Jueces y sueldos

El Tribunal Supremo acaba de 'casar' (anular) la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoci¨® a los funcionarios p¨²blicos el derecho a la actualizaci¨®n de sus retribuciones en 1997, con arreglo al IPC, para mantener -que no incrementar- su poder adquisitivo. Todo ello en cumplimiento del acuerdo obtenido mediante negociaci¨®n colectiva entre Gobierno y sindicatos de funcionarios en 1994. Con ello se manten¨ªa el poder adquisitivo del a?o anterior pero no se recuperaba ni una sola d¨¦cima de los 25 puntos perdidos desde 1982, que supera los 30 en 2002.

Los se?ores magistrados entienden que, por encima de los acuerdos vinculantes a que pueda llegarse en ejercicio del derecho fundamental a la negociaci¨®n colectiva, est¨¢n los intereses generales que se marca el Gobierno y, por tanto, puede incumplir los acuerdos.

Sorprende extraordinariamente la actitud de tan altos administradores de la justicia espa?ola cuando ellos, jueces y magistrados, que tienen prohibido por la Constituci¨®n el derecho de sindicaci¨®n y, por consiguiente, la negociaci¨®n colectiva, han conseguido que el Gobierno se siente con los representantes de sus asociaciones profesionales (APM y JPD), fuertemente reivindicativas, y han negociado un incremento de sus retribuciones del 15% en tres a?os. Acuerdo de car¨¢cter vinculante que el Gobierno incluir¨¢ en el inmediato proyecto de Ley de Retribuciones de Jueces y Magistrados, con el compromiso de que ser¨¢ apoyado (y aprobado) por el mayoritario grupo popular.

Creo que el Gobierno, velando por los intereses generales y propiciando el derecho a la igualdad entre funcionarios (los jueces tambi¨¦n lo son), debe no tramitar el proyecto que har¨ªa realidad ese privilegio, y preparar un proyecto de Ley de Retribuciones, com¨²n para todos los funcionarios.