
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