Condena a Espa?a por retrasarse tres a?os en aprobar una ley ambiental

Espa?a deber¨ªa haber aprobado la Ley de Prevenci¨®n y Control Integrados de la Contaminaci¨®n (conocida como IPPC) antes del 30 de octubre de 1999. As¨ª lo dispone una directiva europea aprobada por la UE en septiembre de 1996. Sin embargo, Espa?a no s¨®lo incumpli¨® el plazo, sino que todav¨ªa hoy dicha ley sigue en tramitaci¨®n, raz¨®n por la cual el Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo dict¨® ayer una escueta pero contundente condena contra nuestro pa¨ªs.

La sentencia es consecuencia de la demanda presentada por la Comisi¨®n Europea tras comprobar, a mediados de 2000, que, lejos de haber aprobado la ley, Espa?a s¨®lo dispon¨ªa de un borrador de anteproyecto. A lo largo del proceso, el Ministerio de Medio Ambiente aleg¨® haber iniciado los tr¨¢mites e incluso lleg¨® a asegurar por escrito que la ley estar¨ªa lista a finales de 2001. No fue as¨ª. El proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros en noviembre pasado y a¨²n est¨¢ en tr¨¢mite parlamentario. El mismo ministerio asegur¨® ayer, por boca del secretario general t¨¦cnico, Jos¨¦ Mart¨ª, que estar¨¢ lista 'a la vuelta del verano', informa Europa Press. 'De ser as¨ª', replic¨® ayer la portavoz de Medio Ambiente de la Comisi¨®n Europea, Pia Arhenkilde, no habr¨ªa raz¨®n para recurrir de nuevo al tribunal pidiendo una sanci¨®n contra Espa?a'. De momento, pues, Espa?a s¨®lo debe pagar las costas del proceso concluido ayer.

La directiva a la que hace referencia este litigio se calific¨® en su momento de revolucionaria. Supone transformar el sistema de autorizaciones para determinadas actividades industriales y establece un permiso para las empresas en funci¨®n de los efectos medioambientales que puedan ocasionar para el agua, el suelo y la atm¨®sfera en todas las fases del proceso productivo. La norma recoge tambi¨¦n valores l¨ªmites de emisi¨®n (VLE). Con esta iniciativa, la UE da la vuelta al sistema tradicional: en vez de obligar a reducir la contaminaci¨®n, prev¨¦ una menor emisi¨®n desde el inicio. Los sectores energ¨¦tico, agroalimentario, sider¨²rgico o las empresas de gesti¨®n de residuos son los m¨¢s afectados. La norma requiere una gran adaptaci¨®n tecnol¨®gica, pero al mismo tiempo simplifica los actuales tr¨¢mites administrativos.

La demora espa?ola fue denunciada por CC OO y por Iniciativa per Catalunya-Verds, que en el Congreso ya exigi¨® responsabilidades a finales de 1999 a la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. En este departamento, que ahora preside Jaume Matas, alegaron ayer las dificultades de Espa?a de transponer normas cuya aplicaci¨®n depender¨¢ de las comunidades aut¨®nomas. 'Hemos tenido que hablar con la industria y con las autonom¨ªas', explicaron.

La abogada general del caso, Christine Stix-Hackl, advirti¨® a Espa?a en enero pasado que, seg¨²n la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, 'los Estados miembros no pueden invocar disposiciones de Derecho interno para justificar la no adaptaci¨®n a una directiva en el plazo se?alado'.

En 1998, Espa?a ya fue condenada por el Tribunal de Luxemburgo por no aplicar la directiva sobre condiciones de salubridad de las aguas de ba?o interiores. Ahora, los jueces comunitarios deben decidir si aceptan la multa propuesta por el Ejecutivo europeo de 45.600 euros por d¨ªa.