Los vecinos exigen que Russafa no sea el campo de batalla de ultras y antifascistas y piden inversiones

Han pasado cinco a?os desde que, a finales de julio de 1997, la extrema derecha y los radicales alternativos intentaron convertir el barrio de Russafa -uno de los que alberga mayor n¨²mero de inmigrantes en Valencia- en campo de batalla. Este fin de semana, las partes volvieron a medir sus fuerzas ante un vecindario que muestra se?ales de hartazgo por el progresivo deterioro urban¨ªstico de su barrio y por la instrumentalizaci¨®n que del fen¨®meno de la inmigraci¨®n quieren hacer los colectivos m¨¢s extremistas.

La asociaci¨®n vecinal Russafa-Gran V¨ªa ha denunciado en reiteradas ocasiones que el enorme retraso que arrastra el tan cacareado proyecto del Parque Central y la falta de inversiones han provocado un deterioro en la zona m¨¢s pr¨®xima a la Estaci¨® del Nord, ya que los propietarios est¨¢n a la espera de disponer de solares en los que construir obra nueva en un futuro. Una situaci¨®n que ha generado la existencia de alquileres baratos en viviendas muy deterioradas, donde se albergan los inmigrantes faltos de recursos econ¨®micos, e im¨¢genes tercermundistas como las que se ven en calles como las de Chella -en la imagen parte del callej¨®n paralelo a la Gran V¨ªa German¨ªas-, Gibraltar o Alicante. Ayer, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Noguera, critic¨® la indiferencia de la alcaldesa Rita Barber¨¢, que desde la manifestaci¨®n ultraderechista de 1997 ha dejado caer en saco roto las reivindicaciones vecinales. 'La degradaci¨®n ha convertido el barrio en un polvor¨ªn en el que hay gente dispuesta a echar una cerilla', dijo Noguera. Russafa, a la espera del Parque Central, se ha convertido en un barrio sin apenas zonas verdes y con un bajo nivel de equipamientos -sus vecinos tienen que acudir todav¨ªa al centro social de El Carme-, poco atractivo para nuevos residentes.

Mouhaled Mimi, representante de los emigrantes magreb¨ªes, responsabiliz¨® ayer al Ayuntamiento de la degradaci¨®n urban¨ªstica y pidi¨® que nadie [en referencia a ultras y antifascistas] vaya a ayudarles. 'Cualquier tipo de apoyo de los vecinos del barrio, que ya nos lo han demostrado, lo estamos agradeciendo. Estamos participando activamente con la asociaci¨®n de vecinos y con el resto de asociaciones c¨ªvicas del barrio', afirm¨®.

'Vino gente del otro extremo y tampoco nos gust¨® tanto, porque hubo jaleo y fue una pena. Si no hubiesen participado, los anarquistas en particular, hubiese pasado casi desapercibida [la manifestaci¨®n fascista]', dijo una vecina.

La oposici¨®n parlamentaria acus¨® ayer a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, de actuar de manera irresponsable por permitir la manifestaci¨®n ultra en el barrio de Russafa, que desemboc¨®, tras la violenta respuesta de grupos minoritarios de una contramanifestaci¨®n, en cuantiosos da?os materiales y 23 personas detenidas, la ¨²ltima de las cuales sali¨® ayer en libertad bajo fianza tras abonar su familia 1.500 euros. Mas insisti¨® en que s¨®lo cumpli¨® con el derecho a manifestarse.

Los portavoces parlamentarios del PSPV y Esquerra Unida, Joaquim Puig y Joan Rib¨®, respectivamente, solicitaron la comparencia de Mas, bien en las Cortes Valencianas bien en el Congreso de los Diputados, para que explique lo sucedido. El portavoz del Grupo Popular auton¨®mico, Alejandro Font de Mora, indic¨® que el lugar adecuado para una petici¨®n de esas caracter¨ªsticas no son las Cortes Valencianas y que los delegados del Gobierno responden ante el Ejecutivo central, por lo que es en el Congreso donde pueden pedir toda clase de explicaciones que consideren.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, anunci¨® que, en su condici¨®n de diputado nacional, pedir¨¢ al ministro del Interior que explique 'la permisividad de la m¨¢xima representante del Gobierno en la Comunidad Valencina y la carga realizada contra los dem¨®cratas que han sufrido su imprevisi¨®n y su insensibilidad'.

La delegada del Gobierno, Carmen Mas, rechaz¨® las cr¨ªticas de la oposici¨®n y en un comunicado record¨® que las manifestaciones no necesitan autorizaci¨®n previa, sino ¨²nicamente comunicaci¨®n dentro de unos plazos, 'como as¨ª hizo la plataforma Espa?a 2000'.

Mas, en su comunicado, explic¨® que el a?o pasado se comunicaron un total de 301 manifestaciones, de las que s¨®lo tres fueron prohibidas, dos por coindicir con los actos del 9 d'Octubre y una por haberse comunicado fuera de plazo. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha fallado recientemente contra una resoluci¨®n de la Subdelegaci¨®n de Gobierno en Alicante que prohibi¨® la convocatoria de una manifestaci¨®n promovida por el partido ultra Democracia Nacional, informa Rebeca Llorente. La Subdelegaci¨®n del Gobierno impidi¨® 'ante posibles incidentes' esta movilizaci¨®n, prevista el 9 de diciembre de 2001. Los convocantes recurrieron al TSJ, que fall¨® contra la Subdelegaci¨®n al considerar que hab¨ªa vulnerado uno de los derechos fundamentales de la democracia, el de la manifestaci¨®n.

Mas asegur¨® ayer que la contramanifestaci¨®n 'integrada por elementos anarco-ocupas independentistas y antisistema' no fue comunicada y se estableci¨® el dispositivo policial para garantizar 'el doble derecho de los resisdentes del barrio y de los solicitantes de la manifestaci¨®n'.