La juez estrecha el cerco a La Caixa y el HSBC

Ocho meses despu¨¦s de que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores interviniera Gescartera y descubriera un agujero de, al menos, 15.578 millones de pesetas (93,6 millones de euros), y siete meses despu¨¦s de que la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, iniciara la investigaci¨®n de una estafa que afecta a 1.383 clientes, el dinero no aparece ni da se?ales de vida.

El ministerio de Hacienda no ha sido capaz en todo este tiempo de aclarar la situaci¨®n fiscal de los clientes que depositaron su dinero en Gescartera pero no justificaron su procedencia. El 29 de octubre pasado, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, asegur¨® en el Congreso que su departamento hab¨ªa investigado a los 1.850 inversores que utilizaron los servicios de Gescartera y hab¨ªa encontrado 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros) de 'deuda aproximada' con el fisco de 180 de los clientes de la agencia de Camacho.

La juez ha reclamado al HSBC informaci¨®n detallada de cuentas y cr¨¦ditos de Camacho

Falta investigar por qu¨¦ se dej¨® prosperar un tinglado tan zafio como Gescartera

La b¨²squeda del dinero y de los culpables de su evaporaci¨®n fue la primera tarea que se impusieron la juez Teresa Palacios y el teniente fiscal anticorrupci¨®n, Luis L¨®pez Sanz. El dinero sigue sin aparecer mientras los responsables m¨¢s directos del fiasco o est¨¢n en la c¨¢rcel (como Antonio Camacho, que sostiene que el dinero se perdi¨® en inversiones desafortunadas) o est¨¢n sujetos a medidas cautelares (Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, n¨²mero dos de Gescartera, que mantiene que el dinero puede estar en el extranjero).

La investigaci¨®n judicial apunta ahora a los cooperadores necesarios para que, durante a?os, se perpetrara la estafa. ?sta ¨²ltima es la v¨ªa que m¨¢s interesa a las acusaciones particulares, que defienden los intereses de los estafados por el conglomerado que montaron Antonio Camacho y sus socios.

Si al final del proceso judicial se declara culpable a un cooperador solvente tomar¨¢ cuerpo la mejor f¨®rmula para que sus clientes recuperen el dinero perdido: habr¨¢ uno o m¨¢s responsables civiles subsidiarios con solvencia suficiente para llenar el agujero.

Las sospechas sobre posibles cooperadores apuntan en la ¨²ltima fase de la investigaci¨®n judicial en dos direcciones de reconocida solvencia, ambas bancarias: el HSBC, banco que Camacho utiliz¨® durante toda la vida de Gescartera, y La Caixa.

La juez Teresa Palacios ha reclamado esta semana a la filial del banco brit¨¢nico en Espa?a informaci¨®n precisa y detallada de las p¨®lizas de cr¨¦dito que Antonio Camacho manten¨ªa con ellos, as¨ª como de las cuentas contra las que se giraban peri¨®dicamente los cargos de esos pr¨¦stamos, y, por supuesto, de todas y cada una de las operaciones realizadas en unas y otras. La juez, adem¨¢s, va a llamar a declarar a cuatro empleados del HSBC que aparecen como apoderados para la gesti¨®n de la ¨²ltima de esas p¨®lizas de cr¨¦dito de Camacho, abierta en 1999 por importe de 750 millones de pesetas (4,5 millones de euros).

Las sospechas tambi¨¦n apuntan ahora en direcci¨®n a La Caixa, la mayor caja de ahorros espa?ola, despu¨¦s de que el jueves la juez decidiera imputar a los dos directivos de su sucursal en Majadahonda, una localidad residencial al noroeste de Madrid. Miguel Prats y Jos¨¦ Alfonso Castro Mayoral, director y subdirector de la sucursal, han sido imputados por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y cooperaci¨®n en la estafa o en la apropiaci¨®n indebida que se perpetr¨® en Gescartera.

La Caixa y el HSBC, seg¨²n la investigaci¨®n realizada en su d¨ªa por el Banco de Espa?a y remitida a la Audiencia Nacional, y a la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n de este esc¨¢ndalo financiero, no fueron las ¨²nicas entidades bancarias que operaban con la agencia de valores Gescartera a las que se ha descubierto que cometieron alguna 'anomal¨ªa'.

En aquel informe, el banco emisor criticaba que La Caixa y Bankinter emitieron certificados con inexactitudes, o que induc¨ªan a conclusiones err¨®neas. Deutsche Bank, otro de los bancos utilizados por Antonio Camacho, facilit¨® a Gescartera contratos para sus clientes con 'deficiencias y anomal¨ªas'. Y el HSBC certific¨® que la agencia de valores no ten¨ªa cuentas abiertas en entidades de su grupo fuera de Espa?a, cuando manten¨ªa, 'al menos', dos en Londres; una 'anomal¨ªa' que se suma el controvertido asunto de las 138 cuentas opacas que la filial del banco brit¨¢nico ten¨ªa abiertas en Madrid.

Las dos cuentas en Londres est¨¢n abiertas a nombre de Stock Selection, una de las sociedades sin actividad con las que Gescartera intentaba probar determinadas inversiones en para¨ªsos fiscales. Las dos, adem¨¢s, est¨¢n relacionadas con la filial suiza del HSBC (el HRBC), que es, precisamente, el titular aparente de las 138 cuentas opacas que el banco brit¨¢nico ten¨ªa en Madrid. Un c¨ªrculo bien cerrado en el que la investigaci¨®n judicial intenta encontrar alguna entrada.

No es menos enrevesada la pista que engarza certificados ciertos, pero an¨®malos, y falsos, unas veces bien y otras burdamente falsificados, que Gescartera entreg¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores con el sello de La Caixa.

La entidad financiera se defiende argumentando que sus dos certificados ciertos pero an¨®malos no prueban nada, confirma que los otros certificados eran falsos, y recuerda que la CNMV no les llam¨® hasta el 14 de junio de este a?o para hacer la m¨¢s m¨ªnima comprobaci¨®n. Y en esa fecha le dejaron meridianamente claro que estaba ante un intento de enga?o.

El Banco de Espa?a, en su informe, no lo vio tan claro. Y la juez Palacios, al optar por la imputaci¨®n de Prats y Castro, parece alinearse con esa descre¨ªda apreciaci¨®n. El primero de esos dos certificados ciertos dec¨ªa que La Caixa, 'con fecha de 4 de noviembre de 1999' hab¨ªa recibido para su cobro tres cheques que 'sumaban 3.949 millones de pesetas' (27,73 millones de euros).

La entidad obviaba el dato de que ten¨ªa instrucciones de no intentar cobrar esos cheques, emitidos por HARI 2000, la empresa de Julio Rodr¨ªguez Gil, encarcelado por la estafa hasta el pasado viernes, cuando abon¨® la fianza. La Caixa no ten¨ªa por qu¨¦ saber, adem¨¢s, que esos cheques eran sin fondos. De hecho, nunca intent¨® cobrarlos. El segundo certificado an¨®malo era un desglose de clientes de una presunta cuenta: 'Clientes, liquidaci¨®n internacional'. Esos clientes eran absolutamente ficticios, pues la cuenta de marras nunca tuvo 'saldo ni movimiento alguno'. Prats reconoci¨® ante la polic¨ªa que elabor¨® ese equ¨ªvoco desglose porque se lo pidi¨® Camacho en oto?o de 2000. ?ste lo necesitaba para quitarse de encima a la CNMV.

Comprobaci¨®n

El entonces director de Supervisi¨®n de la CNMV, Antonio Botella, no hizo en noviembre de 1999 la m¨¢s m¨ªnima comprobaci¨®n cuando recibi¨® estos certificados pues crey¨® haber encontrado los 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) que su antecesor, David Vives, hab¨ªa buscado sin ¨¦xito posible.

El ¨²ltimo certificado que lleg¨® a la CNMV para intentar tapar el fiasco proced¨ªa tambi¨¦n de La Caixa. Ocurri¨® el pasado 25 de mayo, cuando Gescartera entreg¨® a la CNMV un certificado falso, seg¨²n la propia caja de ahorros, con un saldo de clientes de 4.342 millones de pesetas (26,1 millones deeuros). La CNMV, aparentemente, lo dio por bueno, pero el 14 de junio, despu¨¦s de que Cajamadrid le comunicara que hab¨ªa descubierto que Gescartera intent¨® falsificar un tamp¨®n de una de sus oficinas, la Comisi¨®n de Valores llam¨® a La Caixa y ¨¦sta le dijo que el certificado era falso.

Un problema adicional para La Caixa es que el presunto falsificador del tamp¨®n de Cajamadrid, Jos¨¦ Ignacio Casanova Machimbarrena, es amigo y socio del director de su sucursal en Majadahonda, Miguel Prats. Ambos participan en la empresa CG Comercializaci¨®n, que montaron Camacho y Casanova en 1997. Casanova a¨²n no ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional.

La instrucci¨®n judicial mantiene a 14 personas imputadas de las que s¨®lo cuatro est¨¢n sujetas a medidas cautelares.

Una de ellas, la ex presidenta de Gescartera, Pilar Gim¨¦nez-Reyna, agot¨® el mi¨¦rcoles el ¨²ltimo de los 161 d¨ªas que ha pasado en la prisi¨®n madrile?a de Soto del Real. La juez resolvi¨® su excarcelaci¨®n al entender que no hab¨ªa participado directamente en la salida de los fondos ni pod¨ªa destruir pruebas.

Los primeros siete meses de la investigaci¨®n judicial se han centrado en la b¨²squeda del dinero desaparecido y deja para m¨¢s adelante la investigaci¨®n de c¨®mo fue posible que un tinglado tan zafio como el de Gescartera no fuera desmantelado a tiempo por el organismo que estaba encargado de supervisarlo: la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, que no s¨®lo pareci¨® no percatarse de nada sino que lleg¨® a premiar su funcionamiento con un ascenso de categor¨ªa en los mercados de valores. Esos fallos, a juicio de las acusaciones particulares, tambi¨¦n podr¨ªan coadyuvar a la responsabilidad subsidiaria del Estado en la estafa multimillonaria.

Otro potencial corresponsable que niega la m¨¢s m¨ªnima participaci¨®n y se considera una v¨ªctima m¨¢s de la estafa es el presunto due?o del 10% de Gescartera: La Organizaci¨®n Nacional de Ciegos (ONCE).

Un acta notarial firmada por Pilar Gim¨¦nez-Reyna y Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa de la Chica ante el notario Jos¨¦ Arist¨®nico de Juan da fe de que la ONCE es 'titular de 1.000 acciones numeradas correlativamente de las 9.001 a la 10.000, representativas del 10% del capital social' de Gescartera. Pero la ONCE ha negado sistem¨¢ticamente que llegara a tener una sola acci¨®n de Gescartera.

'No existen t¨ªtulos de propiedad que acrediten esa participaci¨®n del 10% de la Fundaci¨®n ONCE en Gescartera, porque se articul¨® como una donaci¨®n y esa donaci¨®n no se perfeccion¨®. Por tanto, no existe negocio jur¨ªdico', asegur¨® en el Parlamento el ex vicepresidente segundo de la ONCE, Rafael de Lorenzo. Pese a ello, el ya ex director de la Fundaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Pichel, acept¨® el cargo de consejero delegado de Gescartera. Ahora est¨¢ imputado en el caso.

Plusval¨ªas y minusval¨ªas

Antes que buscar estas hipot¨¦ticas responsabilidades, la juez ha decidido investigar la ¨²nica operaci¨®n burs¨¢til que, efectivamente, realiz¨® Gescartera en sus ¨²ltimos a?os de funcionamiento: la operativa intrad¨ªa para aplicar a unos clientes las minusval¨ªas y a otros las plusval¨ªas que lograba.

Estas operaciones ten¨ªan un objetivo aparentemente fiscal: rebajar la cuota ante Hacienda de los que se apuntaban unas minusval¨ªas por las que luego, misteriosamente, cobraban.

Entre los beneficiados por esta curiosa pr¨¢ctica financiero-fiscal figura el marido de Pilar Gim¨¦nez-Reyna, ?ngel Malpartida. El fiscal se opuso a la excarcelaci¨®n de Pilar precisamente por su ventajosa participaci¨®n en ese juego de minusval¨ªas rentables, pero la juez estim¨® que esa cuesti¨®n no es motivo suficiente para mantener la prisi¨®n sin fianza.